IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO SOCIAL

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 36 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María José Ortiz Rodríguez, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 36 de Madrid.

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha en el procedimiento de ejecución número 82 de 2005 de este Juzgado de lo social, a instancias de don Derly Torres Restrepo, por un principal que resta de pago de 1.119,03 euros, más 181,33 euros y 290,13 euros provisionalmente calculados para costas e intereses, por el presente se anuncia a la venta en pública subasta, por término de veinte días, de la siguiente finca propiedad del ejecutado don Jesús Artero Polo, casado con doña María Inmaculada Olayo Yestera, con carácter ganancial:

Finca número 9.544, sita en calle Idioma Esperanto, número 12, 28017 Madrid, consistente en plaza número 36 del local destinado a garaje-aparcamiento, inscrita en el Registro de la Propiedad número 30 de Madrid, al folio 88, libro 250 de la Sección Primera, y justipreciada en 16.842,11 euros, y que ha sido embargada a don Jesús Artero Polo, casado con doña María Inmaculada Olayo Yestera, con carácter ganancial.

La subasta se celebrará el día 16 de septiembre de 2009, a las diez y treinta horas de su mañana, en la Sala de audiencias de este Juzgado, sito en calle Orense, número 22, conforme a las siguientes

Condiciones:

1.a  La valoración de la finca a efectos de la subasta, una vez practicada la liquidación de cargas, es de 13.468,40 euros.

2.a  La certificación registral y, en su caso, la titulación del inmueble que se subasta está de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado.

3.a  Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación existente o que no existan títulos.

4.a  Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes, y que por el solo hecho de participar en la subasta el licitador los admite y queda subrogado en la responsabilidad derivada de aquellos, si el remate se adjudicare a su favor.

5.a  Para tomar parte en la subasta los postores deberán presentar resguardo acreditativo de haber depositado en la cuenta corriente de “Depósitos y consignaciones” abierta en “Banesto”, sito en calle Orense, número 19, con el número 2809, o haber prestado aval bancario con las firmas debidamente legalizadas por el 30 por 100 del valor que se haya dado a los bienes con arreglo al artículo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo consignar, asimismo, en dicho resguardo si, en su caso, han recibido en todo o en parte cantidades de un tercero.

Las cantidades depositadas por los postores no se devolverán hasta la aprobación del remate, excepto la que corresponda al mejor postor, la cual se reservará en depósito como garantía del cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del precio de la venta (artículo 652 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

El ejecutante solo podrá tomar parte en la subasta cuando existan licitadores, pudiendo mejorar las posturas que se hicieren sin necesidad de consignar cantidad alguna (artículo 647.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

6.a  Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado, al que deberá acompañar el resguardo de haber realizado la consignación a que se refiere la condición anterior (artículo 648 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

7.a  Solo la adquisición o adjudicación practicada a favor de los ejecutantes o de los responsables legales solidarios o subsidiarios podrá efectuarse en calidad de ceder a tercero (artículos 264 de la Ley de Procedimiento Laboral y 647.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

8.a  En cualquier momento anterior a la aprobación del remate o de la adjudicación al acreedor, podrá el deudor liberar sus bienes pagando íntegramente lo que se deba al ejecutante por principal, costas e intereses (artículo 670.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

9.a  Si la adquisición en subasta o adjudicación en pago se realizan a favor de parte de los ejecutantes y el precio de adjudicación no es suficiente para cubrir todos los créditos de los restantes acreedores, los créditos de los adjudicatarios solo se extinguirán hasta la concurrencia de la suma que sobre el precio de adjudicación debería serles atribuida en el reparto proporcional. De ser inferior el precio, deberán los acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metálico (artículo 266 de la Ley de Procedimiento Laboral).

10.  La situación posesoria del inmueble es la siguiente.

11.  Si la mejor postura fuera igual o superior al 70 por 100 del valor por el que el bien hubiera salido a subasta, se aprobará el remate a favor del mejor postor. En el plazo de veinte días el rematante habrá de consignar en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” la diferencia entre lo depositado y el precio total del remate (artículo 670.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Si fuera el ejecutante quien hiciera la mejor postura igual o superior al 70 por 100 del valor por el que el bien hubiese salido a subasta, aprobado el remate, se procederá por la secretaria judicial a la liquidación de lo que se deba por principal, intereses y costas y, notificada esta liquidación, el ejecutante consignará la diferencia, si la hubiese (artículo 670.2).

Si solo se hicieran posturas superiores al 70 por 100 del valor por el que el bien hubiera salido a subasta, pero ofreciendo pagar a plazos con garantías suficientes bancarias o hipotecarias del precio aplazado, se hará saber al ejecutante, quien en los veinte días siguientes podrá pedir la adjudicación del inmueble por el 70 por 100 del valor de salida. Si el ejecutante no hiciere uso de este derecho se aprobará el remate a favor de la mejor de aquellas posturas con las condiciones de pago y garantías ofrecidas por la misma (artículo 670.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Cuando la mejor postura ofrecida en la subasta sea inferior al 70 por 100 por el que el bien hubiere salido a subasta, podrá el ejecutado en el plazo de diez días presentar tercero que mejore la postura, ofreciendo cantidad superior al 70 por 100 del valor de tasación o que, aun siendo inferior a dicho importe, resulte suficiente para lograr la completa satisfacción del derecho del ejecutante.

Transcurrido el indicado plazo sin que el ejecutado realice lo previsto en el párrafo anterior, el ejecutante podrá en el plazo de cinco días pedir la adjudicación del inmueble por el 70 por 100 de dicho valor o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, siempre que esta cantidad sea superior a la mejor postura.

Cuando el ejecutante no haga uso de esta facultad se aprobará el remate a favor del mejor postor, siempre que la cantidad que haya ofrecido supere el 50 por 100 del valor de tasación, o siendo inferior, cubra al menos la cantidad por la que se haya despachado la ejecución, incluyendo la previsión para intereses y costas. Si la mejor postura no cumpliese estos requisitos, el tribunal, oídas las partes, resolverá sobre la aprobación del remate (artículo 670.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Quien resulte adjudicatario del bien inmueble conforme a lo previsto anteriormente habrá de aceptar la subsistencia de las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiese, y subrogarse en la responsabilidad derivada de ello (artículo 670.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

12.  Por el mero hecho de participar en la subasta se entenderá que los postores aceptan como suficiente la titulación que consta en los autos o que no exista titulación y que aceptan, asimismo, subrogarse en las cargas anteriores al crédito por el que se ejecuta, en caso de que el remate se adjudique a su favor.

13.  De resultar desierta la subasta tendrán los ejecutantes o, en su defecto, los responsables legales solidarios o subsidiarios el derecho a adjudicarse los bienes por el 25 por 100 del avalúo, dándose a tal fin el plazo común de diez días. De no hacerse uso de ese derecho se alzará el embargo (artículo 262.b) de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

14.  Para cualquier información o consulta los interesados pueden dirigirse al Juzgado, y en lo que no conste publicado puede ser objeto de consulta en la Ley y en los autos, considerándose cumplido lo dispuesto en el artículo 646 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

En Madrid, a 4 de mayo de 2009.—La secretaria judicial (firmado).

(01/1.704/09)