BOCM-20100618-121 Comunidad de Madrid JUZGADO DE LO SOCIAL DE MADRID NÚMERO 3 2010/06/18 Madrid número 3. Ejecución 121 de 2010 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 9 9 144 https://bocm.es/2010-06-18140620100120 https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2010/06/18/BOCM-20100618-121.xml https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2010/06/18/BOCM-20100618-121.json https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2010/06/18/BOCM-20100618-121.PDF IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Juzgados de lo Social: Juzgados de lo Social: JUZGADO DE LO SOCIAL DE MADRID NÚMERO 3 IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA JUZGADO DE LO SOCIAL DE MADRID NÚMERO 3 EDICTO 121 Ejecución 121 de 2010 Que en virtud de lo acordado en los autos de ejecución número 121 de 2010, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 de la Ley de Procedimiento Laboral y 156.4 y 164 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por el presente se notifica a “Cris Boton, Sociedad Limitada”, el auto de ejecución de fecha 3 de mayo de 2010, bajo apercibimiento de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial. Auto En Madrid, a 3 de mayo de 2010. Parte dispositiva: a) Despachar la ejecución solicitada por don Melchor Ignacio Palacios Cañamares, don Francisco Uceda Guerrero, doña Bárbara Mortero Mora, don Fernando José Méndez Balbuena, don Constantino Uría Oroño y doña María Muñoz Martínez, contra “Cris Botón, Sociedad Limitada”, por un principal de 374.877,31 euros (don Melchor, 78.511,40 euros; don Luis Francisco, 26.320 euros; doña Bárbara, 27.249,26 euros; don Fernando, 35.452,05 euros; don Constantino, 145.960,62 euros, y doña Ana María, 61.383,98 euros), más 59.982 euros (don Melchor, 12.562 euros; don Luis Francisco, 4.211 euros; doña Bárbara, 4.360 euros; don Fernando, 5.673 euros; don Constantino, 23.354 euros, y doña Ana María, 9.822 euros) en concepto de intereses y costas calculados provisionalmente. b) Trabar embargo de los bienes de la demandada en cuantía suficiente, y desconociéndose bienes concretos, procédase a la averiguación de los mismos, y a tal fin expídanse los correspondientes oficios y mandamientos al señor jefe provincial de Tráfico, y al señor director de la Agencia Tributaria, a fin de que comunique a este Juzgado si por parte de la Hacienda Pública se adeuda alguna cantidad a la ejecutada por el concepto de devolución por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, impuesto sobre el valor añadido o cualquier otro. Y, asimismo, para que todos ellos, y sin perjuicio de las exigencias legales, en el plazo máximo de cinco días faciliten la relación de todos los bienes o derechos de la deudora de que tengan constancia. Advirtiéndose a las autoridades y funcionarios requeridos de las responsabilidades derivadas del incumplimiento injustificado de lo acordado (artículos 75.3 y 238.3 de la Ley de Procedimiento Laboral). En caso positivo, se acuerda el embargo de los posibles vehículos propiedad de la ejecutada, interesándose a su vez la correspondiente anotación y consiguiente certificación, así como el embargo de las cantidades pendientes de devolución por la Hacienda Pública a la ejecutada hasta cubrir la cantidad objeto de apremio, interesándose la remisión de las mismas a la “Cuenta de depósitos y consignaciones” abierta por este Juzgado en “Banesto”, número 0030, clave oficina 1143, cuenta número 2501/0000/00/1073/09, sito en la calle Orense, número 19. Asimismo, se acuerda el embargo de los saldos acreedores existentes en las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así como de cualquier valor mobiliario titularidad de la apremiada, en los que la correspondiente entidad financiera actuara como depositaria o mera intermediaria, hasta cubrir el importe del principal adeudado e intereses y costas calculados. Líbrense las oportunas comunicaciones a las entidades financieras del domicilio de la apremiada para la retención y transferencia de los saldos resultantes hasta el límite de la cantidad objeto de apremio, y advirtiéndoles de las responsabilidades penales en que puedan incurrir quienes auxilien o se confabulen con la apremiada para ocultar o sustraer alguna parte de sus bienes o créditos (artículo 893 del Código de Comercio), e indicándoseles que deben contestar al requerimiento en el plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde su notificación, bajo los apercibimientos derivados de lo establecido en los artículos 75 y 238.3 de la Ley de Procedimiento Laboral. c) Se advierte y requiere a la ejecutada en los términos exactos expuestos en los razonamientos jurídicos cuarto y quinto. d) Adviértase a la ejecutada que si deja transcurrir los plazos que se le conceden, y en la forma indicada en el razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el abono de apremios pecuniarios. e) Dar traslado del escrito presentado y de la presente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines expresados en el razonamiento jurídico séptimo. Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiendo que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse por la ejecutada en el plazo de diez días por defectos procesales o por motivos de fondo (artículo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 556 y 559 del citado texto legal). Y encontrándose la empresa demandada en ignorado paradero, notifíquese la misma por medio de edictos a publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia a la ejecutada que las sucesivas notificaciones se practicarán en estrados conforme a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral. Así por este auto lo pronuncio, mando y firmo..La magistrada-juez de lo social, Mercedes Gómez Ferreras. En Madrid, a 19 de mayo de 2010..La secretaria judicial (firmado). (03/22.238/10)