I. COMUNIDAD DE MADRID

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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Intentada sin efecto la notificación de la Orden 5284/2009, de 16 de diciembre, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por don Carlos Fernández Salgado, contra la Resolución de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de 27 de marzo de 2009, procede su publicación a los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Visto el recurso de alzada interpuesto por don Carlos Fernández Salgado, contra la Resolución de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de 27 de marzo de 2009, dictada en el expediente RBE-28-48412, se constatan los siguientes

HECHOS

Primero

Con fecha 9 de febrero de 2008 don Carlos Fernández Salgado presenta solicitud de reconocimiento del derecho a la renta básica de emancipación regulada por el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre.

Segundo

Una vez analizada la documentación aportada, en relación con los requisitos necesarios para acreditar el derecho a la ayuda, se pone de manifiesto que no existe domiciliación bancaria del pago del alquiler en alguna de las entidades colaboradoras y, asimismo, no existe domiciliación bancaria de la ayuda en alguna de las entidades colaboradoras en el momento de la solicitud.

En consecuencia, con fecha 27 de marzo de 2009 el ilustrísimo señor Director General de Vivienda y Rehabilitación dicta Resolución mediante la que se deniega a don Carlos Fernández Salgado el derecho a obtener la renta básica de emancipación de los jóvenes.

Tercero

Contra la citada Resolución don Carlos Fernández Salgado ha interpuesto recurso de alzada (dentro del plazo legalmente establecido) en el que alega, en síntesis, disconformidad con la Resolución impugnada.

Cuarto

La Dirección General de Vivienda y Rehabilitación ha emitido el informe a que se refiere el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, proponiendo la desestimación del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La competencia para resolver el recurso de alzada interpuesto corresponde a la Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 41.g) y 57 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid.

Segundo

En cuanto a las cuestiones de fondo, el recurrente manifiesta, en síntesis, disconformidad con la Resolución impugnada.

En relación con lo alegado, el artículo 3.3.c) del Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la renta básica de emancipación de los jóvenes, dispone “Para percibir la renta básica de emancipación serán requisitos imprescindibles (...) la domiciliación bancaria de esta ayuda en alguna de las entidades de crédito colaboradoras del Ministerio de Vivienda”.

Pues bien, una vez acreditado que el solicitante no acredita domiciliación bancaria del pago de alquiler en alguna de las entidades colaboradoras, se procedió a dictar Resolución denegando la ayuda.

En consecuencia, de conformidad con el informe emitido por la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación en el que se propone desestimar el recurso de alzada interpuesto y a propuesta de la Secretaría General Técnica,

DISPONGO

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Carlos Fernández Salgado, contra la Resolución de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de fecha 27 de marzo de 2009, dictada en el expediente RBE-28-48412.

Lo que se le notifica, significándole que la Orden transcrita agota la vía administrativa y que contra la misma procederá, en su caso, recurso contencioso-administrativo, a interponer en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos.

Madrid, a 10 de febrero de 2010.—El Secretario General Técnico, Alfonso Moreno Gómez.

(03/7.116/10)