IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA JUZGADO DE LO SOCIAL DE MADRID NÚMERO 36 198 Ejecución 120 de 2013 EDICTO CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Doña Araceli Crespo Pascual, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 36 de Madrid. Hago saber: Que en el procedimiento número 120 de 2013 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de doña Rebeca Rodríguez Huertas, frente a don Juan Pedro Pozo García, doña Silvia Higuera y “Del Pozo & Higuera, Comunidad de Bienes”, sobre ejecución forzosa, se han dictado las siguientes resoluciones: Auto En Madrid, a 28 de mayo de 2013. Parte dispositiva: Despachar orden general de ejecución de la sentencia a favor de la parte ejecutante doña Rebeca Rodríguez Huertas, frente a los demandados doña Silvia Higuera, “Del Pozo & Higuera, Comunidad de Bienes”, y don Juan Pedro Pozo García, parte ejecutada, por un principal de 1.963,68 euros, más 117,82 euros y 196,37 euros de intereses y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación. Notifíquese la presente resolución a las partes. Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, ante este Juzgado, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiere incurrido la resolución podrá deducirse oposición en los términos previstos en el artículo 239.4 de la Ley de la Jurisdicción Social, debiendo el recurrente que no sea trabajador o beneficiario del régimen de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad “Banesto”, número 2809/0000/64/0120/13. Así por este su auto lo acuerda, manda y firma la ilustrísima magistrada-juez de lo social doña Patricia Valle Lorenzo. Decreto En Madrid, a 28 de mayo de 2013. Parte dispositiva: En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo: Requerir a doña Silvia Higuera, “Del Pozo & Higuera, Comunidad de Bienes”, y don Juan Pedro Pozo García, a fin de que en el plazo de cinco días manifiesten relación de bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución que asciende a 1.963,68 euros en concepto de principal, 117,82 euros y 196,37 euros en concepto provisional de intereses de demora y costas. Deberán manifestar dicha relación con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deberán, asimismo, indicar las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes, y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de este que puedan interesar a la ejecución. Esta obligación incumbirá, cuando se trate de personas jurídicas, a sus administradores o a las personas que legalmente les representen, y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin personalidad a quienes aparezcan como sus organizadores, directores o gestores. En el caso de que los bienes estuvieran gravados con cargas reales deberán manifestar el importe del crédito garantizado y, en su caso, la parte pendiente de pago en esa fecha. En el caso de bienes inmuebles deberán indicar si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrán ser sancionados, cuando menos, por desobediencia grave en caso de que no presenten la relación de sus bienes, incluyan en ella bienes que no sean suyos, excluyan bienes propios susceptibles de embargo o no desvelen las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérseles también multas coercitivas periódicas. Proceder a la investigación judicial del patrimonio de los ejecutados. A tal efecto, se consultarán las bases de datos a las que tenga acceso este órgano judicial y se librarán los despachos pertinentes a los organismos y registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos los bienes o derechos de los deudores de los que tengan constancia, tras la realización por estos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles. Se recabará la información precisa, dentro de los límites del derecho a la intimidad personal, para lograr la efectividad de la obligación pecuniaria que se ejecuta de entidades financieras o depositarias o de otras personas privadas que por el objeto de su normal actividad o por sus relaciones jurídicas con los ejecutados deban tener constancia de los bienes o derechos de estos o pudieran resultar deudoras de los mismos. Se acuerda el embargo de las devoluciones tributarias que la Agencia Estatal de Administración Tributaria tenga pendientes de devolver a la parte ejecutada. A tal efecto, realícese la petición de cargo por requerimiento judicial a través de la “Cuenta de consignaciones judiciales”. Se acuerda el embargo de los saldos de doña Silvia Higuera, “Del Pozo & Higuera, Comunidad de Bienes”, y don Juan Pedro Pozo García a favor de los ejecutados en las entidades bancarias que arrojen saldo a su favor en cuanto sean suficientes para cubrir la suma de las cantidades reclamadas. Líbrense los oficios necesarios en las entidades bancarias y/o de crédito donde se hará constar la orden de retención y de puesta a disposición con los apercibimientos legales que para el caso de incumplimiento de esta orden pudiera incurrir el receptor de la misma, quien deberá expedir recibo acreditativo de la recepción de la orden y quien deberá hacer constar las cantidades que los ejecutados, en ese instante, dispusieren en tal entidad. Hágase saber a los ejecutados que conforme al auto que contiene la orden general de ejecución: a) Transcurridos tres meses del despacho de la ejecución sin que los ejecutados cumpliere en su integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento de la ejecutoria, se hubieren incumplido la obligación de manifestar bienes o se hubieren ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha manifestación, podrá incrementarse el interés legal a abonar en dos puntos. b) Si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación exigida contenida en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses procesales, si procedieran, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución judicial ejecutable o desde que el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, no se le impondrán las costas de la ejecución que se hubiere instado en aplicación de lo prevenido en el artículo 239.3 de la Ley de la Jurisdicción Social. Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del artículo 53.2 de la Ley de la Jurisdicción Social, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados y, en su caso, los profesionales designados señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el tribunal. La “Cuenta de consignaciones” del órgano judicial a efectos de pago será la número 2809/0000/64/0120/13, debiendo indicar en el campo “Concepto de pago”. Notifíquese la presente resolución a las partes. Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 2809/0000/64/0120/13. Así lo acuerdo y firmo. Doy fe..La secretaria judicial, Araceli Crespo Pascual. Se advierte a los destinatarios de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina judicial por el medio establecido al efecto, salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimiento o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento. Y para que sirva de notificación en legal forma a doña Silvia Higuera, “Del Pozo & Higuera, Comunidad de Bienes”, y don Juan Pedro Pozo García, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y tablón de anuncios del Juzgado. En Madrid, a 28 de mayo de 2013..La secretaria judicial (firmado). (03/18.905/13)
JUZGADO DE LO SOCIAL DE MADRID NÚMERO 36
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid