– Valdemorillo. Régimen económico. Modificación ordenanza fiscal
III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE VALDEMORILLO RÉGIMEN ECONÓMICO 21 Modificación ordenanza fiscal Finalizado el plazo de exposición pública del acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en fecha 21 de noviembre de 2011, de aprobación provisional de modificación de la ordenanza fiscal general de gestión, recaudación e inspección del Ayuntamiento de Valdemorillo, que fue objeto de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 9, de fecha 11 de enero de 2012, y habiéndose presentado dentro del período de información pública alegaciones frente al acuerdo provisional relativo a dicha ordenanza, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 26 de marzo de 2012, ha acordado resolver las citadas alegaciones en los términos de referencia en su expediente, así como ha acordado la aprobación definitiva de la citada ordenanza en los términos resultantes de dicha resolución de alegaciones. Por tanto, y de conformidad con lo previsto en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el texto definitivamente aprobado de la ordenanza fiscal general de gestión, recaudación e inspección del Ayuntamiento de Valdemorillo, publicándose a continuación como anexo I. ANEXO I Ordenanza general de gestión, recaudación e inspección TÍTULO I Normas tributarias de carácter general Capítulo I Principios Generales SECCIÓN PRIMERA Carácter de la Ordenanza Art. 1 La presente Ordenanza se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, sin perjuicio de la aplicación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y demás disposiciones concordantes. La presente Ordenanza contiene las normas generales de gestión, recaudación e inspección de los ingresos de derecho público municipal. SECCIÓN SEGUNDA Ámbito de aplicación Art. 2 Esta Ordenanza, así como las Ordenanzas Fiscales de cada tributo, obligarán en el término municipal de Valdemorillo, desde su entrada en vigor hasta su derogación o modificación. SECCIÓN TERCERA Interpretación Art. 3 1. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a los criterios admitidos en derecho, y en todo caso conforme a su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda. 2. Por acuerdo de la Junta de Gobierno se podrán dictar disposiciones interpretativas y aclaratorias. 3. No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible o el de las exenciones o bonificaciones. Capítulo II Sujetos Pasivos Art. 4 1. El sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que, según la Ordenanza de cada tributo, resulta obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como contribuyente o como sustituto del mismo. 2. Es contribuyente la persona, natural o jurídica, a quien la Ordenanza Fiscal impone la carga tributaria del hecho imponible. Nunca perderá su condición de contribuyente quien, según la Ordenanza Fiscal, deba soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas. 3. Es sustituto del contribuyente el sujeto pasivo, que por imposición de la Ley y de la Ordenanza Fiscal de un determinado tributo, y en lugar del Sujeto pasivo, está obligado a cumplir las prestaciones materiales y formales de la obligación tributaria. Art. 5 Tendrán la consideración de sujetos pasivos, en las Ordenanzas en las que así se establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición. Art. 6 El sujeto pasivo está obligado a: a) Pagar la deuda tributaria. b) Formular cuantas declaraciones y comunicaciones se exijan para cada tributo consignado en ellos el NIF, acompañando fotocopia de la tarjeta expedida para constancia del código de identificación, o del DNI o de un documento oficial en que figure el número personal de identificación de extranjero. c) Tener a disposición de la Administración Municipal los libros de contabilidad, registro y demás documentos que deba llevar y conservar el sujeto pasivo, con arreglo a la Ley y según establezca en cada caso la correspondiente Ordenanza. d) Facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones y proporcionar a la Administración Municipal los datos, informes, antecedentes y justificantes que tengan relación con el hecho imponible. e) Declarar su domicilio tributario conforme a lo establecido en el artículo 10 de esta Ordenanza Fiscal General. Capítulo III Responsable del tributo Art. 7 1. Las Ordenanzas Fiscales podrán declarar, de conformidad con la Ley, responsables de la deuda tributaria, junto a los sujetos pasivos, a otras personas solidaria o subsidiariamente. 2. Salvo norma en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. 3. Cuando sean dos o más los responsables solidarios o subsidiarios de una misma deuda, ésta podrá exigirse íntegramente a cualquiera de ellos. 4. La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda tributaria, con excepción de las sanciones. Art. 8 1. La derivación de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un acto administrativo, en el que, previa audiencia del interesado, se declare la responsabilidad y se determine su alcance. Dicho acto les será notificado, confiriéndoles desde dicho instante todos los derechos del deudor principal. 2. La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la previa declaración de fallido del deudor principal y de los demás responsables solidarios. Capítulo IV Domicilio fiscal Art. 9 El domicilio fiscal será único: a) Para las personas físicas, el de su residencia habitual. b) Para las personas jurídicas, el de su domicilio social, siempre que en el mismo esté centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso se atenderá al lugar en que radique dicha gestión o dirección. Art. 10 La Administración podrá exigir a los sujetos pasivos que declaren su domicilio tributario. Cuando un sujeto pasivo cambie su domicilio, deberá ponerlo en conocimiento de la Administración Tributaria, mediante declaración expresa a tal efecto, sin que el cambio de domicilio produzca efecto frente a la Administración hasta tanto se presente la citada declaración tributaria. La Administración podrá rectificar el domicilio tributario de los sujetos pasivos mediante la comprobación pertinente. El incumplimiento de la obligación establecida en el párrafo anterior constituirá infracción simple. A efectos de la eficacia de las notificaciones, se estimará subsistente, el último domicilio declarado. En todo caso, los sujetos pasivos están obligados a declarar las variaciones de su domicilio y a poner de manifiesto las incorrecciones que pudieran observar en las comunicaciones dirigidas por el Ayuntamiento. Cuando el Ayuntamiento conozca que el domicilio declarado por el sujeto pasivo ante la Administración Tributaria Estatal o Autonómica es diferente del que obra en su base de datos lo incorporará como elemento de gestión asociado a cada contribuyente y constituirá la dirección a la que remitir todas las notificaciones derivadas de la gestión recaudatoria. Capítulo V Hecho imponible Art. 11 1. El hecho imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la Ley y la Ordenanza Fiscal correspondiente, para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Las Ordenanzas Fiscales podrán completar la determinación concreta del hecho imponible mediante la mención de supuestos de no sujeción. 2. El tributo se exigirá con arreglo a la naturaleza jurídica del presupuesto de hecho definido por la Ley, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé, y prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez. Capítulo VI La base Art. 12 En la Ley u Ordenanza propia de cada tributo se establecerán los medios y métodos para determinar la base imponible, dentro de los siguientes regímenes: a) Estimación directa. b) Estimación objetiva. c) Estimación indirecta. Las bases determinadas por los regímenes de las letras a) y c) del apartado anterior podrán enervarse por el sujeto pasivo mediante las pruebas correspondientes. Capítulo VII Exenciones y bonificaciones Art. 13 1. No se otorgarán otras exenciones, bonificaciones o reducciones que las establecidas expresamente en las Leyes o en las Ordenanzas Fiscales reguladoras de cada tributo, cuando así lo autorice una norma con rango legal. 2. Sin perjuicio de lo establecido en la normativa reguladora de cada tributo, en los casos en que el beneficio fiscal haya de concederse a instancia de parte, la solicitud deberá presentarse: a) Cuando se trate de tributos periódicos gestionados mediante padrón o matrícula, en el plazo establecido en la respectiva Ordenanza para las preceptivas declaraciones de alta o modificación, salvo que en la Ordenanza Fiscal reguladora del Tributo se disponga otra cosa. Una vez otorgado, el beneficio fiscal se aplicará en las sucesivas liquidaciones en tanto no se alteren las circunstancias de hecho o de derecho que determinaron su otorgamiento. b) Cuando se trate de tributos en los que se encuentre establecido el régimen de autoliquidación, en el plazo de presentación de la correspondiente autoliquidación o declaración-liquidación. c) En los restantes casos, en los plazos de presentación de la correspondiente declaración tributaria o al tiempo de presentación de la solicitud de autorización que determine el nacimiento de la obligación tributaria, según proceda. e) La domiciliación de recibos en padrones cobratorios de carácter periódico tendrá una bonificación del 1,5% 3. Si la solicitud del beneficio se presenta dentro de los plazos a que se refiere el número anterior, su reconocimiento surtirá efecto desde el nacimiento de la obligación tributaria correspondiente al periodo impositivo en que la solicitud se formula. En caso contrario, el disfrute del beneficio no alcanzará a las cuotas devengadas con anterioridad a la fecha en que dicha solicitud se presente. 4. La prueba de la concurrencia de los requisitos establecidos por la normativa de cada tributo para el disfrute de los beneficios fiscales corresponde al sujeto pasivo. Art. 14 1. Salvo previsión legal expresa en contra, la concesión de beneficios fiscales tiene carácter rogado, por lo que los mismos deberán ser solicitados, mediante instancia dirigida al Alcalde-Presidente, que deberá acompañarse de la documentación que exija la normativa. 2. Con carácter general, la concesión de beneficios fiscales no tendrá carácter retroactivo, por lo que sus efectos comenzarán, a operar desde el momento en que por primera vez tenga lugar el devengo del tributo con posterioridad a la adopción del acuerdo de concesión del beneficio fiscal. 3. Cuando el beneficio fiscal sea solicitado antes de que la liquidación correspondiente adquiera firmeza podrá concederse siempre que en la fecha del devengo del tributo concurran los requisitos que habilitan para su disfrute. Capítulo VIII Deuda tributaria Art. 15 La deuda tributaria es la cantidad debida por el sujeto pasivo a la Administración Municipal, y está integrada por: 1. La cuota tributaria definida de conformidad con la Ley y las Ordenanzas de cada tributo. 2. Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas. 3. Los recargos previstos en el artículo 27 de la Ley 58/2003 General Tributaria de 17 de Diciembre. 4. El interés de demora que será el interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél se devengue, incrementado en un 25 por 100 salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otra cosa. 5. El recargo de apremio. 6. Las sanciones pecuniarias. Art. 16 1. La cuota tributaria podrá determinarse: a) En función del tipo de gravamen, aplicado sobre la base que con carácter proporcional o progresivo señale la oportuna Ordenanza Fiscal. b) Por la cantidad fija señalada al efecto en las respectivas Ordenanzas Fiscales. c) Por aplicación conjunta de ambos procedimientos. Art. 17 1. La deuda tributaria se extinguirá total o parcialmente, según los casos, por: a) Pago. b) Prescripción. c) Compensación. d) Condonación. e) Insolvencia probada del deudor. 2. El pago puede realizarse por cualquiera de los obligados y también por terceras personas y produce los efectos extintivos de la deuda. El tercero que pague la deuda no podrá solicitar de la Administración la devolución del ingreso y tampoco ejercer otros derechos del obligado, sin perjuicio de las acciones que en vía civil pudieran corresponderle. Art. 18 La Hacienda Municipal gozará de prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos, en cuanto concurra con acreedores que no lo sean de dominio; prenda, hipoteca, o cualquier otro derecho real debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad. Art. 19 1. En los tributos que graven periódicamente los bienes o derechos inscribibles en un Registro Público o sus productos directos, ciertos o presuntos, el Ayuntamiento tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor o adquirente, aunque estos hayan inscrito sus derechos, para el cobro en las deudas no satisfechas correspondientes al año natural en que se ejercite la acción administrativa de cobro y al inmediatamente anterior. 2. A los efectos de lo dispuesto en el número anterior se entiende que se ejercita la acción administrativa de cobro cuando se inicia el procedimiento de recaudación en periodo voluntario. Art. 20 1. Las deudas y responsabilidades tributarias derivadas del ejercicio de explotación y actividades económicas por personas físicas y entidades jurídicas serán exigibles a quienes les sucedan por cualquier concepto en la respectiva titularidad, sin perjuicio de lo que para la herencia aceptada a beneficio de inventario establece el Código Civil. 2. El que pueda adquirir dicha titularidad, previa la conformidad del título actual, tendrá derecho a solicitar de la Administración certificación detallada de las deudas y responsabilidades tributarias derivadas del ejercicio de las actividades a que se refiere el apartado anterior. En caso de que la certificación se expidiera con contenido negativo o no se facilitase en el plazo de dos meses quedará aquél exento de la responsabilidad establecida en este artículo. 3. Los adquirientes de bienes afectos por la Ley a la deuda tributaria, responderán con ellos, por derivación de la acción tributaria, si la deuda no se paga. 4. La derivación de la acción tributaria contra los bienes afectos exigirá acto administrativo notificado reglamentariamente, pudiendo el adquirente hacer el pago, dejar que prosiga la actuación, o reclamar, contra la procedencia de dicha derivación. La derivación sólo alcanzará el límite previsto por la ley al señalar la afección de los bienes. Capítulo IX Revisión de actos en vía administrativa Art. 21 1. La revisión de los actos dictados en el ámbito de la gestión de los ingresos de derecho público municipal se puede llevar a cabo por el Ayuntamiento de oficio, o a instancia del interesado. 2. La iniciativa del particular para instar del Ayuntamiento la revisión de sus actos se puede manifestar en estas formas: a) Interponiendo recurso de reposición o contencioso-administrativo. b) Solicitando que la Administración revise sus actos en supuestos de nulidad de pleno derecho. 3. El Ayuntamiento podrá declarar la nulidad de sus actos en los casos y con el procedimiento establecido en esta Ordenanza. No serán en ningún caso revisables los actos administrativos confirmados por sentencia judicial firme. 4. La rectificación de errores materiales y de hecho se llevará a cabo por la Administración cuando los advierta, o cuando lo solicite el interesado, siempre que no hubiese transcurrido el plazo de prescripción. Art. 22 1. Contra los actos de aplicación y efectividad de los ingresos tributarios municipales podrá interponerse recurso de reposición ante la Alcaldía. 2. Contra actos de gestión de ingresos locales no tributarios se podrá interponer los recursos y reclamaciones previstos en la normativa reguladora de dichos ingresos. Si no existieran particularidades establecidas legalmente, se aplicará el régimen general consistente en interponer recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo. 3. El plazo para interponer recurso de reposición queda establecido según el art. 14.2 aparta- do c) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, en un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita o al de finalización del periodo de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago. 4. El recurso de reposición previo al contencioso-administrativo tiene carácter obligatorio. La resolución dictada será congruente con las peticiones formuladas por el interesado, sin que en ningún caso se pueda agravar su situación inicial. 5. La interposición del recurso no requiere el previo pago de la cantidad exigida, no obstante la interposición del recurso no detendrá la acción administrativa para la cobranza, a menos que el interesado solicite la suspensión del procedimiento, en cuyo caso se estará a lo previsto en esta Ordenanza. 6. El recurso de reposición se entenderá desestimado si no ha sido resuelto en el plazo de un mes contado desde la fecha de interposición. Art. 23 1. Contra los actos de gestión, inspección y recaudación de los ingresos locales de derecho público, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente, en los términos establecidos en la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 2. El plazo para interponer el recurso será de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa 3. En caso que se haya presentado recurso de reposición, contra la denegación del mismo puede interponerse recurso contencioso-administrativo en los plazos siguientes: a) Si la resolución ha sido expresa, en el plazo de dos meses contados desde la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición. b) Si no hubiera resolución expresa, en el plazo de seis meses contados desde el día siguiente a aquel en que haya de entenderse desestimado el recurso de reposición. 4. El plazo para interponer recurso contencioso-administrativo contra la aprobación o modificación de las Ordenanzas Fiscales será de dos meses contados desde la fecha de publicación de su aprobación definitiva. Art. 24 1. El Pleno del Ayuntamiento, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrá declarar la nulidad de pleno derecho de los actos siguientes: a) Los dictados por órganos manifiestamente incompetentes. b) Los que son constitutivos de delito. c) Los dictados prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido 2. El procedimiento de nulidad a que se refiere el apartado anterior podrá iniciarse: a) Por acuerdo del órgano que dictó el acto. b) A instancia de interesado. En el procedimiento se deberá conceder audiencia a aquellos a favor de los cuales generó derechos el acto que se pretende anular. 3. Cuando se trate de actos anulables por concurrir los requisitos determinados para este supuesto en el Capítulo II del Título V de la Ley General Tributaria, el Pleno del Ayuntamiento podrá acordar la revisión de oficio de los actos dictados en materia de gestión tributaria, según lo que establece la normativa vigente en cada momento. Art. 25 1. En otros casos diferentes de los previstos en el artículo anterior, el Ayuntamiento sólo podrá anular sus actos declarativos de derechos si los declara lesivos para el interés público. 2. La declaración de lesividad corresponde al Pleno del Ayuntamiento. 3. En el plazo de dos meses desde el día siguiente a la declaración de lesividad, se deberá interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo. Art. 26 1. El Ayuntamiento podrá revocar sus actos, expresos o presuntos, no declarativos de derechos y los de gravamen, siempre que tal revocación no sea contraria al ordenamiento jurídico. 2. Los interesados en procedimientos que versen sobre materias no tributarias reguladas en esta Ordenanza que consideren la revocación de los actos administrativos necesaria para el ejercicio de sus derechos podrán solicitar dicha revisión aportando las pruebas pertinentes. 3. Tramitado el expediente en que se justifique la necesidad de proceder a la rectificación, el Servicio competente formulará propuesta de acuerdo rectificatorio que informada por la Intervención, deberá ser aprobada por el mismo órgano que dictó el acto objeto de rectificación. TÍTULO II Gestión tributaria Capítulo I Normas comunes Art. 27 1. Los padrones se elaborarán por el Departamento correspondiente según la normativa de cada tributo, correspondiendo a la Intervención su fiscalización y toma de razón. 2. La aprobación de los padrones es competencia de la Alcaldía u órgano en quien delegue. 3. La contabilización del reconocimiento de derechos tendrá lugar una vez que haya recaído el acuerdo referido en el apartado anterior. Art. 28 1. Los padrones fiscales conteniendo las cuotas a pagar y los elementos tributarios determinantes de las mismas, se expondrán al público en las oficinas municipales quince días antes de iniciarse los respectivos periodos de cobro y por periodo de un mes. 2. Las cuotas y demás elementos tributarios de cobro periódico, en cuanto no constituyen altas en los respectivos registros, sino que hacen referencia a un hecho imponible ya notificado individualmente al sujeto pasivo, serán notificados colectivamente al amparo de lo previsto en el art. 102 de la Ley General Tributaria. 3. Contra la exposición pública de los padrones y de las liquidaciones en los mismos incorporadas se podrá interponer recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de finalización del periodo de exposición pública del padrón. 4. El anuncio a que se refiere el punto anterior podrá cumplir además la función de dar a conocer la exposición pública de padrones, la función de publicar el anuncio de cobranza a que se refiere el artículo 88 del Reglamento General de Recaudación. Para que cumpla tal finalidad deberán constar también los siguientes extremos: . Lugares de pago. . Advertencia de que transcurridos los plazos señalados como periodos de pago voluntario, las deudas serán exigibles por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan. . Advertencia de que cuando la deuda tributaria no ingresada se satisfaga antes de que haya sido notificada al deudor la providencia de apremio, el recargo será de 10 por 100 y no se exigirán los intereses de demora. Art. 29 1. En relación con los tributos de cobro periódico se practicará liquidación de ingreso directo en los siguientes casos: a) Cuando por primera vez han ocurrido los hechos o actos que pueden originar la obligación de contribuir. b) Cuando el Ayuntamiento conoce por primera vez de la existencia del hecho imponible, no obstante haberse devengado con anterioridad el tributo y sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder. c) Cuando se ha producido modificaciones en los elementos esenciales del tributo distintas de las aprobadas con carácter general en la Ley de Presupuesto Generales del Estado y de la variación de tipos impositivos recogidas en las Ordenanzas Fiscales. 2. Una vez notificada el alta en el correspondiente padrón, se notificarán colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos. Art. 30 1. En los términos regulados en las Ordenanzas Fiscales, y mediante aplicación de los respectivos tipos impositivos se practicarán liquidaciones de ingreso directo cuando no habiéndose establecido la autoliquidación, el Ayuntamiento conozca de la existencia del hecho imponible. 2. Las liquidaciones que se refieren el punto anterior serán practicadas por Recaudación y fiscalizadas por la Intervención. La aprobación de las liquidaciones compete al Alcalde, a cuyos efectos se elaborará una relación resumen de los elementos tributarios, en la que deberá constar la toma de razón de la Intervención. La contabilización del reconocimiento de derechos tendrá lugar una vez que haya recaído el acuerdo de aprobación referido en el punto anterior. 3. Se podrán dictar liquidaciones provisionales de oficio cuando los elementos de prueba, que obren en las dependencias municipales, pongan de manifiesto la realización del hecho imponible o la existencia de elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria distintos de los declarados. 4. Tendrán la consideración de liquidaciones provisionales, las liquidaciones practicadas por la Administración Municipal de acuerdo con la calificación, bases, valores o cuotas señaladas por el Estado o sus organismos autónomos, en los tributos de gestión compartida, cuando dichos actos de calificación o fijación de bases, valores o cuotas, haya sido dictados sin la previa comprobación del hecho imponible o de las circunstancias determinantes de la respectiva calificación valoración o señalamiento de cuotas por la Administración competente. 5. Tendrán la consideración de liquidaciones definitivas: a) Las practicadas previa comprobación administrativa del hecho imponible y de su valoración, haya mediado o no liquidación provisional. b) Las que no hayan sido comprobadas dentro del plazo de prescripción. Las liquidaciones definitivas, aunque no rectifiquen las provisionales, deberán acordarse mediante acto administrativo y notificarse al interesado en forma reglamentaria. Las notificaciones de las liquidaciones se practicarán de conformidad a lo dispuesto en los artículos 102, 109 y siguientes de la Ley General Tributaria, debiendo expresar: a) Los elementos esenciales para la determinación de la deuda tributaria. Cuando suponga un aumento de la base imponible respecto a la declarada por el interesado, la notificación deberá expresar de forma concreta los hechos y elementos que la motivan. b) Los medios de impugnación que pueden ser ejercidos, con indicación de los plazos y órganos ante los que habrán de ser impuestos. c) El lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecha la deuda tributaria. En vía de apremio, al ser el devengo de los intereses de demora diario, no será necesaria la notificación expresa de los intereses devengados, bastando con que figure el tipo de interés y la fecha en que se inicia el devengo de los mismos. 6. Tendrán la consideración de autoliquidaciones asistidas aquéllas en las que el departamento de gestión tributaria asista al contribuyente en el cumplimiento de los impresos de las citadas autoliquidaciones, si bien el hecho de dicha asistencia no modifica el régimen jurídico de las mismas. Los errores de la Administración no generarán, en ningún caso, derechos favorables al sujeto pasivo, pudiéndose aprobar, en dicho supuesto la liquidación definitiva que proceda. No obstante en este caso no serán aplicables, sobre la parte no liquidada, los recargos del artículo 61.3 de la Ley General Tributaria, quedando excluidas igualmente las sanciones tributarias que pudieran corresponder. No obstante, cuando en las tasas o precios públicos establecidas por prestación de servicios tengan un devengo periódico mensual o bimensual, la declaración por el sujeto pasivo para realizar la primera autoliquidación correspondiente al periodo anual de que se trate, implicará la autorización a la Administración Municipal para la emisión de autoliquidaciones “asistidas” mensuales, así como para la domiciliación bancaria de las mismas Art. 31 1. Recaudación establecerá los mecanismos para conocer de la existencia de hechos imponibles que originen el devengo de los tributos. Con esta finalidad, se recabará información de Notarios, Registradores de la Propiedad, Oficinas Liquidadoras del Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, así como de otras dependencias municipales, todo ello en orden a conocer las transmisiones de dominio, la realización de obras, o la existencia de elementos con trascendencia tributaria. 2. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos pasivos están obligados a presentar las declaraciones establecidas legalmente, constituyendo el incumplimiento de dicha obligación infracción simple. En el caso de las liquidaciones resultantes de declaraciones necesarias para la práctica de las mismas presentadas fuera de plazo, se aplicarán los recargos previstos en el artículo 27 de la Ley General Tributaria. 3. Cuando las declaraciones presentadas fuera de plazo de forma incompleta o incorrecta, sean documentos necesarios para la práctica de liquidación de los tributos que no se exigen por autoliquidación, el incumplimiento de la obligación de declarar constituye infracción grave. 4. Por los Servicios Municipales se verificará el incumplimiento de las obligaciones relacionadas en el punto anterior, y se podrá imponer sanción de acuerdo con lo previsto en esta Ordenanza. Capítulo II Suspensión del procedimiento Art. 32 1. Con carácter general la suspensión del procedimiento, en caso de interposición de recurso sólo se concederá cuando se solicite dentro del plazo legalmente establecido para la presentación del recurso y se aporte garantía que cubra la deuda total. 2. Excepcionalmente, el órgano a quien competa resolver el recurso podrá suspender, sin garantía, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto recurrido, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. b) Que la impugnación se fundamente en una causa de nulidad de pleno derecho. 3. Cuando haya sido resuelto el recurso de reposición interpuesto en período voluntario en sentido desestimatorio se notificará al interesado concediéndole un plazo para pagar la deuda en período voluntario, en los siguientes términos. . Si la resolución se notifica en la primera quincena del mes, la deuda se podrá satisfacer hasta el día 5 del mes siguiente, o el inmediato hábil posterior. . Si la resolución se notifica entre los días 16 u último de cada mes, la deuda se podrá satisfacer hasta el día 20 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior. 4. Cuando de la resolución del recurso se derive la obligación de modificar la liquidación de deuda resultante podrá ser abonada en los mismos plazos establecidos en el punto anterior. 5. Cuando el Ayuntamiento conozca de la desestimación de un recurso contencioso-administrativo, deberá notificar la deuda resultante y conceder un periodo para efectuar el pago sin recargo, según lo previsto en el punto 3. 6. Cuando la ejecución del acto hubiese sido suspendida, una vez concluido la vía administrativa, los órganos de recaudación no iniciarán o en su caso, reanudarán las actuaciones del procedimiento de apremio mientas no concluya el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo, siempre que la vigencia y eficacia de la caución aportada se mantenga hasta entonces. Si durante este plazo el interesado comunicase a dicho órgano la interposición del recurso con petición de suspensión y ofrecimiento de caución para garantizar el pago de la deuda, se mantendrá la paralización del procedimiento en tanto conserve la vigencia y eficacia la garantía aportada en vía administrativa. El procedimiento se reanudará o suspenderá a resultas de la decisión que adopte el órgano judicial. 7. Podrá concederse la suspensión parcial cuando el recurso se limite a un elemento individualizable, cuya repercusión en la determinación de la deuda resulte claramente cuantificable. En estos casos, la garantía sólo deberá cubrir la cuantía suspendida. Art. 33 1. Sin necesidad de garantía se paralizarán las actuaciones del procedimiento cuando el interesado lo solicite, si demuestra la existencia de algunas de las circunstancias siguientes: a) Que ha existido error material aritmético o de hecho en la determinación de la deuda. b) Que la deuda ha sido ingresada, condonada, compensada, suspendida o aplazada. 2. Cuando concurran circunstancia excepcionales diferentes de las previstas en el apartado anterior, podrá formularse propuesta justificada de paralización del procedimiento, que en su caso deberá ser autorizada por el Tesoro. Art. 34 1. Cuando se hubiese interpuesto recurso contra una liquidación tributaria, no podrá procederse a la enajenación de los bienes inmuebles o muebles embargados en el curso del procedimiento de apremio, hasta que el acto de liquidación de la deuda tributaria sea firme en vía administrativa o jurisdiccional. 2. Cuando la deuda no sea firme, pero el procedimiento no esté suspendido, por no haberse aportado la debida garantía, se podrán llevar a cabo las actuaciones de embargo de bienes y derechos, siguiendo el orden de prelación previsto en el artículo 169 de la Ley General Tributaria. El procedimiento recaudatorio podrá ultimarse, a excepción de la actuación de enajenación de bienes. Art. 35 La ejecución de las sanciones tributarias quedará suspendida, sin necesidad de aportar garantía, si contra las mismas se interpone en tiempo y forma recurso de reposición. En estos casos no se ejecutaran las sanciones en tanto las mismas no sean firma en vía administrativa, es decir, haya recaído resolución del recurso de reposición o transcurrido el plazo de interposición sin que éste se haya producido. Capítulo III Devolución de ingresos indebidos Art. 36 1. Con carácter general, el procedimiento se iniciará a instancia del interesado, quien deberá fundamentar su derecho y acompañar el comprobante de haber satisfecha la deuda. 2. Si la resolución del expediente exigiera la previa resolución de reclamación interpuesto contra una liquidación resultante de elementos tributarios fijados por otra Administración, el Departamento de Rentas efectuará la remisión de la documentación que considere suficiente al órgano competente, de lo cual dará conocimiento al interesado. 3. La Intervención fiscalizará el expediente, verificando especialmente que con anterioridad no se había operado devolución de la cantidad que se solicita y que en el expediente consta el documento original acreditativo del pago. Sólo en circunstancias excepcionales podrá sustituirse la carta de pago original por certificado de ingreso de la Administración que cobró la deuda. El reconocimiento del derecho a la devolución originará el nacimiento de una obligación reconocida, que como tal deberá contabilizarse y quedará sujeta al procedimiento de ordenación de pago y pago material. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta designada al interesado, o si no es posible mediante talón. Art. 37 1. Cuando se ha de reembolsar al interesado una cantidad para devolver el pago que hizo por un concepto debido, o se abonarán intereses de demora. A título indicativo, se señalan los siguientes casos: a) Devoluciones parciales de la cuota satisfecha por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, en el supuesto de baja del vehículo b) Devoluciones originadas por la concesión de beneficios de carácter rogado, cuando se haya ingresado la cuota. c) Devoluciones parciales satisfechas por el Impuesto sobre Actividades Económicas, en el supuesto de baja, cuando procede el prorrateo de la cuota. 2. El acuerdo de reconocimiento del derecho a la devolución se dictará en el plazo de seis meses. 3. En los supuestos que se haya presentado autoliquidación o se haya ingresado un importe excesivo, se ordenará de oficio la devolución procedente. Siempre que el expediente se resuelva dentro del plazo fijado en el punto anterior no se abonarán intereses de demora. Art. 38 Cuando se declare indebido el ingreso por el concepto de recargo de apremio, bien porque se ha anulado la liquidación de la cuota, bien porque no resultara procedente exigir el recargo, se liquidará intereses de demora sobre la cuantía a devolver. Art. 39 1. De acuerdo con lo que establece la Ley General Tributaria, la devolución del ingreso deberá tener lugar en el plazo de tres meses contados desde el día del reconocimiento de la obligación. Si no se paga en este plazo, la administración deberá abonar interés desde que el acreedor reclame por escrito el cumplimiento de la obligación. 2. Cuando se dicte resolución administrativa de anulación total o parcial de una liquidación que había sido ingresada se reconocerá el derecho a devolución de la cuantía indebidamente ingresada y se hará la propuesta de pago la cual se comunicará al interesado. 3. El pago se efectuará en el plazo de tres meses contados desde la fecha de la propuesta de pago. En caso que por razones imputables al Ayuntamiento no se hiciera el pago en el plazo indicado, se abonarán intereses por la mora determinados de la forma siguiente: . La base del cálculo será el importe indebidamente ingresado . El período se extenderá desde el día siguiente a los tres meses señalados en el párrafo anterior hasta la fecha de pago. . El tipo de interés será el legal vigente el día del inicio del período de demora. TÍTULO III Recaudación Capítulo I Normas comunes Art. 40 1. La gestión recaudadora de los tributos del municipio de Valdemorillo se desarrollará bajo autoridad de sus órganos directivos competentes. 2. La recaudación se llevará a cabo por: a) La Recaudación Municipal. b) Los demás órganos que tengan atribuida o se les atribuya esta condición. 3. Son colaboradores del servicio de recaudación las Entidades de Depósito autorizadas para la apertura de cuentas restringidas de recaudación de tributos. 4. Los pagos de tributos periódicos que sean objeto de notificación colectiva deberán hacerse efectivos en las Entidades de Depósito autorizadas al efecto. 5. Los pagos procedentes de liquidaciones individualmente notificadas se harán efectivos en la Caja Municipal o para los tributos en que así esté determinado en las Entidades de Depósito autorizadas. Art. 41 1. La recaudación de los tributos se realizará mediante el pago en período voluntario o en período ejecutivo. 2. El plazo del ingreso voluntario de la deuda tributaria se contará desde: a) La notificación directa al sujeto pasivo de la liquidación cuando esta se practique individualmente b) La apertura del plazo recaudatorio cuando se trate de tributos de cobro periódico que son objeto de notificación colectiva. 3. Las deudas tributarias que deban pagarse mediante declaración-liquidación o autoliquidación deberán satisfacerse en los plazos o fechas que señalen las normas reguladoras de cada tributo. No obstante, con carácter supletorio a lo establecido en cada Ordenanza en particular, la declaración-liquidación o autoliquidación deberá efectuarse desde que tenga lugar el hecho imponible hasta el último día hábil del mes natural siguiente a aquel en que se haya producido: 4. El período ejecutivo se inicia: a) Para las deudas liquidadas por la Administración Tributaria, el día siguiente al vencimiento del plazo establecido para su ingreso. b) En el caso de deudas a ingreso mediante declaración-liquidación o autoliquidación presentada sin realizar el ingreso, cuando finalice el plazo determinado para dicho ingreso o, si éste ya hubiera concluido, al presentar aquella. Capítulo II Recaudación voluntaria Art. 42 Los obligados al pago harán efectivas sus deudas en período voluntario en los plazos señalados en el artículo anterior. A propuesta de la Tesorería y atendiendo a criterios de excepcionalidad y oportunidad, podrá la Junta de Gobierno, modificar los plazos para la recaudación de tributos en período voluntario. Art. 43 1. El pago de las deudas habrá de realizarse en efectivo 2. El pago en efectivo podrá realizarse mediante los siguientes medios: a) Cheque o talón de cuenta corriente bancaria o de Caja de Ahorros, que podrá exigirse que sea conformado. b) Transferencia bancaria o de Caja de Ahorros. c) Giro postal. d) Cualquier otro que sean autorizado por el Ayuntamiento, mediante expediente que resolverá la Comisión de Gobierno, e informes obligatorios de la Intervención y la Tesorería. 3. Todas las deudas que se hayan de satisfacer en efectivo podrán pagarse con dinero de curso legal, cualquiera que sea el órgano recaudatorio que haya de recibir el pago, el período de recaudación en que se efectúe y la cuantía de la deuda. 4. Los contribuyentes podrán utilizar cheques o talones bancarios o de Cajas de Ahorro, para efectuar sus ingresos en la Caja del Ayuntamiento. El importe del cheque o talón de cuenta corriente podrá contraerse a un débito o comprender varios ingresos si se efectúa de forma simultánea. Su entrega sólo liberará al deudor cuando haya sido realizado. 5. Los cheques que con tal fin se expidan deberán reunir, además de los requisitos generales exigidos por la legislación mercantil, los siguientes: a) Ser nominativos a favor del Ayuntamiento de Valdemorillo por un importe igual al de la deuda o deudas que se satisfagan con ellos. b) Estar fechados en el mismo día o en los dos días anteriores a aquel en que se efectúe su entrega. c) El nombre o razón social del librador, que se expresará debajo de la firma con toda claridad. Los tributos abonados por medio de cheque, atendidos por la Entidad librada, se entenderán realizados en el día en que aquellos hayan tenido entrada en la Caja correspondiente. d) Cuando un cheque no se ha hecho efectivo en todo o en parte, una vez transcurrido el período voluntario, se expedirá certificación de descubierto de la parte no pagada para su cobro en vía de apremio, si el cheque estaba válidamente conformado o certificado, le será exigido a la entidad que lo conformó o certificó, en otro caso, le será exigido al deudor. 6. Cuando así se indique en la modificación, los pagos en efectivo que hayan de realizarse en la Caja Municipal deberán efectuarse mediante transferencia bancaria. El mandato de la transferencia será por importe igual a la deuda; habrá de expresarse el concepto tributario concreto a que el ingreso corresponda, y contener el pertinente detalle cuando el ingreso se refiera y haya de aplicarse a varios conceptos. Simultáneamente al mandato de transferencia, los contribuyentes cursarán al órgano recaudador las declaraciones a que el mismo corresponda y las cédulas de notificación, expresando la fecha de transferencia, su importe y el Banco o Caja de Ahorros utilizado para la operación. Los ingresos efectuados mediante transferencia se entenderán efectuados en la fecha que tengan entrada en las Cuentas Municipales. 7. Cuando así se indique en la notificación y sólo para deudas superiores a 600 euros no se aceptarán cheques que, cumpliendo las condiciones de los apartados 4 y 5, no estén conformados. Art. 44 1. El pago de los tributos periódicos que son objeto de notificación colectiva, podrá realizarse mediante la domiciliación en entidades bancarias o cajas de ahorro, ajustándose a las condiciones que se detallan a continuación: a) Petición del interesado. b) Hallarse al corriente en el pago del tributo que se domicilie. c) Justificar la coincidencia en los datos existentes en la domiciliación y el recibo. d) La domiciliación tendrá validez indefinida, con dos excepciones: d1) Anulación o modificación de la misma por el contribuyente d2) Que la domiciliación no sea atendida por el banco o caja de ahorros. e) El Ayuntamiento establecerá en cada momento la fecha límite para admisión de solicitudes de domiciliación o el período a partir del cual deberá surtir efectos y en todo caso, nunca será inferior a dos meses antes de su puesta al cobro. 2. La tramitación de las domiciliaciones bancarias corresponde totalmente a la Tesorería en todas sus fases. Art. 45 1. El que pague una deuda tendrá derecho a que se le entregue el justificante del pago realizado. Los justificantes del pago en efectivo serán: a) Los recibos. b) Las cartas de pago. c) Los justificante debidamente diligenciados por las Entidades de Depósitos autorizadas. d) Cualquier otro documento al que se otorgue expresamente por el Ayuntamiento carácter de justificante de pago. 2. El pago de las deudas tributarias solamente se justificará mediante la exhibición del documento que de los enumerados anteriormente proceda. 3. Los justificantes de pago deberán indicar, al menos las siguientes circunstancias: a) Nombre y apellidos, razón social o denominación, número de identificación fiscal (en su caso), localidad y domicilio del deudor. b) Concepto, importe de la deuda y período a que se refiere. c) Fecha de cobro. d) Órgano que lo expide. Capítulo III Recaudación ejecutiva Art. 46 1. El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario determina la exigibilidad del recargo de apremio. 2. El recargo de apremio será del 20 por 100 del importe de la deuda. Será liquidado por el órgano de recaudación en el título ejecutivo y notificado al deudor. 3. Este recargo será del 10 por 100 cuando la deuda tributaria no ingresada se satisfaga antes de que hay sido notificada al deudor la providencia de apremio. 4. El recargo de apremio recaerá sobre el importe de la deuda pendiente al iniciarse el período ejecutivo. 5. La base sobre la que se aplicará el tipo de interés de demora no incluirá el recargo de apremio 6. Iniciado el período ejecutivo se efectuará la recaudación de las deudas liquidadas o autoliquidadas con el recargo de apremio y en su caso los intereses y las costas que procedan por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. 7. Procederá la devolución del recargo de apremio, cuando en el procedimiento se hubiere efectuado el cobro de los débitos y la liquidación que dio origen a los mismos resultase anulada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 94 del Reglamento General de Recaudación. A tales efectos, no se considerará anulada la liquidación cuando se acuerde la condonación graciable de sanciones, en cuyo caso no procederá la devolución del recargo de apremio. 8. El procedimiento de apremio se iniciará mediante providencia notificada al deudor en la que se identificará la deuda pendiente y requerirá para que efectúe su pago con el recargo correspondiente. Si el deudor no hiciere el pago dentro del plazo que reglamentariamente se establezca, se procederá el embargo de sus bienes, advirtiéndose así en la providencia de apremio. 9. La providencia anterior, expedida por el Tesorero Municipal, es el título suficiente que inicia el procedimiento de apremio y tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados al pago. 10. El deudor deberá satisfacer las costas de procedimiento de apremio, si estas se hubieran producido. Art. 47 1. Las deudas apremiadas se pagarán en los plazos que se establecen en el artículo 108 del Reglamento General de Recaudación. 2. Transcurridos dichos plazos, si existieran varias deudas de un mismo deudor se acumularán y en el caso de realizarse un pago que no cubra la totalidad de aquellas, se aplicará a las deudas más antiguas, determinándose la antigüedad en función de la fecha de vencimiento del período voluntario. 3. Los ingresos correspondientes a declaraciones, liquidaciones o autoliquidaciones así como las liquidaciones derivadas de liquidaciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo, sufrirán un recargo del 20 por 100 con exclusión de las sanciones, pero no de los intereses de demora. No obstante, si el ingreso o la presentación de la declaración se efectúa dentro de los tres, seis o doce meses siguientes al término del plazo voluntario de presentación e ingreso, se aplicará un recargo único del 5, 10 ó 15 por 100 respectivamente, con exclusión del interés de demora y de la sanción. Este recargo será compatible con el recargo de apremio previsto en el artículo 46 de esta Ordenanza. Art. 48 1. La providencia de apremio es el acto del Tesorero Municipal que despacha la acción ejecutiva contra el patrimonio del deudor. La providencia ordenará la ejecución forzosa sobre los bienes y derechos del deudor. 2. Sólo cabrá impugnación del procedimiento de apremio por los siguientes motivos: . Prescripción. . Falta de notificación reglamentaria de la liquidación. . Pago, extinción de la deuda o aplazamiento. . Defectos formales en la certificación. Se entiende por defecto formal, la omisión o error en los datos del título que impedirá la identificación del deudor o de la deuda apremiada, la falta o error sustancial de la liquidación del recargo de apremio y la falta de indicación de haber finalizado el periodo voluntario. . La falta de notificación de la providencia de apremio será motivo de impugnación de los actos que se produzcan, en el caso del procedimiento del apremio. 3. Contra la pertinencia del procedimiento de apremio y actos dictados en materia de gestión recaudatoria ejecutiva, que no ponga fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes, contando desde el día siguiente al de la recepción de la notificación. Contra la resolución expresa o presunta procede recurso contencioso-administrativo, en los plazos legalmente establecidos. 4. Atendiendo a criterios de eficacia y siempre y cuando quede debidamente justificado en el expediente individual, fiscalizado por el Recaudador Municipal, la existencia de errores que, sin suponer la anulabilidad del recibo hayan impedido su correcta notificación al contribuyente, podrá autorizarse su reposición en voluntaria. 5. Los intereses de demora, serán exigibles independientemente de cual sea su importe. Capítulo IV Aplazamientos y fraccionamientos Art. 49 La concesión de aplazamiento y fraccionamiento de ingresos públicos municipales corresponderá a la Alcaldía-Presidencia, a quien corresponderá asimismo la dispensa de garantía en los supuestos previstos en el art. 53 del RGR y en los casos de suspensión del procedimiento de Recaudación. Art. 50 1. El pago de las deudas tributarias y demás de derecho público podrá aplazarse o fraccionarse sólo en los casos y en la forma que se determina en la presente Ordenanza, siendo de aplicación preferente a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación. 2. No se concederá fraccionamiento o aplazamiento de pago de las siguientes deudas: a) De las inferiores a 180 euros. b) De las de vencimiento periódico y notificación colectiva, excepto en lo previsto en el párrafo segundo del apartado 3 de este artículo. c) De las suspendidas a instancia de parte, cuando hubiera recaído sentencia firme desestimatoria. d) Podrá concederse por la Alcaldía-Presidencia fraccionamiento o aplazamiento sin necesidad de garantía previa para las deudas tributarias derivadas de la liquidación de más de un ejercicio. 3. Los criterios generales de concesión de aplazamiento o fraccionamiento serán: a) Las deudas de importe comprendido entre 180 y 1.000 euros podrán aplazarse o fraccionarse por un periodo máximo de tres meses. b) Las deudas de importe comprendido entre 1.000,01 y 2.000 euros podrán aplazarse o fraccionarse por un periodo máximo de 6 meses. c) El pago de las deudas de importe superior a 2.000 euros puede ser aplazado o fraccionado hasta un año. En atención a las circunstancias que concurran en cuanto a la capacidad de pago del obligado tributario y del importe adeudado, se podrá conceder aplazamiento o fraccionamiento de las deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva y/o de las deudas por importe inferior a 180 euros y/o por periodo más largos que los enumerados en el apartado anterior, previo informe de la Tesorería Municipal. 4. El peticionario ofrecerá garantía en forma de aval solidario otorgado por entidad financiera. Previa justificación de la imposibilidad de prestar dicha garantía, podrá ofrecerse: a) Hipoteca mobiliaria o inmobiliaria. b) Prenda con o sin desplazamiento. c) Cualquier otra que se estime suficiente por la Administración Municipal. La garantía cubrirá el importe del principal y de los intereses de demora, más un 25 por 100 de la suma de ambas partidas. Se podrá dispensar total o parcialmente de la prestación de las garantías exigibles, cuando el deudor carezca de los medios suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar al mantenimiento de la capacidad productiva y el nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o bien pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Municipal, o bien, ocasionar daños de imposible o difícil reparación desproporcionados con la cuantía de la deuda. Para los fraccionamientos de deudas pendientes de ingreso, cuando la deuda en su conjunto no sobrepase, por principal, el importe de tres mil euros, se procederá a la dispensa de garantía, entendiéndose además autorizado el fraccionamiento o aplazamiento desde el mismo momento en que se proceda a la domiciliación de las cuotas resultantes. La duración de la garantía o aval presentado se extenderá hasta una fecha 6 meses posterior a la finalización del plazo para el pago de la deuda aplazada. 5. En cuanto a la tramitación se observarán las siguientes reglas: a) Se presentará solicitud de aplazamiento o fraccionamiento con ofrecimiento de garantía ante el Alcalde-Presidente. No se admitirá la solicitud respecto de deudas que se encuentren en periodo ejecutivo en cualquier momento posterior al de la notificación del acto administrativo por el que se acuerde la enajenación de los bienes embargados. El fraccionamiento o aplazamiento solicitado en vía ejecutiva deberá contener la totalidad de la deuda pendiente por todos los conceptos, sin excepción. El acuerdo de concesión no podrá acumular en la misma fracción deudas que se encuentren en distinto periodo de ingreso. En todo caso, habrán de satisfacerse en primer lugar aquellas fracciones que incluyan deudas que se encuentren en periodo ejecutivo en el momento de efectuar la solicitud. La presentación de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento reiterativas de otras anteriores que hayan sido objeto de denegación previa implicará su inadmisión cuando no contenga una modificación sustancial respecto de la solicitud previamente denegada, no siendo necesario que dicha circunstancia le sea notificado al interesado b) El informe-propuesta de resolución se emitirá por la Tesorería, salvo para los supuestos ya contemplados de deudas en ejecutiva, cuyo principal no alcance los mil euros. c) Dictada resolución por la Alcaldía Presidencia, se notificará al interesado. En el caso de que la resolución fuera aprobatoria, deberá aportarse la garantía en el plazo de 2 meses siguientes a la notificación. Si transcurrido el plazo citado no se hubiera presentado la garantía, continuará el procedimiento, dictando en su caso la providencia de apremio por la totalidad del débito no ingresado. Si fuese denegatoria, con la advertencia de que la deuda deberá pagarse dentro del plazo que reste de período voluntario. Si no restase plazo, que deberá pagarse, junto con los intereses devengados hasta la fecha de la resolución denegatoria antes del día 5 o 20 del mes siguientes, según que dicha resolución se haya notificado en la primera o en la segunda quincena del mes. d) La resolución deberá ser dictada en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento. 6. En el caso de aplazamientos, la falta de pago en el vencimiento del plazo concedido, se expedirá providencia de apremio que incluirá la deuda aplazada, los intereses devengados y el recargo de apremio. 7. En el caso de fraccionamientos, si llevado el vencimiento de cualquiera de los plazo, no se efectuara el pago se considerarán también vencidas las fracciones pendientes exigiéndose, por la vía de apremio, la totalidad de la deuda fraccionada no satisfecha y sus intereses devengados hasta la fecha de vencimiento del plazo incumplido, con el correspondiente recargo de apremio. 8. De no efectuarse el pago se procederá a ejecutar la garantía para satisfacer las cantidades antes mencionadas y, en caso de inexistencia o insuficiencia de ésta, se seguirá el procedimiento de apremio para la ejecución del débito pendiente. Capítulo V Del ingreso o depósito previo Art. 51 1. La Administración podrá utilizar el sistema de ingreso o el de depósito previo, siempre que así se establezca en la respectiva Ordenanza particular reguladora del tributo y de conformidad con el procedimiento regulado en los apartados siguientes de este artículo. En tal supuesto, al solicitarse la prestación del servicio o la realización de la actividad Administrativa, deberá acreditarse, mediante la oportuna carta de pago, el ingreso del importe de las cantidades correspondientes. 2. La liquidación que se practique para realizar este ingreso previo tendrá el carácter de provisional y en ningún caso facultará para la prestación del servicio o la realización de la actividad administrativa de que se trate, que solo podrá llevarse a cabo cuando se obtenga la correspondiente autorización. 3. A los efectos del párrafo anterior presentarán los interesados en las oficinas de la Entidad Local declaración de las bases tributarias y demás elementos necesarios para la liquidación de la exacción. 4. Llegado el momento de practicar la liquidación definitiva por los servicios o actividades que se autoricen o realicen, según los casos, se compensará en esta liquidación el importe del ingreso o depósito previo. 5. Si de la liquidación definitiva resultará cantidad a exaccionar por diferencia a favor de la Entidad Local, se notificará al interesado y se seguirán los trámites reglamentarios para su gestión. Si no lo hubiera, se considerará automáticamente elevado a definitivo, el ingreso previo, sin necesidad de ningún otro trámite. Si por el contrario, se diera saldo a favor del contribuyente, quedará este a su disposición y se devolverá de oficio, sin necesidad de petición del interesado. 6. El importe del ingreso previo se devolverá al interesado, siempre que, por causas no imputables al mismo, se dejará de prestar el servicio o de realizar la actividad administrativa. Capítulo VI Prescripción y compensación Prescripción Art. 52 1. El plazo para exigir el pago de las deudas prescribe a los cuatro años, contados desde la fecha de finalización del plazo de pago voluntario. 2. El plazo para determinar las deudas tributarias prescribe a los cuatro años, contados desde la fecha de finalización del período para presentar la declaración exigida legalmente. 3. El plazo de prescripción de las deudas no tributarias se determinará en base a la normativa particular que regule la gestión de las mismas. 4. El plazo de prescripción se interrumpirá: a) Por cualquier actuación del obligado al pago conducente a la extinción de la deuda o por la interposición de reclamación o recurso. b) Por cualquier actuación de los órganos de recaudación, encaminada a la realización o aseguramiento de la deuda. Estas actuaciones deberán documentarse en la forma exigida reglamentariamente. 5. Producida la interrupción, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de prescripción a partir de la fecha de la última actuación del obligado al pago o de la Administración. Interrumpido el plazo de prescripción, la interrupción afecta a todos los obligados al pago. Compensación Art. 53 1. Las deudas con la Hacienda Municipal podrán extinguirse total o parcialmente por compensación, tanto en período voluntario como ejecutivo, con los créditos reconocidos por la misma a favor del deudor. La compensación puede ser de oficio o a instancia del deudor. 2. Las deudas a favor de la Hacienda Municipal, cuando el deudor sea un Ente contra el que no puede seguirse el procedimiento de apremio por prohibirlo una disposición de rango de Ley, serán compensables de oficio, una vez transcurridos el plazo de pago en período voluntario. La resolución será notificada a la Entidad deudora. 3. Los créditos de Derecho Público que se encuentren en fase de gestión recaudatoria podrán extinguirse de oficio por compensación con las deudas reconocidas por acto administrativo firme a las que tengan derecho los obligados al pago. Transcurrido el período voluntario y una vez expedida la providencia de apremio, con el crédito. La compensación será notificada al interesado. Art. 54 1. El deudor que inste la compensación, tanto el período voluntario como ejecutivo, deberá dirigir a la Alcaldía-Presidencia la correspondiente solicitud que contendrá los siguientes requisitos: a) Nombre y apellidos, razón social o denominación, domicilio y número de identificación fiscal del obligado al pago y, en su caso, de la persona que lo represente. b) Deuda cuya compensación se solicita, indicando su importe, concepto y fecha de vencimiento del plazo de ingreso voluntario sí la solicitud se produce dentro del mismo. c) Crédito reconocido por acto administrativo firme cuya compensación ofrece, indicando su importe y concepto. La deuda y el crédito deben corresponder al mismo sujeto pasivo. d) Declaración expresa de no haber sido trasmitido, cedido o endosado el crédito a otra persona o entidad. 2. A la solicitud de compensación se acompañarán los siguientes documentos: a) Si la deuda tributaria cuya compensación se solicita ha sido determinada mediante autoliquidación, modelo oficial de declaración-liquidación o autoliquidación, debidamente cumplimentado, que el sujeto pasivo debe presentar conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora del tributo. b) Certificado que refleje la existencia del crédito reconocido, pendiente de pago y la suspensión, a instancia del interesado, de los trámites para su abono en tanto no se comunique la resolución del procedimiento de compensación. 3. Si se deniega la compensación, los efectos serán los siguientes: a) Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario de ingreso, con la notificación del acuerdo denegatorio se iniciará el plazo de ingreso regulado en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. b) De no producirse el ingreso en dicho plazo, comenzará el periodo ejecutivo y deberá iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 167.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. De no realizarse el ingreso en dicho plazo, procederá la liquidación de los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha de ingreso realizado durante el plazo abierto con la notificación de la denegación. De no realizarse el ingreso, los intereses se liquidarán hasta la fecha de vencimiento de dicho plazo, sin perjuicio de los que puedan devengarse con posterioridad conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. c) Si la solicitud fue presentada en periodo ejecutivo de ingreso, deberá iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 167.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de no haberse iniciado con anterioridad. 4. La resolución, en los procedimientos recogidos en este artículo, deberá adoptarse en el plazo de seis meses contados desde el día de la presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución, los interesados podrán considerar desestimada su solicitud para deducir frente a la denegación presunta el correspondiente recurso o esperar la resolución expresa. Capítulo VII Créditos incobrables Art. 55 1. Son créditos incobrables aquellos que no pueden hacerse efectivos en el procedimiento de gestión recaudatoria por resultar fallidos los obligados al pago, y los demás responsables si los hubiere. El calificativo de incobrable se aplicará a los créditos y el fallido a los obligados al pago. 2. Cuando se hayan declarado fallidos los obligados al pago y responsables, se declararán provisionalmente extinguidas las deudas, en tanto no se rehabiliten en el plazo de prescripción. La deuda quedará definitivamente extinguido si no se hubiera rehabilitado en aquel plazo. 3. Si el jefe de Recaudación conociera la insolvencia sobrevenida del deudor, propondrá la rehabilitación del Crédito al Tesorero/a. Una vez aprobada, se registrará informáticamente. 4. Al objeto de la vigilancia de la insolvencia sobrevenida, será preceptiva una consulta anual en aquellos registros y organismos públicos que tengan informatizado el acceso a datos relativos a bienes de deudores mediante consulta masiva: entidades bancarias, Seguridad Social y Registro General de Índices de Registros de la Propiedad. 5. Declarado fallido un deudor, los créditos contra el mismo de vencimiento posterior serán dados de baja por referencia a dicha declaración, si no existen otros obligados al pago o responsables. 6. A efectos de declaración de créditos incobrables, el jefe de la Unidad de Recaudación documentará debidamente los expedientes, formulando propuesta que, con la conformidad del Tesorero/a, se someterá a la fiscalización de la Intervención y aprobación por Decreto de Alcaldía. 7. Fundamentada en criterios de economía y eficacia en la gestión recaudatoria se detalla a continuación la documentación que se debe incorporar en los expedientes para la declaración de crédito incobrable, en función de la cuantía de los mismos. Art. 56 Criterios a aplicar en la formulación de propuestas de declaración de créditos incobrables con antigüedad superior a dos años. Con la finalidad de conjugar el respeto al principio de legalidad procedimental con el de eficacia administrativa, se propone el establecimiento de los requisitos y condiciones que habrán de verificarse con carácter previo a la propuesta de declaración de créditos incobrables. La documentación justificativa será diferente en función de los importes y características de la deuda, distinguiéndose los siguientes supuestos: 1. Expedientes por deudas acumuladas de importe inferior a 300 euros. Se formulará propuesta en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando se haya intentado la notificación en los domicilios señalados en el punto 2.1 a), con el resultado de “desconocido” o “ausente” en al menos dos repartos y no se disponga de N.I.F. del deudor. b) Cuando disponiendo de N.I.F. del deudor, se haya intentado la notificación en los domicilios señalados en el punto 2.1. a), con el resultado de “desconocido” o “ausente” en al menos dos repartos y se haya practicado la notificación en el BOCM con posterioridad, habiéndose intentado el embargo de fondos en las entidades bancarias locales con resultado negativo. c) Cuando se haya practicado notificación válida y el embargo de fondos en las entidades bancarias locales sea negativo y no sea posible el embargo de salarios. 2. Expedientes por deudas acumuladas de importe comprendido entre 300,01 euros y 600 euros. Se formulará propuesta en cualquiera de los siguientes supuestos: a) Cuando se haya intentado la notificación en los domicilios señalados en el punto 2.1 a),con el resultado de “desconocido” o “ausente” en al menos dos repartos y no se disponga de N.I.F. del deudor b) Cuando disponiendo de N.I..F del deudor, se haya intentado la notificación en los domicilios señalados en el punto 2.1 a), con el resultado de “desconocido” o “ausente” en al menos dos repartos y se haya practicado la notificación en el BOCM con posterioridad, habiéndose intentado el embargo de fondos en las entidades bancaria locales con resultado negativo. c) Cuando se haya practicado notificación válida y el embargo de fondos en las entidades bancarias locales sea negativo y no sea posible el embargo de salarios. 3. Expedientes por deudas acumuladas de importe comprendido entre 600,01 euros y 1.000 euros. Se formulará propuesta en cualquiera de los siguientes supuestos: a) Cuando se haya intentado la notificación en los domicilios señalados en el punto 2.1.a), con el resultado de “desconocido” o “ausente” en al menos dos repartos y no se disponga del N.I.F. del deudor y: . Se haya publicado en el BOCM . No figure sujeto en el padrón del IBI o del IAE. b) Cuando disponiendo del N.I.F del deudor, se haya intentado la notificación en los domicilios señalados en el punto 2.1.a), con el resultado de “desconocido” o “ausente” en al menos dos repartos y se haya practicado la notificación en el BOCM con posterioridad, habiéndose intentado el embargo de fondos en las entidades bancarias locales con resultado negativo y no sea el posible embargo de salarios. c) Cuando se haya practicado notificación válida y: . El embargo de fondos en las entidades bancarias locales sea negativo. . No sea posible el embargo de salarios . No existan bienes inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre del deudor. d) Cuando se haya practicado notificación válida y: . El embargo de fondos en las entidades bancarias locales sea negativo. . No sea posible el embargo de salarios. -. Existiendo bienes inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre del deudor, el Ayuntamiento se opone al embargo de inmuebles por considerar esta actuación desproporcionada con relación al importe de la deuda (Principio de Proporcionalidad) 4. Expedientes por deudas acumuladas superiores a 1.000 euros. Se formulará propuesta cuando se den todas las condiciones de cualquiera de los siguientes supuestos: a) Cuando se haya intentado la notificación en los domicilios señalados en el art.2.1, con el resultado de “desconocido” o “ausente” en al menos dos repartos y no se disponga de N.I.F. del deudor y: . Se haya publicado notificación en el BOCM . No existan bienes inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre del deudor. b) Cuando se haya intentado la notificación en los domicilios señalados en el punto 2.1. a) con el resultado de “desconocido” o “ausente” en al menos dos repartos, disponiéndose del NIF del deudor y: . Se haya publicado en el BOCM . Se haya intentado el embargo de fondos en las entidades bancarias locales con resultado negativo. . Se haya intentado el embargo de salarios con resultado negativo. . No existan bienes inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre del deudor. c) Cuando se haya practicado notificación válida y: . El embargo de fondos en las entidades bancarias locales haya resultado negativo . El embargo de salarios no es posible . No existan bienes inscritos en el Registro de la Propiedad . Se ha investigado en el Registro Mercantil con resultado negativo. . Existiendo bienes en el Registro de la Propiedad a nombre del deudor, el Ayuntamiento se opone al embargo del inmueble por con relación al importe de la deuda (Principio de Proporcionalidad) 5. Criterios a aplicar en la formulación de otros créditos incobrables. A efectos de respetar el principio de proporcionalidad entre importe de la deuda y medios utilizados para su realización (criterios de eficacia y economía), con carácter general y siempre que se cuente con NIF del deudor y se haya practicado notificación legal, si fuese preciso para la realización de crédito se realizarán las siguientes actuaciones: 5.1 Deudas acumuladas hasta 300 euros. . Embargo de fondos en cuentas corrientes. 5.2 Deudas acumuladas entre 300,01 euros y 600 euros. - Embargo de fondos en cuentas corrientes . Embargo de salarios 5.3 Deudas acumuladas superiores a 600 euros. . Embargo de fondos en cuentas corrientes. . Embargo de salarios. . Embargo de bienes inmuebles siempre que el Ayuntamiento no se oponga al embargo del inmueble por considerar desproporcionada esta actuación con relación al importe de la deuda (Principio de Proporcionalidad) Cuando el resultado de estas actuaciones sea negativo se formulará propuesta de declaración de crédito incobrable siempre que la antigüedad del mismo sea superior a dos años. TÍTULO IV Inspección Capítulo I Procedimiento Art. 57 La Inspección de los Tributos tiene encomendad la función de comprobar la situación tributaria de los distintos sujetos pasivos o demás obligados tributarios con el fin de verificar el exacto cumplimiento de sus obligaciones y deberes para con la Hacienda Pública, procediendo en su caso a la regularización correspondiente. Art. 58 Corresponde a la Inspección de los Tributos: a) La investigación de los hechos imponibles para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración y su consiguiente atribución al sujeto pasivo obligado tributario. b) La integración definitiva de las bases tributarias mediante el análisis y evaluación de aquéllas en sus distintos regímenes de determinación o estimación y la comprobación de las declaraciones y declaraciones-liquidaciones para determinar su veracidad y la correcta aplicación de las normas, estableciendo el importe de las deudas tributarias correspondientes. c) Comprobar la exactitud de las deudas tributarias ingresadas en virtud de declaraciones-liquidaciones de ingreso. d) Practicar las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de comprobación e investigación. e) Realizar, por propia iniciativa o a solicitud de los demás Órganos de la Administración Tributaria, aquellas actuaciones inquisitivas o de información que deban llevarse a efecto acerca de los particulares o de otros Organismos, y que directa o indirectamente conduzcan a la aplicación de los tributos. f) La comprobación del valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos del hecho imponible. g) Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión o disfrute de cualesquiera beneficios, desgravaciones o restituciones fiscales, así como comprobar la concurrencia de las condiciones precisas para acogerse a regímenes tributarios especiales. h) El asesoramiento e informe a la Hacienda Municipal en cuanto afecte a los derechos y obligaciones de ésta, sin perjuicio de las competencias propias de otros Órganos. i) La información a los sujetos pasivos y demás obligados tributarios sobre las normas fiscales y acerca del alcance de las obligaciones y derechos que de las mismas se derivan. j) Cuantas otras funciones se les encomienden por los Servicios Técnicos Municipales. Art. 59 1. Las actuaciones inspectoras se realizarán por los funcionarios adscritos al Servicio de Inspección. No obstante, las actuaciones meramente preparatorias o de comprobación o de hechos o circunstancias con trascendencia tributaria podrán encomendarse a otros empleados públicos que no ostenten la condición de funcionarios. 2. Los funcionarios del Servicio de Inspección en el ejercicio de las funciones inspectoras, serán considerados Agente de la Autoridad, a los efectos de responsabilidad administrativa y penal de quienes ofrezcan resistencia o cometan atentado o desacato contra ellos, de hecho o de palabra, en actos de servicio o con motivo del mismo. 3. La Alcaldía-Presidencia proveerá al personal respectivo de un carné u otra identificación que les acredite para el desempeño de su puesto de trabajo. Art. 60 Las actuaciones de inspección podrán desarrollarse indistintamente: a) En lugar donde el sujeto pasivo tenga su domicilio o en el del representante que a tal efecto hubiere designado. b) En donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas. c) Donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hacho imponible. d) En las oficinas del Servicio de Inspección cuando los elementos sobre los que hayan de realizarse puedan ser examinados en dicho lugar. Art. 61 Las actuaciones de la Inspección de los Tributos se documentarán en: a) Diligencias. b) Comunicaciones. c) Informes. d) Actas previas o definitivas. Capítulo II Infracciones y sanciones Art. 62 1. La imposición de sanciones por infracciones simples o graves, requerirán expediente diferente e independiente del instruido para regularizar la situación fiscal del obligado tributario. 2. El procedimiento sancionador no podrá durar más de seis meses a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación. Art. 63 Incoada el Acta de regularización correspondiente, se notificará al interesado, el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador que tendrá el siguiente contenido: a) Identificación de las personas o personas presuntamente responsables. b) Los hechos sucintamente expuestos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudiera corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción. c) Identificación del Jefe de Servicio de Inspección como instructor, y del Alcalde como órgano competente para acordar la resolución del procedimiento. d) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y a los plazos para su ejercicio. Art. 64 1. A partir de la notificación de iniciación del procedimiento, el instructor podrá realizar de oficio cuantas actuaciones considere necesarias para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidades susceptibles de sanción. 2. En cualquier momento del procedimiento los interesados podrán formular alegaciones y aportar cuantos documentos estimen relevantes para la mejor defensa de sus intereses. 3. El instructor podrá acordar, de oficio, o a solicitud de los interesados, la apertura de un período de prueba a fin de que puedan proponerse por el contribuyente, y practicarse cuantas sean relevantes para fundamentar su resolución. Art. 65 1. Concluido el período de prueba, el instructor del procedimiento formulará propuesta de resolución en la que se fijarán de forma motivada los hechos, especificando aquellos que se considere probados y su calificación jurídica, se determinará la infracción que se entienda cometida y la persona o personas que se consideren responsables, especificando la sanción que se propone. 2. En los supuestos en que se aprecie la inexistencia de infracción o de responsabilidad, se declarará así, proponiéndose el archivo del expediente. 3. La propuesta de resolución habrá de notificarse a los interesados indicándoles la puesta de manifiesto del expediente y concediendo un plazo de quince días para proponer alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes, salvo que los interesados renuncien expresamente al plazo de alegaciones. 4. La propuesta de resolución junto con todos los documentos que obren en el expediente, será remitida inmediatamente al órgano competente para resolver el procedimiento. 5. La resolución se notificará a los interesados concediendo la posibilidad de interponer contra ella recurso de reposición. Art. 66 1. En el procedimiento de gestión tributaria, los casos tipificados en la normativa vigente como infracciones tributarias simples serán sancionados por cada uno de los hechos u omisiones con las cuantías que a continuación se detallan. a) La falta de presentación, la presentación fuera de plazo o la presentación incorrecta de las declaraciones a que están obligados los sujetos pasivos y los responsables por razón de la gestión de los tributos locales, cuando no constituya infracción grave, se considerará de especial trascendencia para dicha gestión y se sancionará en la cuantía siguiente: b) La desatención en cualquiera de sus extremos de los requerimientos efectuados en la vía de gestión tributaria se sancionará con una multa de 150,00 euros. c) El importe contemplado en la letra b) anterior será de 300,00 euros cuando el infractor hubiese sido sancionado, durante los cinco años anteriores y mediante resolución firme, por una infracción simple por el mismo tributo o por dos infracciones simples por otros tributos municipales. Si los expedientes firmes fueran dos o más en el primer caso y tres o más en el segundo, la sanción será de 601,00 euros. 2. En el procedimiento de inspección tributaria, los casos tipificados en la normativa vigente como infracciones simples serán sancionados por cada hecho u omisión con las cantidades que a continuación se detallan: a) La falta de presentación, la presentación fuera de plazo o la presentación incorrecta de las declaraciones tributarias imprescindibles para que el Ayuntamiento pueda conocer la realización de los hechos imponibles, de sus tributos y practicar, si procediera, la correspondiente liquidación, cuando no constituya infracción grave, se sancionará con una multa de 300,00 euros. b) La desatención en cualquiera de los extremos de los requerimientos efectuados por el Servicio de Inspección Tributaria, siempre que no constituya circunstancia agravante de una infracción grave, se sancionará con una multa de 300,00 euros. c) Se entenderá que hay resistencia, negativa u obstrucción a la actuación inspectora cuando no se atiendan dos requerimientos consecutivos practicados para el inicio de las actuaciones que le son propias, así como cuando en el transcurso de éstas no se aporten los documentos, justificantes o antecedentes requeridos por dos veces para la práctica de la comprobación. d) El importe contemplado, en las letras a) y b) anteriores será de 600,00 euros cuando el infractor hubiese sido sancionado, durante los cinco años anteriores y mediante resolución firme, por una infracción simple por el mismo tributo o por dos infracciones simples por otros tributos municipales. Si los expedientes firmes fueran dos o más en el primer caso y tres o más en el segundo, la sanción será de 600,00 euros. e) El importe de las sanciones por la infracción simple tipificada en la letra a) anterior no excederá de la que hubiera resultado si estas conductas hubieran sido sancionadas por infracción grave. 3. En el procedimiento de recaudación se considerarán infracción simple: a) El incumplimiento de los deberes de suministrar datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria, deducidos de las relaciones de los obligados con terceras personas. La sanción será de 300,00 euros por cada dato omitido, falseado o incompleto que debiera figurar en las declaraciones, o ser aportado en virtud de los requerimientos efectuados. En el cómputo del importe global de las sanciones se tendrá en cuenta los límites establecidos a estos efectos en la Ley General Tributaria. b) El incumplimiento de las obligaciones de colaboración en la recaudación de tributos y en particular las obligaciones de ejecución de las órdenes de embargo, será sancionado con una multa de 300,00 euros. c) Se entenderá que hay resistencia, negativa u obstrucción a la actuación recaudadora cuando no se atienden dos requerimientos consecutivos con el mismo objeto. d) El importe contemplado en las letras a) y b) anteriores será de 600,00 € cuando el obligado haya sido sancionado, durante los cinco años anteriores por la misma conducta. La sanción será de 900,00 €, si los expedientes firmes fueran dos o más, en dicho período y en relación al mismo obligado. 4. Las infracciones simples no previstas en los apartados anteriores se sancionarán, con carácter general, en su grado mínimo. Art. 67 1. Son infracciones graves las que así se califican en la Ley General Tributaria y normativa de desarrollo. En particular tienen esta consideración las siguientes conductas: a) Dejar de ingresar, dentro de los plazos reglamentariamente señalados, la totalidad o parte de la deuda exigible por autoliquidación salvo que se presente declaración sin requerimiento previo, en cuyo caso procederá aplicar los recargos previstos en la Ley General Tributaria. b) No presentar, o presentar fuera de plazo previo requerimiento de los servicios de Gestión e Inspección Municipales de forma incompleta o incorrecta las declaraciones o documentos necesarios para que el ayuntamiento pueda practicar la liquidación de aquellos tributos que se exigen por el procedimiento de autoliquidación. c) Disfrutar u obtener indebidamente beneficios fiscales. 2. La sanción por infracción grave será de un 50 por 100, cuando concurran circunstancias agravantes, especificadas en la Ley General Tributaria, este porcentaje se incrementará en los puntos establecidos en dicho precepto. En particular incrementarán la sanción entre 10 y 25 puntos porcentuales, las siguientes conductas: a) Resistencia a la acción investigadora. b) Falta de presentación de declaraciones. 3. La cuantía de las sanciones por infracciones tributarias graves se reducirá en un 30 por 100 cuando el sujeto infractor o el responsable, manifiesten su conformidad con la propuesta de regularización que se les formule. 4. Se exigirán, asimismo, intereses de demora por el tiempo transcurrido entre la finalización del plazo voluntario de pago y el día que se practique la liquidación que regulariza la situación tributaria. 5. En todo caso para la determinación de las sanciones que correspondan a las infracciones graves se estará a lo previsto en la Ley General Tributaria y en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de Octubre, sobre el procedimiento para sancionar las infracciones tributarias. Art. 68 1. En materia de inspección de tributos serán de aplicación, con las adaptaciones necesarias a la Organización Municipal del Ayuntamiento de Valdemorillo, lo establecido en los artículos 141 a 146 de la Ley General Tributaria y lo establecido en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. 2. Corresponde a la Junta de Gobierno, sin perjuicio de las delegaciones que conforme a las leyes pueda realizar, la aprobación del Plan Municipal de Inspección, donde se señalarán los criterios generales para determinar las actuaciones a realizar por los órganos municipales competentes en materia de inspección tributaria. DISPOSICIONES FINALES Primera. En lo no regulado en esta Ordenanza, se estará al Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales; Ley General Tributaria y Reglamento General de Recaudación y demás normativa aplicable; asimismo se autoriza a la Alcaldía-Presidencia para dictar cuantas instrucciones sean necesarias para la aplicación de la presente Ordenanza. Segunda. Esta Ordenanza empezará a regir el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y continuará vigente mientras no se acuerde su derogación o modificación. Valdemorillo, a 7 de junio de 2012..La alcaldesa, Pilar López Partida. (03/20.642/12)
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid