IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA JUZGADO DE LO SOCIAL DE MADRID NÚMERO 8 117 Ejecución 211 de 2012 EDICTO CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Doña Raquel Paz García de Mateos, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 8 de Madrid. Hago saber: Que en el procedimiento número 211 de 2012 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de doña Beatriz Cano Rodríguez, frente a don Julio Migueláñez Pérez de Siles, doña Sandra Sepúlveda Rodríguez, Fondo de Garantía Salarial, y “Postres de la Abuela, Sociedad Cooperativa”, sobre ejecución forzosa, se han dictado las siguientes resoluciones: Auto En Madrid, a 7 de noviembre de 2013. Parte dispositiva: Despachar orden general de ejecución del auto a favor de la parte ejecutante doña Beatriz Cano Rodríguez, frente a los demandados doña Sandra Sepúlveda Rodríguez, don Julio Migueláñez Pérez de Siles y “Postres de la Abuela, Sociedad Cooperativa”, parte ejecutada, por un principal de 11.913,57 euros y 2.382,70 euros de intereses y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación. Notifíquese la presente resolución a las partes. Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, ante este Juzgado, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiere incurrido la resolución podrá deducirse oposición en los términos previstos en el artículo 239.4 de la Ley de la Jurisdicción Social, debiendo el recurrente que no sea trabajador o beneficiario del régimen de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad “Banesto”, número 2506/0000/64/0211/12. Así por este su auto lo acuerda, manda y firma la ilustrísima magistrada-juez de lo social doña Pilar Varas García. Decreto En Madrid, a 7 de noviembre de 2013. Parte dispositiva: En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo: Requerir a la parte ejecutante para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la recepción de la presente proceda a aportar a este Juzgado el número de cédula de identificación fiscal de la empresa demandada “Postres de la Abuela, Sociedad Cooperativa”. Requerir a doña Sandra Sepúlveda Rodríguez, don Julio Migueláñez Pérez de Siles y “Postres de la Abuela, Sociedad Cooperativa”, a fin de que en el plazo de cinco días manifiesten relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución que asciende a 11.913,57 euros en concepto de principal y 2.382,70 en concepto provisional de intereses de demora y costas. Deberán manifestar dicha relación con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deberán, asimismo, indicar las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes, y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de este que puedan interesar a la ejecución. Esta obligación incumbirá, cuando se trate de personas jurídicas, a sus administradores o a las personas que legalmente les representen, y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin personalidad a quienes aparezcan como sus organizadores, directores o gestores. En el caso de que los bienes estuvieran gravados con cargas reales deberán manifestar el importe del crédito garantizado y, en su caso, la parte pendiente de pago en esa fecha. En el caso de bienes inmuebles deberán indicar si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrán ser sancionados, cuando menos, por desobediencia grave en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluyan en ella bienes que no sean suyos, excluyan bienes propios susceptibles de embargo o no desvelen las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérseles también multas coercitivas periódicas. Proceder a la investigación judicial del patrimonio de los ejecutados. A tal efecto, se consultarán las bases de datos a las que tenga acceso este órgano judicial y se librarán los despachos pertinentes a los organismos y registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos los bienes o derechos de los deudores de los que tengan constancia, tras la realización por estos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles. Se recabará la información precisa, dentro de los límites del derecho a la intimidad personal, para lograr la efectividad de la obligación pecuniaria que se ejecuta de entidades financieras o depositarias o de otras personas privadas que por el objeto de su normal actividad o por sus relaciones jurídicas con los ejecutados deban tener constancia de los bienes o derechos de estos o pudieran resultar deudoras de los mismos. Se acuerda el embargo de las devoluciones tributarias que la Agencia Estatal de Administración Tributaria tenga pendientes de devolver a las parte ejecutada. A tal efecto, realícese la petición de cargo por requerimiento judicial a través de la “Cuenta de consignaciones judiciales”. Se acuerda el embargo de los saldos de doña Sandra Sepúlveda Rodríguez, don Julio Migueláñez Pérez de Siles y “Postres de la Abuela, Sociedad Cooperativa”, a favor de los ejecutados en cuanto sean suficientes para cubrir la suma de las cantidades reclamadas. Se acuerda el embargo sobre el crédito que contra la empresa “Banco Mare Nóstrum, Sociedad Anónima”, ostenta el demandado don Julio Migueláñez Pérez de Siles por relaciones comerciales mantenidas con la misma en lo que sea suficiente a cubrir las cantidades por las cuales se ha despachado ejecución. A tal fin, líbrese el correspondiente oficio a la referida empresa al objeto de requerirle, bajo su personal responsabilidad, para que en el plazo máximo de cinco días proceda a dar cumplimiento de lo acordado, transfiriendo a la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de este Juzgado las cantidades adeudadas. Y, asimismo, adviértase: a) Que el pago que, en su caso, hiciere al demandado no será válido (artículo 1.165 del Código Civil) y que el efectuado en cumplimiento del presente requerimiento le libera de toda responsabilidad frente al acreedor. b) De las responsabilidades penales en que pueden incurrir quienes realicen cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo (artículo 257.1.2 del Código Penal). Hágase saber a los ejecutados que conforme al auto que contiene la orden general de ejecución: a) Transcurridos tres meses del despacho de la ejecución sin que los ejecutados cumplieren, en su integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación de manifestar bienes o se hubieren ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha manifestación, podrá incrementarse el interés legal a abonar en dos puntos. b) Si las parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación exigida contenida en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses procesales, si procedieran, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución judicial ejecutable o desde que el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, no se le impondrán las costas de la ejecución que se hubiere instado en aplicación de lo prevenido en el artículo 239.3 de la Ley de la Jurisdicción Social. Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del artículo 53.2 de la Ley de la Jurisdicción Social, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados y, en su caso, los profesionales designados señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el tribunal. La “Cuenta de consignaciones” del órgano judicial a efectos de pago será la número 2506/0000/64/0211/12, debiendo indicar en el campo “Concepto de pago”, “Banco cuenta consignaciones”. Requiérase al Registro de la Propiedad de Ciempozuelos a fin de que expida y se remita a este Juzgado nota simple informativa en la que se haga constar si existen inscritos en el mismo bienes o derechos susceptibles de embargo propiedad de los demandados don Julio Migueláñez Pérez de Siles y doña Sandra Sepúlveda Rodríguez, en caso afirmativo, se hagan constar los datos suficientes para el ulterior libramiento de mandamiento de embargo y sucinta referencia de sus cargas. Notifíquese la presente resolución a las partes. Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 2506/0000/64/0211/12. Así lo acuerdo y firmo. Doy fe..El secretario judicial, Rafael Lozano Terrazas. Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina judicial por el medio establecido al efecto, salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimiento o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento. Y para que sirva de notificación en legal forma a “Postres de la Abuela, Sociedad Cooperativa”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. En Madrid, a 8 de noviembre de 2013..La secretaria judicial (firmado). (03/37.581/13)
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid