III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE SALVANÉS

RÉGIMEN ECONÓMICO

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Ordenanza gestión tributos locales

En la sesión plenaria celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento el 25 de noviembre de 2011, se acordó la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de la gestión, recaudación e inspección de tributos locales, cuyo texto se incorpora al final del presente anuncio.

Visto el acuerdo descrito, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 17.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se abre un período de información pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta días contados a partir de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, a fin de que pueda ser examinada y presentar las alegaciones y sugerencias que se estimen pertinentes, estando de manifiesto el expediente durante el indicado plazo en la Secretaría de este Ayuntamiento, segunda planta del Ayuntamiento (plaza España, número 1).

A tenor de lo establecido en el artículo 49.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el supuesto de no presentarse alegaciones se entenderá definitivamente aprobada la detallada ordenanza.

TITULO I: NORMAS TRIBUTARIAS DE CARÁCTER GENERAL.

CAPÍTULO ÚNICO.- PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1. Objeto

Este Ayuntamiento, haciendo uso de la potestad reglamentaria que le atribuye el artículo 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece la presente Ordenanza, que contiene las normas generales de gestión, recaudación e inspección, referente a todos los tributos que constituyen el régimen fiscal de este Ayuntamiento, con sujeción al Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y sin perjuicio de la aplicación de la Ley General Tributaria, y demás disposiciones concordantes y complementarias.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Esta Ordenanza se aplicará, en los términos contenidos en la misma, en todo el territorio municipal, desde su entrada en vigor hasta su derogación o modificación, obligando a todas las personas físicas o jurídicas susceptibles de derechos y obligaciones fiscales, así como a los entes colectivos que, sin personalidad jurídica, sean capaces de tributación por ser centro de imputación de rentas, propiedades o actividades.

Artículo 3. Potestad tributaria

La potestad tributaria del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés deviene de lo impuesto por la ley y en concreto por lo dispuesto en el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 4. Principios de ordenación y aplicación del sistema tributario

La aplicación del sistema tributario del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés se basará en los principios de proporcionalidad, eficacia y asegurará el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios.

Artículo 5. Interpretación de las normas tributarias

Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3.1 del Código Civil. Los términos empleados en las normas tributarias se entenderán conforme a su sentido jurídico, técnico o usual.

No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible, de las exenciones y demás beneficios de incentivos fiscales.

Artículo 6. Concepto de tributo

Los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por el Ayuntamiento.

Los tributos se clasifican en:

a) Tasas.

b) Contribuciones especiales.

c) Impuestos.

TITULO II: TRIBUTOS MUNICIPALES.

CAPÍTULO I.- RELACIÓN JURÍDICO-TRIBUTARIA

Artículo 7. Obligación tributaria principal

La obligación tributaria principal tiene por objeto el pago de la cuota tributaria.

Artículo 8. Hecho imponible

El hecho imponible es el presupuesto fijado por la ley y la ordenanza fiscal correspondiente en su caso, para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal. Las Ordenanzas de cada tributo podrán completar la delimitación del hecho imponible mediante la mención de supuestos de no sujeción.

Artículo 9. Devengo

El devengo es el momento en que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria.

Artículo 10. Obligaciones tributarias accesorias

1. Son obligaciones tributarias accesorias satisfacer el interés de demora, los recargos por declaración fuera de plazo y los recargos del período ejecutivo.

Las sanciones tributarias no tienen la consideración de obligaciones accesorias.

2. El interés de demora se exigirá en los siguientes casos:

— Cuando finalice el plazo del pago en período voluntario de una deuda o del importe de una sanción y no se hubiera realizado el ingreso.

— Cuando finalice el plazo para la presentación de una autoliquidación o declaración sin que la misma se haya presentado, salvo que se trate de declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo.

— Cuando se inicie el período ejecutivo.

— Cuando el obligado tributario haya obtenido una devolución improcedente.

3. Los recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo serán del 5, 10 ó 15 por ciento según si la presentación se realiza dentro de los 3, 6 ó 12 meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación e ingreso.

Dicho recargo es compatible con los recargos e intereses del período ejecutivo.

3. Los recargos del período ejecutivo se devengan desde el inicio de dicho período y son de tres tipos:

a) Recargo ejecutivo – Será del 5%

b) Recargo de apremio reducido – Será del 10%

c) Recargo de apremio ordinario – Será del 20%

CAPÍTULO II.- DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 11. Obligaciones y deberes de la Administración tributaria.

1. El Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés está sujeto al cumplimiento de las obligaciones de contenido económico establecidas en la Ley General Tributaria. Tienen esta naturaleza la obligación de realizar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, la de devolución de ingresos indebidos, la de reembolso de los costes de las garantías y la de satisfacer los intereses de demora.

2. El Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés está sujeto, además, a los deberes establecidos en la Ley General Tributaria en relación con el desarrollo de los procedimientos tributarios y en el resto del ordenamiento jurídico.

3. El Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés devolverá las cantidades que procedan de acuerdo con lo previsto en la normativa de cada tributo. Transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo y, en todo caso, el plazo de seis meses, sin que se hubiera ordenado el pago de la devolución por causa imputable al Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés, éste abonará el interés de demora, sin necesidad de que el obligado lo solicite. A estos efectos el interés de demora se devengará desde la finalización de dicho plazo hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.

Cuando el contribuyente realizara un pago al que no estuviera obligado, al tiempo que así lo reconozca, acordará de oficio su devolución, salvo que aquel tuviera deudas en apremio con la Hacienda Municipal, en cuyo caso se procedería a su compensación, conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 12. Reembolso de los costes de las garantías

1. El Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés reembolsará, previa acreditación de su importe, el coste de las garantías aportadas para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda si dicho acto o deuda es declarado improcedente por sentencia o resolución administrativa firme.

2. Con el reembolso de los costes de las garantías, el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés abonará el interés legal vigente a lo largo del período en el que se devengue sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite. A estos efectos el interés legal se devengará desde la fecha debidamente acreditada en que se hubiese incurrido en dichos costes hasta la fecha en que se ordene el pago.

3. El procedimiento de reembolso y la forma de determinar el coste de las garantías se ajustará en su tramitación conforme a lo dispuesto por el Real Decreto 136/2000 de 4 de febrero que desarrolla parcialmente la Ley 1/1998 de 26 de febrero de derechos y garantías de los contribuyentes.

Artículo 13. Devolución de ingresos no tributarios

1. Las devoluciones de ingresos indebidos que sean consecuencia de actos de gestión de ingresos de derecho público no tributarios, en defecto de normativa específica que regule las mismas, se tramitará conforme a lo previsto en el artículo 84.3 de esta Ordenanza.

2. Las devoluciones de ingreso de derecho privado que en su caso, deba efectuar el Ayuntamiento se tramitarán de acuerdo con lo establecido en la Ley General Presupuestaria; consecuentemente la devolución deberá tener lugar en el plazo de tres meses contados desde el día del reconocimiento de la obligación. Si no se paga en ese plazo, la Administración deberá abonar interés desde que el acreedor reclame por escrito el cumplimiento de la obligación.

3. No se abonarán intereses de demora en las devoluciones de ingresos por obligaciones que, con posterioridad a su liquidación dejarán de ser exigibles conforme a derecho. El acuerdo de reconocimiento del derecho a la devolución se dictará en el plazo de seis meses.

CAPÍTULO III.- OBLIGADOS TRIBUTARIOS

Artículo 14. Obligados tributarios

1. Son obligados ante la Hacienda Municipal las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa de cada tributo impone el cumplimiento de obligaciones tributarias.

2. Entre otros tienen la consideración de obligados tributarias:

a) Los contribuyentes

b) Los sustitutos del contribuyente

c) Los sucesores

d) Así como cualquiera otros de acuerdo con la Ley 58/2003, General Tributaria.

3. Tendrán la consideración de obligados tributarios cuando así lo establezca una Ley, las herencias yacentes, comunidades de bienes, y demás entidades que carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado.

También son obligados tributarios los responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria.

4. Cuando se dé el supuesto de varios obligados tributarios en una misma deuda y la administración sólo conozca la identidad de un titular practicará y notificará las liquidaciones tributarias a nombre del mismo, quien las tiene que satisfacer salvo que solicite la división para lo que debe facilitar los datos personales y el domicilio de los restantes obligados al pago, así como la proporción en que cada uno de ellos participe.

Artículo 15. Derechos y garantías de los obligados tributarios

Los obligados tributarios tienen los siguientes derechos:

a) Derecho a ser informado sobre sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

b) Derecho a obtener devoluciones de ingresos indebidos

c) Derecho a ser reembolsado del coste de los avales y demás garantías.

d) Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte.

e) Derecho a conocer la identidad de las autoridades bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos.

f) Derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones presentadas ante el Ayuntamiento, así como a obtener copia sellada de los documentos presentados, para lo que deben presentar en el Ayuntamiento dichas copias para su cotejo.

g) Derecho a no presentar los documentos que ya obren en poder de la Administración, indicando no obstante para qué procedimiento los presentó y en qué fecha.

h) Derecho al carácter reservado de los datos que aporte.

i) Derecho a ser tratado con el debido respeto.

j) Derecho a que cuando tenga que intervenir en el procedimiento tributario, dicha intervención se realice del modo menos gravoso.

k) Derecho a formular alegaciones y a ser oído dentro del trámite de audiencia.

l) Derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición o transmisión.

m) Derecho al reconocimiento de los beneficios fiscales que le sean de aplicación.

n) Derecho a formular quejas y sugerencias.

o) Derecho a obtener copia, abonando el coste de la misma, de los documentos que integren el expediente administrativo en el trámite de puesta de manifiesto del mismo.

p) Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación o inspección sobre la naturaleza y alcance de dichas actuaciones, así como sus derechos y obligaciones en el curso de dichas actuaciones.

Artículo 16. Sujetos pasivos: contribuyente y sustituto del contribuyente

1. Es sujeto pasivo el obligado tributario que debe cumplir las obligaciones tributarias, ya sea como contribuyente o como sustitutivo del mismo.

2. Es contribuyente el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible.

3. Es sustituto el sujeto pasivo que está obligado a cumplir la obligación tributaria, en lugar del contribuyente, si bien el sustituto podrá exigir del contribuyente el importe satisfecho.

Artículo 17. Sucesores de personas físicas

A la muerte de los obligados tributarios, las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los herederos, sin perjuicio de lo que establece la legislación civil.

Artículo 18. Sucesores de personas jurídicas

Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad jurídica disueltas y liquidadas, se transmitirán a los socios, partícipes o cotitulares hasta límite de responsabilidad patrimonial por los mismos asumido.

Artículo 19. Responsabilidad tributaria

1. La normativa tributaria de aplicación a cada tributo podrá acoger a personas o entidades distintas de los deudores principales como responsables solidarios o subsidiarios.

2. Salvo norma expresa, la responsabilidad será siempre subsidiaria y alcanzará a la totalidad de la deuda tributaria.

3. La responsabilidad por norma general, no alcanzará a las sanciones.

4. La derivación de la acción administrativa para exigir el pago a los responsables requerirá un acto administrativo en el que, previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad y se determine en alcance y extensión, si bien requiere con carácter previo se declare fallido al deudor principal y a los responsables solidarios.

Artículo 20. Responsables solidarios

1. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes personas:

— Las que sean causantes o colaboradores activamente en la realización de una infracción tributaria. En este caso la responsabilidad también se extiende a la sanción.

— Los partícipes o cotitulares de herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, en proporción a sus participaciones.

— Los que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones contraídas por el anterior titular y derivadas de su ejercicio.

Dicho supuesto no se dará cuando la adquisición tenga lugar en un procedimiento concursal.

2. También serán responsables solidarios del pago las siguientes personas o entidades:

— Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la administración municipal.

— Las que por culpa o negligencia incumplan las órdenes de embargo.

— Las que, conociendo la existencia de un embargo municipal u otra garantía, colaboren o consientan en el levantamiento de los bienes o datos, objeto de embargo o sobre los que hubiera constituido la garantía.

— Las personas o entidades depositarias de los bienes del deudor, que una vez recibida la notificación del embargo colaboren o consientan en el levantamiento de aquellos.

Artículo 21. Responsables subsidiarios

Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:

- Los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que hayan cometido infracciones tributarias, cuando no hubiesen realizado los actos objeto de su responsabilidad, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, por la persona jurídica. Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones.

- Los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que hayan cesado sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieren hecho lo necesario para el pago.

- Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones.

- Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria.

Artículo 22. Capacidad de obrar

Tendrán capacidad de obrar en el orden tributario municipal, las personas que la tengan conforme a derecho, los menores de edad y los incapacitados, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

Artículo 23. Representación legal

1. En el caso de carecer de capacidad de obrar se actuará ante la Hacienda Municipal mediante representante legal.

2. Para las personas jurídicas el representante legal será el designado por ley o por acuerdo de la persona jurídica.

3. Para las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que carezcan de personalidad jurídica, si bien constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, cuando no se haya designado representante, se considerará por la Hacienda Municipal representante el que aparentemente ejerza la gestión o dirección y en su defecto cualquiera de los miembros.

Artículo 24. Representación voluntaria.

Los obligados tributarios con capacidad de obrar pueden actuar por medio de representante, extremo que deberá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho o mediante comparecencia personal del interesado ante la Hacienda municipal.

La falta de ineficiencia de poder no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate.

Artículo 25. Domicilio fiscal

1. El domicilio fiscal es el lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración Tributaria Municipal.

2. El domicilio fiscal será:

a) Personas físicas: el lugar donde tengan su residencia habitual.

b) Personas jurídicas: el domicilio social y siempre que en dicho domicilio esté centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios.

c) Entidades del artículo 35.4 Ley General Tributaria: Será igual que para las personas jurídicas.

3. Los obligados tributarios deberán comunicar a la Hacienda Municipal su domicilio fiscal y el cambio del mismo. El cambio no producirá efectos hasta que se haya realizado dicha comunicación.

CAPÍTULO IV.- CUANTIFICACIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA

Artículo 26. Cuantificación de la obligación tributaria

La obligación tributaria se determinará a partir de la base imponible, el tipo de gravamen y los demás elementos recogidos en la presente Ordenanza.

Artículo 27. Base imponible

1. La base imponible es la magnitud que resulta de la medición o valoración del hecho imponible.

2. La base imponible podrá determinarse por:

a) Estimación directa: la Hacienda Municipal utilizará las declaraciones o documentos presentados.

b) Estimación objetiva: tiene carácter voluntario para los interesados y siempre que la normativa de cada tributo lo permita.

c) Estimación indirecta: la Hacienda Municipal utilizará este sistema cuando no pueda disponer de los datos necesarios para la determinación de la base imponible por que el interesado no ha presentado las declaraciones o lo ha hecho de modo inexacto.

3. Con carácter general la base imponible se determinará por estimación directa.

Artículo 28. Base liquidable

La base liquidable es el resultado de aplicar a la base imponible las reducciones establecidas por la normativa.

Artículo 29. Tipo de gravamen

El tipo de gravamen es la cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica a la base liquidable, al objeto de obtener la cuota íntegra.

Artículo 30. Cuota

1. La cuota íntegra se determinará:

a) Aplicando el tipo de gravamen a la base liquidable.

b) Según cantidad señalada al efecto.

2. La cuota líquida será el resultado de aplicar a la cuota íntegra las deducciones y bonificaciones, previstas para cada tributo.

CAPÍTULO V.- DEUDA TRIBUTARIA

Artículo 31. Deuda tributaria

1. La deuda tributaria está constituida por la cuota a ingresar que resulte de la obligación tributaria.

2. Además, la deuda tributaria estará integrada, en su caso, por:

— Interés de demora

— Recargos por declaración extemporánea.

— Recargos del período ejecutivo.

— Recargos exigibles legalmente sobre las bases o cuotas a entregar a otros entes públicos.

3. Las sanciones tributarias no forman parte de la deuda tributaria.

Artículo 32. Extinción de la deuda tributaria.

1. Las deudas tributarias podrán extinguirse por pago, prescripción, compensación o condonación y por los demás previstos en las leyes.

2. El pago, la compensación o la condonación tienen efectos liberatorios exclusivamente por el importe pagado, compensado o condonado.

Artículo 33. Formas de pago

1. El pago de la deuda tributaria se efectuará en efectivo, aunque cuando así se disponga reglamentariamente cabe que se haga en efectos timbrados.

2. El pago de la deuda tributaria en efectivo se realizará mediante:

— Ingreso en efectivo o transferencia bancaria a las cuentas bancarias de titularidad municipal designadas por el Ayuntamiento. En este caso se debe especificar la deuda tributaria concreta a la que el ingreso corresponda.

— El pago de los tributos periódicos objeto de notificación colectiva podrá realizarse mediante la domiciliación en establecimientos bancarios, ajustándose a las siguientes condiciones:

a) Solicitud a la Hacienda Municipal, bien directamente por el obligado al pago, bien a través de entidades colaboradoras.

b) Las domiciliaciones bancarias tendrán validez por tiempo indefinido, pudiendo los interesados en cualquier momento cambiarlas o anularlas, siempre previo conocimiento de la Hacienda Municipal.

c) Las domiciliaciones surtirán efecto en el mismo ejercicio si aún no han sido remitidas a las entidades colaboradoras los recibos correspondientes. Caso contrario surtirán efecto para el ejercicio siguiente.

d) Para que se pueda conceder la bonificación por abono anticipado de tributos, se debe domiciliar el pago de los tributos.

3. Podrá admitirse el pago en especie cuando una Ley lo prevea expresamente.

Artículo 34. Plazos para el pago

1. Las deudas tributarias resultantes de una autoliquidación deberán pagarse en el momento o plazo señalado en la ordenanza fiscal del correspondiente tributo.

2. Cuando las deudas resulten de liquidaciones practicadas por el Ayuntamiento, el pago en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos:

a) Si la notificación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste fuera inhábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

3. Los padrones se elaborarán por los Servicios de Recaudación del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés, correspondiendo a la Intervención su fiscalización y toma de razón.

La aprobación de padrones es competencia de la Junta de Gobierno.

Los padrones fiscales, conteniendo las cuotas a pagar y los elementos tributarios determinantes de las mismas, se expondrán al público en las oficinas municipales quince días antes de iniciarse los respectivos periodos de cobro y por el plazo de un mes.

La exposición pública de los padrones podrá efectuarse por medios telemáticos.

Durante el período de exposición pública, los ciudadanos en general podrán consultar los datos del padrón. Fuera de dicho periodo, será preciso acreditar interés legítimo de la consulta para que la misma sea autorizada.

Las variaciones de las deudas tributarias u otros elementos tributarios originados por la aplicación de modificaciones introducidas en la ley y las ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos, o resultantes de declaraciones de variación reglamentarias que haya de presentar el sujeto pasivo, serán notificadas colectivamente, al amparo de lo que prevé el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.

Contra la exposición pública de los padrones, y el contenido de estos, se podrá interponer recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la finalización del periodo de exposición pública del padrón.

El pago en período voluntario de las tributos periódicos de notificación colectiva se realizará dentro del plazo establecido por cada tributo, a efectos de lo cual, el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés aprobará anualmente el calendario del contribuyente donde se recogerán los plazos de ingreso de dichos tributos periódicos.

El calendario fiscal se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en el tablón de edictos del Ayuntamiento y por Internet, desde la página web municipal.

El anuncio del calendario del contribuyente podrá cumplir, además de la función de dar a conocer la exposición pública de padrones, la de publicar el anuncio de cobranza a que se refiere el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.

Para que el anuncio de cobranza cumpla tal finalidad, se harán constar también los siguientes extremos:

a) El plazo del ingreso.

b) La modalidad de cobro utilizable

c) Los lugares días y horas de ingreso.

d) La advertencia de que, transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

4. Una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio, el pago de la deuda tributaria deberá efectuarse en los siguientes plazos:

a) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación, hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación, hasta el día 5 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

5. Si la normativa lo permite, el ingreso de la deuda de un obligado tributario podrá suspenderse total o parcialmente, sin aportación de garantía y a solicitud de éste, si otro obligado tributario presenta una declaración de la que resulte una cantidad a devolver, con indicación de que la cantidad a devolver se destine a la cancelación de la deuda cuya suspensión se quiere.

Artículo 35. Aplazamiento y fraccionamiento del pago

1. Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo podrán fraccionarse o aplazarse según la presente Ordenanza y previa solicitud del obligado tributario.

2. La presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en período voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo, pero no el devengo del interés de demora.

Las solicitudes en período ejecutivo podrán presentarse hasta el momento en que se notifique al obligado el acuerdo de enajenación de los bienes embargados.

3. Los aplazamientos y fraccionamientos se tramitarán previa petición de los obligados de acuerdo con las siguientes normas:

a) La Hacienda Municipal podrá exigir que se constituya a su favor aval solidario de entidad de crédito o sociedad recíproca o certificado de seguro de caución.

b) Cuando no sea posible obtener la garantía del apartado anterior, la Hacienda Municipal podrá admitir como garantía hipoteca, prenda, fianza personal y solidaria u otra que se estime suficiente.

c) Cabe la dispensa de garantías cuando:

— Las deudas sean inferiores a la cuantía que se fije reglamentariamente.

— El obligado carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda.

d) Las deudas tributarias que se aplacen o fraccionen devengarán en su caso el interés de demora correspondiente.

e) En todo caso el fraccionamiento o aplazamiento de las deudas tributarias no podrá exceder del ejercicio natural en que se soliciten

f) Los fraccionamientos concedidos se abonarán mensualmente entre los días 1 y 10 de cada mes, mediante domiciliación bancaria facilitada por el interesado. En el caso de no abono de uno de los plazos, se considerarán vencidas las fracciones pendientes exigiéndose el abono de la totalidad de la deuda tributaria.

g) En los aplazamientos, el abono de la deuda aplazada se deberá igualmente realizar entre los días 1 al 10 del mes. Si llegado el vencimiento del plazo no se procede a su abono se seguirá el procedimiento de apremio para su abono.

h) Cuando la deuda aplazada o fraccionada se garantice con aval solidario o seguro de caución, el interés de demora exigible será el interés legal que corresponda hasta la fecha de su ingreso.

i) La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se dirigirá a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés y en la misma se debe recoger:

— Identificación del obligado tributario.

— Deuda tributaria para la que se solicita.

— Plazo/os de aplazamiento o fraccionamiento que se solicita.

— Garantías.

4. En todo lo no regulado en el presente artículo se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y normas reglamentarias sobre la materia.

Artículo 36. Justificación del pago de la deuda.

1. El que pague una deuda tendrá derecho a que se le entregue un justificante del pago realizado.

Los justificantes del pago en efectivo serán:

— Los recibos.

— Las cartas de pago.

— Los justificantes debidamente diligenciados por los Bancos y Cajas de Ahorro autorizados.

— Los resguardos provisionales oficiales de los ingresos motivados por certificaciones de descubierto.

— Las certificaciones de los recibos, cartas de pago y resguardos provisionales.

— Cualquier otro documento al que se otorgue expresamente por el Ayuntamiento carácter de justificante de pago.

2. El pago de las deudas tributarias solamente se justificará mediante la exhibición del documento que, de los enumerados anteriormente, proceda.

3. Los justificantes de pago deberán indicar, al menos las siguientes circunstancias:

— Nombre y apellidos, razón social o denominación del deudor.

— Domicilio

— Concepto tributario y período a que se refiere.

— Cantidad.

— Fecha de cobro.

— Órgano que lo expide.

Artículo 37. Prescripción

Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:

a) Derecho de la Hacienda Municipal para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

b) Derecho para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas.

c) Derecho a solicitar las devoluciones de ingresos y el reembolse del coste de las garantías.

d) Derecho a obtener las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

Artículo 38. Cómputo de los plazos de prescripción

1. El plazo de prescripción comenzará a contarse en los siguientes plazos:

— En el caso a), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo establecido para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación.

— En el caso b), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de pago en período voluntario, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo.

— En el caso c), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para solicitar la correspondiente devolución derivada de la normativa de cada tributo o, en defecto de plazo, desde el día siguiente a aquel en que dicha devolución pudo solicitarse; desde el día siguiente a aquel en que se realizó el ingreso indebido o desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la autoliquidación si el ingreso indebido se realizó dentro de dicho plazo; o desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la sentencia o resolución administrativa que declare total o parcialmente improcedente el acto impugnado.

— En el caso d), desde el día siguiente a aquel en que finalicen los plazos establecidos para efectuar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo o desde el día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo donde se reconozca el derecho a percibir la devolución o el reembolso del coste de las garantías.

2. El plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables solidarios comenzará a contarse desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en período voluntario del deudor principal, salvo prescripción legal en contrario.

Tratándose de responsables subsidiarios, el plazo de prescripción comenzará a computarse desde la notificación de la última actuación recaudatoria practicada al deudor principal o a cualquiera de los responsables solidarios.

Artículo 39. Interrupción de los plazos de prescripción.

1. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el apartado a) del artículo 37 se interrumpe por:

a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria.

b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado tributario en el curso de dichas reclamaciones o recursos, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal o por la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, así como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso.

c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria.

2. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el apartado b) del artículo 37 de esta Ordenanza se interrumpe por:

a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, dirigida de forma efectiva a la recaudación de la deuda tributaria.

b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado en el curso de dichas reclamaciones o recursos, por la declaración del concurso del deudor o por el ejercicio de acciones civiles o penales dirigidas al cobro de la deuda tributaria, así como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso.

c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente al pago o extinción de la deuda tributaria.

3. El plazo de prescripción del derecho al que se refiere el párrafo c) del artículo 37 de esta Ordenanza se interrumpe:

a) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario que pretenda la devolución, el reembolso o la rectificación de su autoliquidación.

b) Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o recursos de cualquier clase.

4. El plazo de prescripción del derecho al que se refiere el párrafo d) del artículo 37 de esta Ordenanza se interrumpe por:

a) Por cualquier acción de la Administración tributaria dirigida a efectuar la devolución o el reembolso.

b) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario por la que exija el pago de la devolución o el reembolso.

c) Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o recursos de cualquier clase.

4. Producida la interrupción, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de prescripción, salvo lo establecido en el apartado siguiente.

5. Cuando el plazo de prescripción se hubiera interrumpido por la interposición del recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, por el ejercicio de acciones civiles o penales, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción competente o la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal o por la recepción de una comunicación judicial de paralización del procedimiento, el cómputo del plazo de prescripción se iniciará de nuevo cuando la Administración tributaria reciba la notificación de la resolución firme que ponga fin al proceso judicial o que levante la paralización, o cuando se reciba la notificación del Ministerio Fiscal devolviendo el expediente.

6. Cuando el plazo de prescripción se hubiera interrumpido por la declaración del concurso del deudor, el cómputo del plazo de prescripción se iniciará de nuevo en el momento de aprobación del convenio concursal para las deudas tributarias no sometidas al mismo. Respecto a las deudas tributarias sometidas al convenio concursal, el cómputo del plazo de prescripción se iniciará de nuevo cuando aquéllas resulten exigibles al deudor. Si el convenio no fuera aprobado, el plazo se reiniciará cuando se reciba la resolución judicial firme que señale dicha circunstancia.

Lo dispuesto en este apartado no será aplicable al plazo de prescripción del derecho de la Administración tributaria para exigir el pago cuando no se hubiera acordado la suspensión en vía contencioso-administrativa.

7. Interrumpido el plazo de prescripción para un obligado tributario, dicho efecto se extiende a todos los demás obligados, incluidos los responsables. No obstante, si la obligación es mancomunada y sólo se reclama a uno de los obligados tributarios la parte que le corresponde, el plazo no se interrumpe para los demás.

Si existieran varias deudas liquidadas a cargo de un mismo obligado al pago, la interrupción de la prescripción sólo afectará a la deuda a la que se refiera.

Artículo 40. Extensión y efectos de la prescripción

1. La prescripción ganada aprovecha por igual a todos los obligados al pago de la deuda tributaria.

2. La prescripción se aplicará de oficio, incluso en los casos en que se haya pagado la deuda tributaria, sin necesidad de que la invoque o alegue el obligado tributario.

3. La prescripción ganada extingue la deuda tributaria.

Artículo 41. Compensación

1. Las deudas tributarias de un obligado tributario podrán extinguirse total o parcialmente por compensación con créditos reconocidos por acto administrativo a favor del mismo obligado.

2. La compensación se acordará de oficio o a instancia del obligado tributario.

Artículo 42. Compensación del obligado tributario

1. El obligado tributario podrá solicitar la compensación de las deudas tributarias que se encuentren tanto en período voluntario de pago como en período ejecutivo.

2. La presentación de una solicitud de compensación en período voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo de la deuda concurrente con el crédito ofrecido, pero no el devengo del interés de demora que pueda proceder, en su caso, hasta la fecha de reconocimiento del crédito.

3. La extinción de la deuda tributaria se producirá en el momento de la presentación de la solicitud o cuando se cumplan los requisitos exigidos para las deudas y los créditos, si este momento fuera posterior a dicha presentación. El acuerdo de compensación declarará dicha extinción.

Artículo 43. Compensación de oficio

1. La Administración tributaria municipal compensará de oficio las deudas tributarias que se encuentren en período ejecutivo.

Asimismo, se compensarán de oficio durante el plazo de ingreso en período voluntario las cantidades a ingresar y a devolver que resulten de un mismo procedimiento de comprobación limitada o inspección o de la práctica de una nueva liquidación por haber sido anulada otra anterior de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

2. La extinción de la deuda tributaria se producirá en el momento de inicio del período ejecutivo o cuando se cumplan los requisitos exigidos para las deudas y los créditos, si este momento fuera posterior. El acuerdo de compensación declarará dicha extinción.

3. En el supuesto previsto en el párrafo segundo del apartado 1 de este artículo, la extinción se producirá en el momento de concurrencia de las deudas y los créditos.

Artículo 44. Condonación

Las deudas tributarias sólo podrán condonarse en virtud de Ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen.

Artículo 45. Baja provisional por insolvencia

1. Las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los respectivos procedimientos de recaudación por insolvencia probada, total o parcial, de los obligados tributarios se darán de baja en cuentas en la cuantía procedente, mediante la declaración del crédito como incobrable, total o parcial, en tanto no se rehabiliten dentro del plazo de prescripción.

2. La deuda tributaria se extinguirá si, vencido el plazo de prescripción, no se hubiera exigido la misma.

CAPÍTULO VI.- GARANTÍAS DE LA DEUDA TRIBUTARIA

Artículo 46. Derecho de prelación

1. La Hacienda Pública Municipal tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública Municipal, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

2. En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, quedarán sometidos a lo dispuesto en la Ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal.

Artículo 47. Hipoteca legal tácita

En los tributos que graven periódicamente los bienes o derechos inscribibles en un registro público o sus productos directos, ciertos o presuntos, la entidad local tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor o adquirente, aunque éstos hayan inscrito sus derechos, para el cobro de las deudas devengadas y no satisfechas correspondientes al año natural en que se exija el pago y al inmediato anterior.

Artículo 48. Afección de bienes

1. Los adquirentes de bienes afectos por Ley al pago de la deuda tributaria responderán subsidiariamente con ellos, por derivación de la acción tributaria, si la deuda no se paga.

2. Los bienes y derechos transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las cantidades, liquidadas o no, correspondientes a los tributos que graven tales transmisiones o adquisiciones, cualquiera que sea su poseedor, salvo que éste resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo título, en establecimiento mercantil o industrial, en el caso de bienes muebles no inscribibles.

TITULO III: APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS LOCALES.

CAPÍTULO I.- CONCEPTOS GENERALES

Artículo 49. Iniciación de los procedimientos tributarios

1. Las actuaciones y procedimientos tributarios podrán iniciarse de oficio o a instancia del obligado tributario, mediante autoliquidación, declaración, comunicación, solicitud o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria.

2. En el desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios, la Administración facilitará en todo momento a los obligados tributarios el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

3. Para la práctica de la prueba no será necesaria la apertura de un período específico ni la comunicación previa de las actuaciones a los interesados.

4. Las actuaciones de la Administración en los procedimientos de aplicación de los tributos se documentarán en comunicaciones o requerimientos, diligencia para hacer constar hechos o manifestaciones de los interesados, informes y otros documentos previstos en la normativa específica de cada procedimiento.

5. Pondrá fin a los procedimientos tributarios la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se fundamente la solicitud, la imposibilidad material de continuarlas por causas sobrevenidas, la caducidad, el cumplimiento de la obligación que hubiera sido objeto de requerimiento o cualquier otra causa prevista en el ordenamiento tributario.

Artículo 50. Las liquidaciones tributarias: concepto y clases

1. La liquidación tributaria es el acto resolutorio mediante el cual el órgano competente de la Administración realiza las operaciones de cuantificación necesarias, y determina el importe de la deuda tributaria o de la cantidad que, en su caso, resulte a devolver o a compensar de acuerdo con la normativa tributaria.

La Administración no estará obligada a ajustar las liquidaciones a los datos consignados por los obligados tributarios en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro documento.

1. Las liquidaciones tributarias serán provisionales o definitivas.

2. Tendrán las consideración de definitivas:

a) Las practicadas en el procedimiento inspector previa comprobación o investigación de la totalidad de los elementos de la obligación tributaria, salvo cuando proceda formular distintas propuestas de liquidación en relación con una misma obligación.

b) Las demás a las que la normativa tributaria así los declare.

3. En todos los demás casos, las liquidaciones serán provisionales.

4. Las liquidaciones se notificarán con expresión de:

a.) La identificación del obligado tributario.

b.) Los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria.

c.) La motivación de las mismas cuando no se ajusten a los datos consignados por el obligado tributario o a la aplicación o interpretación normativa realizada por el mismo, con expresión de los hechos y elementos esenciales que los originen, así como de los fundamentos de Derecho.

d.) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición.

e.) El lugar, plazo y forma de pago.

f.) Su carácter de provisional o definitiva.

Artículo 51. Obligación de resolver

1. El Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés está obligado a resolver expresamente todas las cuestiones que se planteen en los procedimientos de aplicación tributaria, así como a notificar dicha resolución.

2. No existirá tal obligación en los procedimientos que terminen por desistimiento, renuncia, pérdida sobrevenida del objeto, caducidad, y en que aquellos relativos a ejercicios de derechos que sólo deben ser comunicados.

Artículo 52. Plazos de resolución y efectos de la falta de resolución expresa

1. El plazo máximo para notificar la resolución expresa, a excepción del procedimiento de apremio, no podrá exceder de seis meses, salvo que esté establecido por Ley o por norma comunitaria europea.

Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen plazo máximo, éste será de seis meses.

El plazo se contará:

a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la notificación del acuerdo de inicio.

b) En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, desde la fecha de entrada de los documentos en el registro del órgano competente.

2. Para acreditar el cumplimiento de la obligación de notificar en plazo la resolución expresa, bastará que conste fehacientemente un intento de notificación que contenga el texto íntegro del acuerdo.

Las dilaciones en el procedimiento por causa imputable a la Administración tributaria no se incluirán en el cómputo del plazo de resolución.

3. En los procedimientos iniciados a instancia de parte, y en defecto del régimen de actos presuntos que por la normativa específica del procedimiento tributario, los interesados podrán entender estimadas sus solicitudes por silencio administrativo, salvo las formuladas en los procedimientos de ejercicio del derecho de petición a que se refiere el artículo 29 de la Constitución y en los de impugnación de actos y disposiciones, en los que el silencio tendrá efecto desestimatorio.

Cuando se produzca la paralización del procedimiento por causa imputable al obligado tributario, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses podrá declarar la caducidad del mismo.

4. De la misma manera, en los procedimientos iniciados de oficio, a falta de regulación expresa, se producirán los siguientes efectos:

a) Si se trata de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los obligados tributarios podrán entender desestimados por silencio administrativo los posibles efectos favorables derivados del procedimiento.

b) En los procedimientos susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad del procedimiento.

5. La caducidad será declarada de oficio o a instancia del interesado, ordenándose el archivo de las actuaciones. Las actuaciones realizadas, y las pruebas obtenidas en los procedimientos caducados, tendrán validez en otros que se inicien con posterioridad. La caducidad no produce, por sí sola, la prescripción de los derechos de la Administración, pero las actuaciones realizadas no interrumpirán el plazo de prescripción, ni se considerarán requerimientos administrativos a los efectos de los recargos por declaración extemporánea.

Artículo 53. Notificaciones en materia tributaria

1. Las notificaciones se regirán por las normas administrativas con las especialidades contenidas en este artículo y en el siguiente.

2. Las notificaciones se practicarán:

a) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el lugar de notificación será el señalado a estos efectos por el obligado tributario o su representante, o en su defecto, el domicilio fiscal de uno u otro .

b) En los procedimientos iniciados de oficio, podrá practicarse en el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante, en el centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier otro adecuado a tal fin.

3. Cuando la notificación se practique en el lugar señalado al efecto por el obligado tributario o su representante, o en el domicilio fiscal de uno o de otro, de no hallarse presente en el momento de la entrega, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en dicho lugar o domicilio y haga constar su identidad, así como los empleados de la comunidad de vecinos o de propietarios donde radique el domicilio de notificación.

4. El rechazo de la notificación por el obligado o su representante implicará que se tenga por efectuada la misma.

Artículo 54. Notificación por comparecencia

1. Cuando no sea posible efectuar la notificación al obligado tributario o a su representante por causas no imputables a la Administración e intentado al menos dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado si se trata de procedimiento iniciado a instancia del mismo, se harán constar en el expediente las circunstancias de los intentos de notificación. Será suficiente un solo intento cuando el destinatario conste como desconocido.

En este supuesto, se citará al obligado o a su representante para ser notificados por comparecencia por medios de anuncios que se publicarán una sola vez para cada interesado, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M.). Dicha publicación se efectuará los días 5 y 20 de cada mes, o, en su caso, el día inmediato hábil posterior.

2. En la publicación en el B.O.C.M. constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que lo motiva, el órgano competente de su tramitación y el lugar y plazo en el que deberá comparecer para ser notificado. En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida.

3. Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entienda notificado por comparecencia, se le tendrá por notificado en las sucesivas actuaciones y diligencias del procedimiento, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento. No obstante, las liquidaciones y los acuerdos de enajenación deberán ser notificados.

CAPÍTULO II.- PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA

Artículo 55. La gestión tributaria

La Gestión Tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a:

a) La recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos y demás documentos con trascendencia tributaria.

b) La comprobación y realización de las devoluciones previstas en la normativa tributaria.

c) El reconocimiento y comprobación de la procedencia de los beneficios fiscales.

d) La realización de actuaciones de control del cumplimiento de la obligación de presentar declaraciones tributarias y otras obligaciones formales.

e) La realización de actuaciones de verificación de datos y de comprobación limitada.

f) La práctica de liquidaciones tributarias derivadas de las actuaciones del apartado anterior.

g) La emisión de certificados tributarios.

h) La elaboración y mantenimiento de los censos tributarios.

i) La información y asistencia tributaria.

j) Las demás actuaciones de aplicación de los tributos no integradas en las funciones de inspección y recaudación.

Artículo 56. Formas de iniciación de la gestión tributaria

1. De acuerdo con lo previsto en la normativa tributaria, la gestión de los tributos se iniciará:

a) Por una autoliquidación, por una comunicación de datos o por cualquier otra clase de declaración.

b) Por una solicitud del obligado tributario.

c) De oficio por la Administración Tributaria.

Artículo 57. Declaración tributaria

Se considerará declaración tributaria todo documento presentado ante la Administración Tributaria donde se reconozca o manifieste la realización de cualquier hecho relevante para la aplicación de los tributos.

La presentación de una declaración no implica aceptación o reconocimiento por el obligado tributario de la procedencia de la obligación tributaria.

Artículo 58. Autoliquidaciones

Las autoliquidaciones son declaraciones en las que los obligados tributarios, además de comunicar a la Administración los datos necesarios para la liquidación de tributos y otros de contenido informativo, realizan por sí mismas las operaciones de calificación y cuantificación necesarias para determinar e ingresar el importe de la deuda tributaria.

Artículo 59. Comunicaciones

Por comunicación de datos se entenderá la declaración presentada, para que la Administración Tributaria determine la cantidad que, en su caso, resulte a devolver.

CAPÍTULO II.- GESTIÓN DE TRIBUTOS PERIÓDICOS

Artículo 60. Elaboración del padrón fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles

1. El padrón fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se elaborará en base al padrón catastral formado por la Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, al que se incorporarán las alteraciones consecuencia de hechos o actos conocidos por el Ayuntamiento y en los términos convenidos con éste.

2. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en los bienes gravados surtirán efecto en el período impositivo siguiente a aquél en que tuvieran lugar, sin que dicha eficacia quede supeditada a la notificación de los actos administrativos correspondientes, incorporándose en el padrón correspondiente a dicho período si de los mismos no ha derivado modificación de la base imponible.

3. A efectos de determinar las cuotas tributarias que deben figurar en el padrón, se aplicarán los tipos impositivos aprobados por el Ayuntamiento y, en su caso, el coeficiente de actualización de valores catastrales aprobado por Ley de Presupuestos Generales del Estado. No será preciso proceder a la notificación individualizada de tales modificaciones puesto que las mismas proceden de la Ordenanza Fiscal reglamentariamente tramitada y de una Ley estatal de general y obligatoria aplicación.

Artículo 61. Elaboración del padrón fiscal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

1. El padrón fiscal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se formará en base al padrón del año anterior, incorporando las altas y los efectos de otras modificaciones (transferencias, cambios de domicilio y bajas) sucedidas en el ejercicio inmediatamente anterior, y de las que el Ayuntamiento tenga conocimiento.

2. No será preciso proceder a la notificación individualizada de las modificaciones originadas por variación del coeficiente de incremento, o del cuadro de tarifas por Ley de Presupuestos Generales del Estado, ya que las mismas proceden de la Ordenanza Fiscal reglamentariamente tramitada y de una Ley Estatal de general y obligatoria aplicación.

Artículo 62. Elaboración del padrón fiscal del Impuesto sobre Actividades Económicas

1. El padrón fiscal del Impuesto sobre Actividades Económicas (I.A.E.) se elaborará en base a la matrícula de contribuyentes formada por el Ayuntamiento, en virtud de la asunción de la delegación de la gestión censal del impuesto efectuada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 19 de diciembre de 1995. A esta matrícula de contribuyentes se incorporarán las alteraciones que se produzcan a consecuencia de hechos o actos conocidos por el Ayuntamiento, según lo establecido en el Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero por el que se dictan normas para la gestión del I.A.E. y se regula la delegación de competencias en materia de gestión censal del Impuesto.

2. Sobre las cuotas municipales fijadas en las tarifas del impuesto, se aplicará en todo caso, el coeficiente de ponderación determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo, y sobre la cuota resultante se aplicará el coeficiente de situación en los términos fijados en los artículo 86 y 87 de Ley de Haciendas Locales.

3. Las variaciones en la cuota tributaria originadas por modificaciones de los coeficientes referidos en el punto anterior, o por variación de las tarifas del impuesto aprobadas por Ley de Presupuestos Generales del Estado, no precisarán de notificación individualizada, ya que las mismas proceden de la Ordenanza Fiscal reglamentariamente tramitada y de una Ley estatal de general y obligatoria aplicación.

Artículo 63. Elaboración de padrones fiscales de las Tasas municipales.

1. En materia de Tasas los padrones se elaborarán en base al padrón del ejercicio anterior, incorporando las modificaciones derivadas de la variación de tarifas aprobadas en la Ordenanza Fiscal, así como otras incidencias que no constituyan alteración de los elementos esenciales determinantes de la deuda tributaria y que fueran conocidas por el Ayuntamiento.

2. Las variaciones en la cuota tributaria originadas por modificación de las tarifas contenidas en la Ordenanza Fiscal no precisan de notificación individualizada, en cuanto dicha Ordenanza ha sido expuesta al público y tramitada reglamentariamente.

CAPÍTULO III.- GESTIÓN DE TRIBUTOS NO PERIÓDICOS

Artículo 64. Procedimiento iniciado mediante declaración

1. Cuando la normativa del tributo así lo establezca, la gestión del mismo se iniciará mediante la presentación de una declaración. No obstante, la Administración podrá iniciarlo de nuevo dentro del plazo de prescripción, en el supuesto de que el procedimiento iniciado mediante declaración hubiera terminado por caducidad.

2. La liquidación deberá notificarse en un plazo de seis meses desde el día siguiente al de finalización del plazo para la presentación de la declaración o desde el siguiente al de comunicación administrativa de inicio del procedimiento de oficio, y, en el caso de la presentación de declaraciones extemporáneas, desde el día siguiente al de su presentación.

3. Para la práctica de la liquidación la Administración Tributaria podrá utilizar los datos consignados por el obligado tributario en su declaración o cualquier otro que obre en su poder, podrá requerir al obligado para que aclare los datos consignados en su declaración o presente justificante de los mismos.

Cuando se hayan realizado las actuaciones mencionadas y los valores o datos tenidos en cuenta por la Administración Tributaria no se correspondan con los consignados por el obligado en su declaración, deberá hacerse mención expresa de esta circunstancia en la propuesta de liquidación, que deberá notificarse, con una referencia sucinta a los hechos y fundamentos de Derecho que lo motiven, para que el obligado alegue lo que convenga a su derecho, en el plazo de quince días.

No se exigirán intereses de demora desde la presentación de la declaración hasta la finalización del plazo para el pago en período voluntario, sin perjuicio de las sanciones que procedan conforme al artículo 192 de la Ley General Tributaria.

4. El procedimiento terminará por alguna de las siguientes causas:

a) Por liquidación provisional practicada por la Administración Tributaria.

b) Por caducidad una vez transcurrido el plazo del apartado 2 sin haberse notificado la liquidación, pudiendo la Administración iniciar de nuevo el procedimiento dentro del plazo de prescripción.

Artículo 65. Procedimiento iniciado mediante autoliquidación

1. Cuando así lo establezca la Ordenanza del tributo, su gestión podrá iniciarse mediante la presentación por el obligado tributario de una autoliquidación. Dicha autoliquidación podrá ser objeto de verificación y comprobación por la Administración, que practicará, en su caso, la liquidación que proceda de acuerdo con la normativa reguladora de dichos procedimientos.

2. Si el obligado tributario considera que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos podrá instar la rectificación de la misma.

La rectificación de la autoliquidación podrá dar lugar a una devolución derivada de la normativa del tributo o a un ingreso indebido, debiendo abonar intereses de demora en los términos de los artículos 30 y 31, de la Ley General Tributaria, respectivamente.

3. Los obligados tributarios podrán presentar autoliquidaciones complementarias, o declaraciones o comunicaciones complementarias o sustitutivas, dentro del plazo establecido para su presentación o con posterioridad a la finalización de dicho plazo siempre que no haya prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda.

Las autoliquidaciones complementarias se podrán presentar cuando de ellas resulte un importe a ingresar superior al de la autoliquidación anterior o una cantidad a devolver o compensar inferior a la anteriormente autoliquidada.

CAPÍTULO IV.- PRECIOS PÚBLICOS

Artículo 66. Creación y modificación de Precios Públicos

El establecimiento y modificación de los precios públicos corresponderá:

a) Al Pleno de la Entidad.

b) A los Organismos Autónomos establecidos por esta Corporación Municipal, por los servicios o actividades a cargo de los mismos, salvo cuando los precios no cubran el coste de aquellos servicios o actividades. Siendo competente para fijarlos el órgano colegiado de mayor entidad del organismo correspondiente, conforme a lo previsto en sus Estatutos.

c) A los Consorcios constituidos por este Ayuntamiento, a menos que otra cosa se diga en sus Estatutos, por los servicios o actividades a cargo de los mismos y siempre que los precios públicos cubran el coste de dichos servicios. El órgano competente para fijarles será el de carácter colegiado de mayor rango según sus Estatutos.

En los supuestos b y c de este artículo, los órganos autónomos y los consorcios enviarán al Ayuntamiento copia de la propuesta del precio público y del estado económico del que se desprenda que los precios públicos cubren el importe del servicio.

CAPÍTULO V.- OTROS CRÉDITOS

Artículo 67. Créditos de Derecho Público

1. Además de los precios públicos, el Ayuntamiento es titular de otros créditos de derecho público, para cuya realización se dictan algunas reglas en el presente capítulo.

2. Para la cobranza de estas cantidades, el Ayuntamiento ostenta las prerrogativas establecidas legalmente y podrá aplicar el procedimiento recaudatorio fijado en el Reglamento General de Recaudación; todo ello, en virtud de lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley de Haciendas Locales, en relación con los artículos 31 y 32 de la Ley General Presupuestaria.

3. La recaudación de los ingresos de Derecho Público no tributarios se realizará conforme a lo previsto en el Reglamento General de Recaudación, excepto cuando la normativa particular del ingreso regule de modo diferente los plazos de pago, u otros aspectos del procedimiento. En este caso, las actuaciones del órgano recaudatorio se ajustarán a lo previsto en dichas normas.

Artículo 68. Cuotas de Urbanización

1. En aquellos sistemas de actuación en los cuales el Ayuntamiento tenga encargada la gestión urbanística se aplicaran las siguientes puntualizaciones en materia recaudatoria:

a) Los propietarios de terrenos afectados por una actuación urbanística están obligados a sufragar los costes de urbanización, a cuyo efecto el Ayuntamiento liquidará cuotas de urbanización.

b) La exacción de las cuotas de urbanización se podrá realizar por la vía de apremio, según prevé el artículo 65 del Reglamento de Gestión Urbanística.

Los procedimientos de ejecución y apremio se dirigirán contra los bienes de los propietarios que no hubieran cumplido sus obligaciones y, en caso de insolvencia de los mismos, contra la Asociación administrativa de propietarios.

2. Si la Asociación de contribuyentes o Junta de Compensación lo solicita y el Ayuntamiento lo considera conveniente, se podrán ejercer las facultades referidas en el punto anterior a favor de la Asociación o Junta y contra los propietarios que incumplieran los compromisos contraídos con ella.

3. Cuando la ejecución de la unidad de actuación se realice por el sistema de compensación, la Junta de Compensación será directamente responsable frente al Ayuntamiento de la realización de las obras de urbanización.

4. Cuando el Ayuntamiento transfiera a las Entidades urbanísticas el importe de las cuotas recaudadas, podrá deducir una cantidad en concepto de compensación de costes originados por el ejercicio de las funciones recaudatorias. Dicha compensación no se verá afectada por la repercusión del IVA, toda vez que se trata de la realización de una función pública ejercitada directamente por el Ayuntamiento.

Artículo 69. Cuotas de conservación

1. Si se hubieran constituido entidades de conservación urbanística, el Ayuntamiento en su condición de titular de los terrenos de dominio público, exigirá por la vía de apremio las cuotas que se adeudan a la Entidad de conservación, a solicitud de la misma.

2. El importe de la recaudación se entregará a la Entidad encargada de la conservación, de conformidad con lo que prevé el artículo 70 del Reglamento de Gestión Urbanística.

3. Cuando el Ayuntamiento transfiera a las Entidades urbanísticas el importe de las cuotas recaudadas, podrá deducir una cantidad en concepto de compensación de costes originados por el ejercicio de las funciones recaudatorias. Dicha compensación no se verá afectada por la repercusión del IVA, toda vez que se trata de la realización de una función pública ejercitada directamente por el Ayuntamiento.

Artículo 70. Indemnizaciones por incumplimientos contractuales

1. El adjudicatario de la realización de obras municipales que ocasione daños y perjuicios como consecuencia de la ejecución de aquéllas, o bien por la demora en su conclusión, vendrá obligado a indemnizar al Ayuntamiento.

2. El importe de tal indemnización se detraerá de la fianza definitiva que hubiera constituido el contratista y, si la misma no alcanzara a cubrir la cuantía de la responsabilidad, se exaccionará por la vía de apremio la suma no cubierta. El particular que ocasione daños en los bienes de uso o servicio público, vendrá obligado a su reparación conforme a las normas y según el procedimiento establecido al efecto por el Ayuntamiento.

Artículo 71. Reintegro de subvenciones

1. Si el Ayuntamiento concediera una subvención finalista, cuya aplicación no ha sido correctamente justificada, exigirá que se acredite el destino de la misma.

2. Verificada la indebida aplicación, total o parcial, se requerirá el reintegro de la suma no destinada a la finalidad por que se concedió. Si tal reintegro no tiene lugar en el plazo que se señale, podrá ser exigido en vía de apremio.

3. En el supuesto de realización de un pago indebido, tan pronto como sea conocida tal situación por la Intervención, se requerirá el perceptor para que reintegre su importe en el término que se señala.

Si se incumpliese esta obligación, el reintegro se exigirá en vía de apremio.

Artículo 72. Multas

1. Las multas que se impongan por infracción de ordenanzas municipales, se exaccionarán por el procedimiento recaudatorio regulado en el Reglamento General de Recaudación, en los términos establecidos por el artículo. 2.2 de la Ley de Haciendas Locales.

2. El plazo de prescripción, se regirá por lo que dispongan las normas especificas de procedimiento con arreglo a las cuales se determinaron la imposición de las multas y, en defecto de estas, a lo establecido en la Ley 47/2003 de 26 de noviembre (Ley General Presupuestaria).

CAPÍTULO VI.- PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN

Artículo 73. Procedimiento de verificación de datos

1. La Administración podrá iniciar el procedimiento de comprobación en los supuestos siguientes:

a) Cuando la declaración o autoliquidación adolezca de defectos formales o incurra en errores aritméticos. Cuando los datos declarados no coincidan con los contenidos en otras declaraciones presentadas por el mismo obligado o con los que obren en poder de la Administración Tributaria

b) Cuando se aprecie una aplicación indebida de la normativa que resulte patente en la propia declaración presentada o de los justificantes aportados.

c) Cuando se requiera la aclaración o justificación de algún dato relativo a la declaración o autoliquidación presentada, siempre que no se refiera al desarrollo de actividades económicas.

2. Se podrá iniciar mediante requerimiento de la Administración para que el obligado aclare o justifique la discrepancia observada o los datos de la propia declaración o autoliquidación. También mediante la notificación de la propuesta de liquidación cuando la Administración cuente con datos suficientes.

Con carácter previo a la práctica de la liquidación provisional, la Administración deberá notificar al obligado la propuesta de liquidación para que alegue lo que corresponda a su derecho; dicha propuesta será motivada con una referencia sucinta a los hechos y fundamentos de Derecho que la sustenten.

3. El procedimiento terminará:

a) Por resolución en la que se indique que no procede practicar liquidación provisional o en la que se consignen los defectos advertidos.

b) Por liquidación provisional.

c) Por caducidad.

d) Por subsanación, aclaración o justificación de la discrepancia o del dato objeto de requerimiento.

e) Por inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de inspección.

Artículo 74. La comprobación limitada

En el procedimiento de comprobación limitada la Administración Tributaria podrá comprobar los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria.

Para efectuar la comprobación solo se podrán utilizar las actuaciones siguientes:

a) Examen de los datos consignados en las declaraciones y los justificantes presentados o requeridos.

b) Examen de los registros y documentos exigidos por las normas tributarias, y cualquier libro oficial, salvo la contabilidad mercantil, así como las facturas y documentos justificativos de las operaciones incluidas en dicho libro, registro o documento.

c) Requerimientos a terceros para que aporten o ratifiquen la información que están obligados a suministrar con carácter general, no pudiendo ser extensiva a movimientos financieros. No obstante, podrá solicitarse al obligado tributario la justificación documental de operaciones financieras que tengan relevancia en la base o en la cuota.

Las actuaciones no podrán realizarse fuera de las oficinas de la Administración, salvo en los supuestos establecidos reglamentariamente, al objeto de realizar comprobaciones censales o relativos a la aplicación de métodos objetivos.

Artículo 75. Procedimiento de comprobación limitada

1. El Procedimiento de comprobación limitada se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, y deberá ser notificado a los obligados tributarios mediante comunicación. Si los datos obrantes en poder de la Administración fueran suficientes, podrá iniciarse mediante la notificación de la propuesta de liquidación.

2. Con carácter previo a la práctica de la liquidación provisional, la Administración deberá comunicar al obligado tributario la propuesta de liquidación para que alegue lo que convenga a su derecho.

3. La duración máxima es de seis meses. Si vence dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, se produce su caducidad. También podrá terminar por inicio de un procedimiento inspector que incluya el objeto de comprobación limitada. De recaer resolución expresa su contenido se ajustará a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 139 de la Ley General Tributaria.

4. Finalizada la comprobación no se podrá efectuar una nueva regularización en relación con el objeto comprobado, a no ser que, en un procedimiento de comprobación limitada o inspección posterior se descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas de los realizados y especificados en dicha resolución.

CAPÍTULO VII.- CONCESIÓN DE BENEFICIOS FISCALES

Artículo 76. Exenciones y bonificaciones

No se otorgarán otras exenciones, bonificaciones o reducciones que las concretamente establecidas o autorizadas por la ley. En este último caso la ordenanza fiscal del respectivo tributo deberá regular los supuestos de concesión de beneficios tributarios, sin que en ningún caso pueda admitirse la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito de las exenciones o bonificaciones.

Artículo 77.- Procedimiento de concesión

1. Sin perjuicio de lo establecido en la normativa reguladora de cada tributo, en los casos en que el beneficio fiscal haya de concederse a instancia de parte, la solicitud deberá presentarse:

a) Cuando se trate de tributos periódicos gestionados mediante padrón o matrícula, en el plazo establecido en la respectiva Ordenanza para la presentación de las preceptivas declaraciones de alta o modificación.

Una vez otorgado, el beneficio fiscal se aplicará en las sucesivas liquidaciones en tanto no se alteren las circunstancias de hecho o de derecho que determinaron su otorgamiento.

b) Cuando se trate de tributos en los que se encuentre establecido el régimen de autoliquidación, en el plazo de presentación de la correspondiente autoliquidación o declaración-liquidación.

c) En los restantes casos, en los plazos de presentación de la correspondiente declaración tributaria o al tiempo de la presentación de la solicitud del permiso o autorización que determine el nacimiento de la obligación tributaria, según proceda.

d) Si la solicitud del beneficio se presentare dentro de los plazos a que se refiere el número anterior, su reconocimiento surtirá efecto desde el nacimiento de la obligación tributaria correspondiente al período impositivo en que la solicitud se formula. En caso contrario, el disfrute del beneficio no alcanzará a las cuotas devengadas con anterioridad a la fecha en que dicha solicitud se presente.

e) Cuando se trate de beneficios fiscales que han de otorgarse de oficio, se aplicaran en el momento de practicar la liquidación por el interesado, o desde la fecha de la concurrencia de los requisitos que habiliten para su disfrute, siempre que se disponga de la información acreditativa de los mismos.

f) La prueba de la concurrencia de los requisitos establecidos por la normativa de cada tributo, para el disfrute de los beneficios fiscales, corresponderá al sujeto pasivo.

2. Recibida en el Ayuntamiento solicitud de beneficios fiscal, su contenido será analizado por el Departamento de Recaudación, que formulará propuesta de resolución. El acuerdo de concesión o denegación se podrá adoptar en el plazo de seis meses contados desde la fecha de la solicitud. La no resolución en este plazo producirá el efecto de desestimación de la solicitud formulada.

3. Los actos de concesión o reconocimiento de beneficios fiscales que estén condicionados al cumplimiento de ciertas condiciones futuras o a la efectiva concurrencia de determinados requisitos no comprobados en el procedimiento en que se dictaron tendrán carácter provisional. La Administración tributaria podrá comprobar en un posterior procedimiento de aplicación de los tributos la concurrencia de tales condiciones o requisitos y, en su caso, regularizar la situación tributaria del obligado sin necesidad de proceder a la previa revisión de dichos actos provisionales conforme a los procedimientos de revisión establecidos al efecto.

Artículo 78. Bonificación genérica de tributos

1. Se concederá una bonificación del 5 por ciento de la cuota tributaria a los contribuyentes que fraccionen y domicilien las deudas tributarias de las que sean titulares, correspondientes a dicho ejercicio, derivadas de tributos de carácter periódico.

Para que se conceda dicha bonificación serán requisitos imprescindibles:

— Domiciliar los recibos en la entidad o entidades bancarias designadas por el Ayuntamiento

— Fraccionar el pago de la deuda en dos veces. Cada una de ella se corresponderá con aquellos periodos de pago que se determinen en el Calendario Fiscal aprobado cada año por el Ayuntamiento.

— Que se trate de deudas gestionadas mediante padrón o matricula y ya estén incorporadas al correspondiente padrón. No afectará a liquidaciones tributarias.

Debe solicitarse dentro del último trimestre del ejercicio anterior y tendrá eficacia en el mes de enero del ejercicio siguiente.

2. No serán notificadas al contribuyente ni, en consecuencia, exigidas, las tasas liquidadas por los Servicios Tributarios del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés que reúnan los siguientes requisitos:

a) Que se refieran a Tasas cuya gestión y recaudación esté encomendada a los Servicios Tributarios del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés.

b) Que el importe a ingresar no exceda de 6 euros, cuantía que se fija como insuficiente para la cobertura del coste de su exacción y recaudación.

c) Que afecten a tasas que en las normas de gestión de la correspondiente ordenanza fiscal se establezca o deduzca que el pago se realizará mediante liquidación notificada individualmente al contribuyente con indicación del plazo para el pago en periodo voluntario señalado en el artículo 62.2 de la Ley General Tributaria.

3. Será también de aplicación la no exacción indicada en el presente punto, con los requisitos ya señalados, a las liquidaciones definitivas u otras liquidaciones practicadas por los Servicios Tributarios que rectifiquen autoliquidaciones o corrijan declaraciones tributarias que lleven aparejado un ingreso

4. Se exigirán las tasas en otros supuestos en que se aprecie que el coste de la exacción y Recaudación es superior a la deuda liquidada o autoliquidada, previa resolución motivada del Concejal Delegado de Hacienda.

5. En los casos afectados por esta norma, las liquidaciones con resultado “a ingresar” no exigibles, no se contraerán en contabilidad.

CAPÍTULO VIII.- REVISIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA

Artículo 79. Revisión de los actos administrativos

1. Los actos y actuaciones de aplicación de los tributos y los actos de imposición de sanciones tributarias podrán revisarse, mediante:

a) Los procedimientos especiales de revisión.

b) El recurso de reposición.

2. Cuando hayan sido confirmados por sentencia judicial firme, no serán revisables en ningún caso los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones.

3. En los procedimientos de revisión, se aplican las normas generales establecidas en la Ley General Tributaria, sobre capacidad, representación, prueba y notificaciones; así como las normas sobre cómputo de plazos.

La resolución de los procedimientos especiales de revisión, recurso de reposición y actos enumerados en el artículo 215.2 de la Ley General Tributaria, deberán ser motivados, con sucinta referencia a los hechos y fundamentos de derecho.

4. Son procedimientos especiales de revisión:

— Revisión de actos nulos de pleno derecho.

— Declaración de lesividad de actos anulables.

— Revocación.

— Rectificación de errores.

— Devolución de ingresos indebidos.

Artículo 80. Recurso de Reposición

1. Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y demás ingresos de derecho público de las entidades locales, solo podrá interponerse recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto, dentro del plazo de un mes, a contar desde la notificación individual o de la exposición pública de los padrones correspondientes.

2. La resolución dictada será congruente con las peticiones formuladas por el interesado, sin que en ningún caso se pueda agravar su situación inicial. No obstante, se podrán examinar todas las cuestiones que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas en el recurso. Si el órgano competente para resolver estima pertinente extender la revisión a cuestiones no planteadas por los interesados, las expondrá a los que estuvieren personados en el procedimiento y les concederá un plazo de cinco días para formular alegaciones.

3. Contra la denegación del recurso de reposición, puede interponerse recurso contencioso-administrativo en los plazos siguientes:

a) Si la resolución ha sido expresa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición.

b) Si no hubiese resolución expresa, el recurso de reposición se entenderá desestimado de no recaer resolución en el plazo de un mes contado desde la fecha de interposición, y podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses contado desde el día siguiente a aquel en que haya de entenderse desestimado el recurso de reposición

4. La interposición del recurso regulado en el punto 1 no requiere el previo pago de la cantidad exigida; no obstante, la interposición del recurso no detendrá en ningún caso la acción administrativa, a menos que el interesado solicite dentro del plazo para interponer el recurso la suspensión del procedimiento y acompañe garantía que cubra el total de la deuda tributaria, en cuyo supuesto se otorgará la suspensión. La cuantía de la garantía cubrirá el principal más los intereses de demora, a la que se sumará el 25% a dicho importe cuando la deuda se encuentre en período ejecutivo.

5. La garantía a constituir por el recurrente, para obtener la suspensión, podrá consistir en:

a) Depósito en dinero efectivo en la Caja Municipal.

b) Aval o fianza solidaria prestada por un banco oficial o privado o por una caja de ahorros.

c) Fianza personal y solidaria prestada por dos contribuyentes de la localidad, de reconocida solvencia, para débitos inferiores a 601,01 euros.

d) Otros medios que se consideren suficientes cuando se pruebe las dificultades para aportar garantías en cualquiera de las formas señaladas. La suficiencia de la garantía en este caso deberá ser valorada por la Intervención.

6. Las garantías se constituirán, de acuerdo con los modelos oficiales. Los avales extendidos de conformidad con los citados modelos se considerarán admisibles y válidos para surtir efectos como garantía, siempre que sean emitidos por Bancos oficiales o privados inscritos en el Registro General de Bancos y Banqueros y Cajas de Ahorros sometidas a la Inspección del Banco de España; y siempre que sean solidarios con expresa renuncia al beneficio de excusión y autorizados por apoderados de la entidad avalante que tengan poder suficiente para obligarla plenamente, poderes que deberán ser bastanteados en todos los casos previamente por la Secretaría de este Ayuntamiento.

El derecho a la devolución de las garantías constituidas prescribirá a los veinte años de su constitución, de no practicarse gestión alguna por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad.

La devolución se podrá realizar de oficio o a instancia de parte. En todo caso, deberá ser informada favorablemente por el órgano de gestión y a continuación por la Intervención con carácter previo a la adopción del acuerdo de devolución. La Administración Municipal no reembolsará al depositante en ningún caso, el coste de las garantías depositadas, salvo en aquellos supuestos en que así se disponga por norma con rango legal.

7. Resuelto el recurso interpuesto en período voluntario de pago, tanto si el acuerdo no anula ni modifica el acto administrativo impugnado, como si se modifica el mismo o se ordena la retroacción del procedimiento, la deuda deberá pagarse en los plazos generales previsto por el artículo 20 apartado 1 del Reglamento General de Recaudación.

No obstante, cuando la ejecución del acto hubiese estado suspendida en vía administrativa, los órganos de recaudación no iniciarán o en su caso, no reanudarán las actuaciones del procedimiento de apremio mientras no concluya el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo, siempre que la vigencia y eficacia de la caución inicialmente aportada se mantenga hasta entonces. Si durante ese plazo el interesado comunicase la interposición del recurso con petición de suspensión y ofrecimiento de caución para garantizar el pago de la deuda, se mantendrá la paralización del procedimiento en tanto conserve su vigencia y eficacia la garantía aportada en vía administrativa. El procedimiento se reanudará o suspenderá a resultas de la decisión que adopte el órgano judicial en la pieza de suspensión.

Artículo 81. Nulidad y lesividad

1. Podrá declarase la nulidad de pleno derecho de los actos dictados en materia tributaria, que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los siguientes supuestos:

a) Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

b) Que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

c) Que tengan un contenido imposible.

d) Que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

e) Que hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieran facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.

El procedimiento para declarar la nulidad, podrá iniciarse: por acuerdo del órgano que dictó el acto o de su superior jerárquico; o a instancia del interesado.

En el procedimiento se dará audiencia al interesado y serán oídos aquellos a quienes reconoció derechos el acto o cuyos intereses legítimos resultaron afectados por el mismo.

La declaración de nulidad requerirá dictamen favorable del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid.

La resolución de este procedimiento corresponderá al Pleno del Ayuntamiento.

El plazo máximo para notificar resolución expresa será de un año desde que se presente la solicitud por el interesado o desde que se le notifique el acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento.

El transcurso del plazo previsto, sin que se hubiera notificado resolución expresa, producirá el efecto de caducidad, si se inició de oficio o desestimación por silencio administrativo, si se inició a instancia del interesado.

La resolución expresa o presunta o el acuerdo de inadmisión a trámite de la solicitud del interesado pone fin a la vía administrativa.

2. La Administración Tributaria podrá declarar lesivos para el interés público sus actos y resoluciones favorables a los interesados que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, a fin de proceder a su posterior impugnación en vía contencioso-administrativa.

La declaración de lesividad corresponderá al Pleno del Ayuntamiento.

La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se notificó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad se producirá la caducidad del mismo.

Una vez declarada la lesividad se abre la vía de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Artículo 82. Revocación de los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones

1. La Administración tributaria podrá revocar sus actos en beneficio de los interesados cuando se estime que infringen manifiestamente la Ley, cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado, o cuando en la tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados.

La revocación, no podrá constituir en ningún caso, dispensa o exención no permitida por las normas tributarias, ni ser contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

La revocación solo será posible mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción.

2. El procedimiento de revocación se iniciara siempre de oficio, y será competente para declararla el órgano que se determine reglamentariamente, que deberá ser distinto del órgano que dicto el acto.

En el expediente se da audiencia a los interesados y deberá incluirse un informe del órgano con funciones de asesoramiento jurídico sobre la procedencia de la revocación del acto.

3. El plazo máximo para notificar resolución expresa será de seis meses desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento. Transcurrido el plazo establecido sin que se hubiera notificado resolución expresa se producirá la caducidad del procedimiento.

4. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento pondrán fin a la vía administrativa.

Artículo 83. Rectificación de errores

1. El órgano que hubiera dictado el acto o resolución, rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción.

La resolución, corregirá el error en la cuantía o en cualquier otro elemento del acto o resolución que se rectifica.

2. El plazo máximo para notificar resolución expresa será de seis meses desde que se presente la solicitud por el interesado o desde que se le notifique el acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento.

El transcurso del plazo máximo previsto, sin que se hubiere notificado resolución expresa, producirá los siguientes efectos:

a) La caducidad del procedimiento en procedimientos iniciados de oficio, sin que ello impida que pueda iniciarse de nuevo otro procedimiento con posterioridad.

b) La desestimación por silencio administrativo, si se hubiere iniciado a instancia del interesado.

3. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento serán susceptibles de recurso de reposición.

Artículo 84. Devolución de ingresos indebidos

1. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos se iniciara de oficio o a instancia del interesado, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de las deudas tributarias o sanciones.

b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultante de un acto administrativo o de una autoliquidación.

c) Cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a deudas o sanciones tributarias después de haber transcurrido los plazos de prescripción.

d) Cuando así lo establezca la normativa tributaria.

2. El plazo máximo para notificar la resolución expresa de este procedimiento será de seis meses desde que se presento la solicitud de devolución por el interesado o desde que se le notifique el acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento.

El transcurso del plazo previsto, sin que se hubiere notificado resolución expresa producirá los efectos siguientes:

— La caducidad del procedimiento iniciado de oficio, sin que ello impida que pueda iniciarse de nuevo otro procedimiento con posterioridad.

— La desestimación por silencio administrativo de la solicitud, si el procedimiento se hubiera iniciado a instancia del interesado.

3. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento serán susceptibles de recurso de reposición.

4. Cuando el procedimiento se inicie a instancia del interesado, éste deberá fundamentar su derecho y acompañar el comprobante de haber satisfecho la deuda

5. Cuando el derecho a la devolución se hubiera reconocido mediante el procedimiento previsto en el apartado anterior, o en virtud de un acto administrativo o una resolución judicial, se procederá a la ejecución de la devolución en los términos establecidos por la legislación.

6. Cuando el acto de aplicación de los tributos o de imposición de sanciones hubiera adquirido firmeza, únicamente se podrá solicitar la devolución del mismo instando o promoviendo la revisión del acto mediante alguno de los procedimientos especiales de revisión (nulidad de pleno derecho, revocación de la resolución, rectificación de errores y recurso extraordinario de revisión).

7. Cuando un obligado tributario considere que la presentación de una autoliquidación ha dado lugar a un ingreso indebido, podrá instar la rectificación de la autoliquidación de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 120 de la Ley General Tributaria a fin de que se produzca un acto favorable o reclamable.

8. Acordada la devolución de un ingreso indebido, si el interesado tuviera deudas pendientes en vía ejecutiva de apremio con la Hacienda municipal, se procederá a su compensación, en los términos establecidos por el artículo 66 y siguientes del Reglamento General de Recaudación.

9. La cantidad a devolver a consecuencia de un ingreso indebido estará constituida por el importe del ingreso indebidamente efectuado y reconocido a favor del obligado tributario. También formará parte de la cantidad a devolver:

— El recargo, las costas y los intereses satisfechos durante el procedimiento, cuando el ingreso indebido se hubiese realizado por vía de apremio.

— El interés de demora regulado en el artículo 32 apartado 2 de la Ley General Tributaria. El cómputo del plazo del periodo de demora comprenderá, en todo caso, el tiempo transcurrido desde el día en que se hizo el ingreso hasta la fecha en que se ordene el pago de la correspondiente devolución.

— La devolución se realizara mediante transferencia en la cuenta corriente que indique el interesado, y se hará efectiva dentro de los dos meses siguientes a la fecha de notificación del acuerdo de devolución, o de la aportación, en su caso, de los documentos necesarios. De no hacerlo así, el Ayuntamiento abonara el interés de demora devengado a partir del vencimiento de dicho plazo.

CAPÍTULO IX.- PARTICULARIDADES RECAUDACIÓN EJECUTIVA

Artículo 85. Recaudación en período ejecutivo

1. El período ejecutivo se inicia:

a) En el caso de deudas liquidadas por la Hacienda Municipal, el día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso en el artículo 62 de la Ley General Tributaria.

b) En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin realizar el ingreso, al día siguiente de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para dicho ingreso o, si éste ya hubiere concluido, el día siguiente a la presentación de la autoliquidación.

2. La presentación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo durante la tramitación de dichos expedientes.

La interposición de recurso de reposición en tiempo y forma contra una sanción tributaria impedirá el inicio del período ejecutivo hasta que la sanción sea firme en vía administrativa y haya finalizado el plazo para el ingreso voluntario del pago.

3. Iniciado el período ejecutivo, la Hacienda Municipal efectuará la recaudación de las deudas liquidadas o autoliquidadas a las que se refiere el apartado 1 de este artículo por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago.

4. El inicio del período ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.

5. Los recargos del período ejecutivo, que se devengan con el inicio de dicho período, son de tres tipos:

a) Recargo ejecutivo: es del 5% y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio.

b) Recargo de apremio reducido: es del 10% y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo previsto en el artículo 10 de la presente Ordenanza para las deudas apremiadas.

c) Recargo de apremio ordinario: es del 20% y será aplicable cuando no concurran las circunstancias a las que se refieren los párrafos a) y b) de este apartado 4.

Tales recargos son incompatibles entre sí y se calculan sobre la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario.

6. El interés de demora, que solo se exigirá cuando resulte exigible el recargo de apremio ordinario (20%), se calculará sobre el importe no ingresado en plazo, y durante el tiempo que medie entre la fecha de inicio del período ejecutivo y la fecha en que se efectúe el pago. No se exigirán los intereses de demora cuando solamente resulte exigible el recargo ejecutivo (5%) o el recargo de apremio reducido (10%).

7. Se establece un coste mínimo de recaudación ejecutiva de 18,08 euros, por lo que para que sea declaradas créditos incobrables las deudas acumuladas de un mismo contribuyente que formen un expediente administrativo de apremio, cuyo importe principal no supere 18,08 euros, será suficiente con acreditar que se ha practicado la notificación de providencia de apremio y que se ha intentado el embargo de saldos de cuentas bancarias mediante el sistema denominado cuaderno 63.

Artículo 86. Pago deuda ejecutiva

1. Una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio, el pago de la deuda tributaria deberá efectuarse en los siguientes plazos:

a) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

2. En los casos de ejecución forzosa en que se hubieran acumulado varias deudas del mismo obligado al pago y no pudieran satisfacerse totalmente, sin perjuicio de las normas que establecen la prelación de determinados créditos, el pago se aplicará a las deudas no aseguradas mediante embargo o garantía por orden de mayor a menor antigüedad, determinándose ésta por la fecha de vencimiento del período voluntario de pago de cada una.

Artículo 87. Procedimiento de apremio

1. El procedimiento de apremio se iniciará mediante providencia notificada al obligado tributario en la que se identificará la deuda pendiente, se liquidarán los recargos a los que se refiere el artículo 85 de esta Ordenanza y se le requerirá para que efectúe el pago.

2. La providencia de apremio será título suficiente para iniciar el procedimiento de apremio y tendrá la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados tributarios.

3. Contra la providencia de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:

a) Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.

b) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación.

c) Falta de notificación de la liquidación.

d) Anulación de la liquidación.

e) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada.

4. Contra la diligencia de embargo sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:

a) Extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.

b) Falta de notificación de la providencia de apremio.

c) Incumplimiento de las normas reguladoras del embargo contenidas en esta Ley.

d) Suspensión del procedimiento de recaudación.

5. El procedimiento de apremio termina:

a) Con el pago de la cantidad debida a que se refiere el apartado 1 del artículo 169 de la Ley General Tributaria.

b) Con el acuerdo que declare el crédito total o parcialmente incobrable, una vez declarados fallidos todos los obligados al pago.

c) Con el acuerdo de haber quedado extinguida la deuda por cualquier otra causa.

5. En los casos en que se haya declarado el crédito incobrable, el procedimiento de apremio se reanudará, dentro del plazo de prescripción, cuando se tenga conocimiento de la solvencia de algún obligado al pago.

Artículo 88. Embargo de bienes

1. Si el obligado tributario no efectuara el pago dentro del plazo al que se refiere el apartado del artículo 86 de esta Ordenanza, se procederá al embargo de sus bienes, advirtiéndose así en la providencia de apremio. Si la deuda tributaria estuviera garantizada se procederá en primer lugar a ejecutar la garantía a través del procedimiento administrativo de apremio. No obstante, el órgano de recaudación podrá optar por el embargo y enajenación de otros bienes o derechos con anterioridad a la ejecución de la garantía cuando ésta no sea proporcionada a la deuda garantizada o cuando el obligado lo solicite, señalando bienes suficientes al efecto. En estos casos, la garantía prestada quedará sin efecto en la parte asegurada por los embargos.

2. Cada actuación de embargo se documentará en diligencia, que se notificará a la persona con la que se entienda dicha actuación. Efectuado el embargo de los bienes o derechos, la diligencia se notificará al obligado tributario y, en su caso, al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes si no se hubiesen llevado a cabo con ellos las actuaciones, así como al cónyuge del obligado tributario cuando los bienes embargados sean gananciales y a los condueños o cotitulares de los mismos.

Si los bienes embargados fueran inscribibles en un registro público, el órgano de recaudación expedirá mandamiento, con el mismo valor que si se tratara de mandamiento judicial de embargo, solicitando que se practique anotación preventiva de embargo en el registro correspondiente.

3. La enajenación de los bienes embargados se realizará mediante subasta, concurso o adjudicación directa, en los términos del artículo 172 de la Ley General Tributaria.

El acuerdo de enajenación únicamente podrá impugnarse si las diligencias de embargo se han tenido por notificadas de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 112 de la Ley General Tributaria. En ese caso, contra el acuerdo de enajenación sólo serán admisibles los motivos de impugnación contra las diligencias de embargo a los que se refiere el anterior apartado 4.

No se procederá a la enajenación de los bienes y derechos embargados en el curso del procedimiento de apremio hasta que el acto de liquidación de la deuda tributaria ejecutada sea firme, salvo en los supuestos de fuerza mayor, bienes perecederos, bienes en los que exista un riesgo de pérdida inminente de valor o cuando el contribuyente solicite de forma expresa su enajenación.

Artículo 89. Colaboración de terceros

1. Las personas o entidades depositarias de dinero en efectivo o en cuentas, valores u otros bienes de deudores a la Hacienda Municipal, en período ejecutivo, están obligados a informar a los órganos y agentes de recaudación ejecutiva y a cumplir los requerimientos que les sean hechos por los mismos en el ejercicio de sus funciones legales. El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a la incoación de expediente sancionador, sin perjuicio de las acciones penales que procedan.

2. Cuando la información requerida se refiera a los movimientos de cuentas, deberán estar las peticiones autorizadas por el órgano de recaudación.

3. Los mandamientos de embargo y demás requerimientos en materia de recaudación, dictados por el órgano de recaudación, deberán ser cumplidos de forma inmediata. Las maniobras dilatorias en que pudieran incurrir las entidades de depósito a fin de dar tiempo al deudor a levantar sus depósitos, podrán conducir a la declaración de responsabilidad solidaria y consiguiente exigencia del pago a dichas entidades.

4. Cuando el órgano de recaudación tenga conocimiento de la existencia de fondos, valores, títulos u otros bienes entregados o confiados a una determinada oficina de una entidad de crédito u otra persona o entidad depositaria, podrá disponer su embargo en la cuantía que proceda. En la diligencia de embargo deberá identificarse el bien o derecho conocido, pero el embargo podrá extenderse, sin necesidad de identificación previa, al resto de los bienes o derechos existentes en dicha oficina

Si de la información suministrada por la persona o entidad depositaria en el momento del embargo se deduce que los fondos, valores, títulos u otros bienes existentes no son homogéneos o que su valor excede del importe señalado en el apartado 1 del artículo 169 de la Ley General Tributaria, se concretarán por el órgano de recaudación los que hayan de quedar trabados.

5. Cuando los fondos o valores se encuentren depositados en cuentas a nombre de varios titulares sólo se embargará la parte correspondiente al obligado tributario. A estos efectos, en el caso de cuentas de titularidad indistinta con solidaridad activa frente al depositario o de titularidad conjunta mancomunada, el saldo se presumirá dividido en partes iguales, salvo que se pruebe una titularidad material diferente.

6. Cuando en la cuenta afectada por el embargo se efectúe habitualmente el abono de sueldos, salarios o pensiones, tal circunstancia deberá ser comunicada por la entidad depositaria al órgano de recaudación, a fin de que se respeten las limitaciones establecidas en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, mediante su aplicación sobre el importe que deba considerarse sueldo, salario o pensión del deudor.

A estos efectos se considerará sueldo, salario o pensión el importe ingresado en dicha cuenta por ese concepto en el mes en que se practique el embargo o, en su defecto, en el mes anterior.

Artículo 90. Recursos en el período ejecutivo

1. Contra los actos de declaración de responsabilidad, providencias de apremio, diligencias de embargo y acuerdos de enajenación de bienes embargados, sólo podrá interponerse el recurso de reposición regulado en el artículo 14 de la Ley de Haciendas Locales.

2. No serán susceptibles de recurso las resoluciones y los actos de trámite en los que no se produzca alguna de las situaciones establecidas en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Tampoco serán recurribles los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación.

TÍTULO IV: INSPECCIÓN

CAPÍTULO I.- OBJETO Y CONTENIDO

Artículo 91. Inspección Tributaria

La Inspección Tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a:

a) La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración

b) La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas por los obligados tributarios.

c) La realización de actuaciones de obtención de información relacionadas con la aplicación de los tributos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 93 y 94 de la Ley General Tributaria.

d) La comprobación del valor de derechos, rentas, productos, bienes, patrimonios, empresas y demás elementos, cuando sea necesaria para la determinación de las obligaciones tributarias, siendo de aplicación el procedimiento de comprobación de valores y el de tasación pericial contradictoria según lo dispuesto en los artículos 134 y 135 de la Ley General Tributaria.

e) La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales y devoluciones tributarias, así como para la aplicación de regímenes tributarios especiales.

f) La información a los obligados tributarios con motivo de las actuaciones inspectoras sobre sus derechos y obligaciones tributarias y la forma en que deben cumplir estas últimas.

g) La práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de comprobación e investigación.

h) La realización de actuaciones de comprobación limitada, conforme a lo establecido en los artículos 136 a 140 de la Ley General Tributaria.

i) El asesoramiento e informe a órganos de la Administración Pública.

j) La realización de las intervenciones tributarias de carácter permanente o no permanente, que se regirán por lo dispuesto en su normativa específica y, en defecto de regulación expresa, por las normas reguladoras de las Actuaciones y Procedimiento de Inspección, a excepción de aquel de carácter general iniciado a solicitud del obligado tributario que fuera objeto de actuaciones de inspección de carácter parcial.

k) Las establecidas en las Ordenanzas Fiscales reguladoras de cada uno de los tributos y demás que se establezcan en otras disposiciones o se le encomienden por las autoridades competentes. Así como las dimanantes del régimen de delegación o colaboración autorizado por la Administración Estatal y la inclusión en los censos correspondientes de aquellos sujetos pasivos que hubieran de figurar y no consten en ellos.

Artículo 92. Servicio de Inspección

1. Las actuaciones inspectoras las realizarán los funcionarios que hayan sido nombrados a tal efecto como Inspectores o Agentes Tributarios, bajo la supervisión de quien ostente la jefatura, que será quien dirija, impulse o coordine el funcionamiento, con la autorización preceptiva de la Alcaldía-Presidencia.

2. No obstante, actuaciones meramente preparatorias o de comprobación o prueba de hechos o circunstancias con trascendencia tributaria, podrán encomendarse a otros trabajadores públicos que no tengan la condición de funcionarios.

3. Los funcionarios de la Inspección tributaria local, en el ejercicio de las funciones inspectoras serán considerados agentes de la autoridad a los efectos de la responsabilidad administrativa y penal de quien ofreciera resistencia o cometiera atentado o desacato contra ellos, de hecho o de palabra, en actos de servicio o con motivo de ellos.

4. El Ayuntamiento proveerá al personal inspector de un carnet u otra identificación que los acredite para el desarrollo de su trabajo.

Artículo 93. Lugar de actuaciones inspectoras

1. Las actuaciones inspectoras podrán desarrollarse indistintamente, según determine la inspección:

a) En el lugar donde el obligado tributario tenga su domicilio fiscal o en aquel en que su representante tenga su domicilio, despacho u oficina.

b) Donde se realice, total o parcialmente, las actividades gravadas.

c) Donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho imponible o del presupuesto de hecho de la obligación tributaria.

d) En las oficinas de la Administración tributaria, cuando los elementos sobre los que se hayan de realizar las actuaciones puedan ser examinados en ellas.

2. La Inspección determinará, en cada caso, el lugar donde se hayan de desenvolver sus actuaciones y los hará constar en la correspondiente comunicación. En todo caso, podrá personarse sin previa comunicación en las empresas, oficinas, dependencias, instalaciones o almacenes del obligado tributario, entendiéndose las actuaciones con éste o con el encargado o responsable de los locales.

Artículo 94. Plazos para las actuaciones inspectoras

1. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley General Tributaria, las actuaciones del procedimiento de inspección deberán concluir en el plazo de 12 meses contados desde la fecha de notificación al obligado tributario del inicio del mismo. Se entenderá que las actuaciones finalizan en la fecha en que se notifique o se entienda notificado el acto administrativo resultante de las mismas conforme a lo dispuesto en el artículo 104.2 de la mencionada Ley General Tributaria. Dicho plazo puede ampliarse por otros doce meses en las circunstancias previstas por dicha norma.

2. Será causa de interrupción del cómputo del mismo las dilaciones en las actuaciones imputables al contribuyente; cuando se pase el tanto de culpa a la jurisdicción competente o se remita el expediente al Ministerio Fiscal (esta última circunstancia será también causa que justifica la ampliación del plazo de actuaciones), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 180.1 de la Ley General Tributaria y las disposiciones aprobadas en desarrollo de la misma. En el caso de que por resolución judicial se ordene la retroacción de las actuaciones inspectoras, éstas deberán finalizar en el período que reste desde el momento al que se retrotraigan hasta la conclusión del plazo general de actuaciones inspectoras o en seis meses si dicho período fuese inferior. Este plazo se computará desde la recepción del expediente por el órgano competente para ejecutar la resolución.

3. El procedimiento una vez iniciado deberá continuar sin interrupciones. La interrupción injustificada del procedimiento inspector por un periodo de más de seis meses o el incumplimiento del plazo general de duración del procedimiento de 12 meses no determinará la caducidad del procedimiento que continuará hasta su terminación, pero producirá los siguientes efectos:

a) No se considerará interrumpida la prescripción por las actuaciones inspectoras realizadas con anterioridad a la interrupción injustificada o el incumplimiento del plazo del procedimiento. La prescripción será objeto de interrupción por la reanudación de actuaciones con conocimiento formal del interesado realizadas con posterioridad a dicha interrupción o incumplimiento del plazo general.

b) Los ingresos realizados desde el inicio del procedimiento hasta la reanudación de las actuaciones que se interrumpieron de forma injustificada o no concluyeron en el plazo general y que hayan sido imputados por el obligado tributario al tributo y periodo objeto de las actuaciones inspectoras, tendrán el carácter de espontáneos.

c) El incumplimiento del plazo general del procedimiento inspector determinará que no se exijan intereses de demora por el periodo transcurrido entre la fecha en que se cumplan los doce meses desde la iniciación del mismo hasta la fecha de finalización del procedimiento.

Artículo 95. Obligados tributarios

1. Son obligados tributarios los que como tal están definidos en la Ley General Tributaria, en el Reglamento General de la Inspección de los tributos y en el resto de las normas aplicables a estos efectos. Los deberes a que están obligados y los derechos que les asisten son los establecidos en la normativa antes mencionada.

2. Los obligados tributarios podrán actuar por medio de representante, que habrá de acreditar esta condición en los términos previstos en la Ley General Tributaria y disposiciones en materia inspectora dictadas en su desarrollo, con lo cual se entenderán realizadas las actuaciones correspondientes con el sujeto pasivo u obligado tributario.

CAPÍTULO II.- PROCEDIMIENTO

Artículo 96. Iniciación del procedimiento de inspección

1. Las actuaciones de la Inspección podrán iniciarse:

a) De oficio.

b) A petición del obligado tributario.

2. Las actuaciones de la Inspección se podrán iniciar mediante comunicación notificada o mediante personación sin previa comunicación, y se desarrollará con el alcance, facultades y efectos que establece el Reglamento General de la Inspección de los Tributos.

3. En todo caso, y con carácter previo a la formalización de las actas, se dará audiencia al interesado para que pueda alegar lo que convenga a su derecho en relación con la propuesta que se le vaya a formular, en un plazo de 15 días a contar desde su recepción.

Con ocasión de este trámite, el contribuyente podrá obtener, a su costa, copia de los documentos que figuren en el expediente y que hayan de ser tenidos en cuenta a la hora de dictar la resolución pudiendo presentar las alegaciones, documentos y justificantes que estime pertinentes, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta en la resolución, otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

4. El personal inspector podrá entrar en las fincas, locales de negocio y otros locales donde se desarrolle la actividad sometida a gravamen, donde existan bienes sujetos a tributación o donde se produzcan los hechos imponibles y cuando se considere preciso, en orden a la práctica de actuaciones inspectoras, según el procedimiento previsto reglamentariamente y con autorización expresa del Alcalde-Presidente cuando la entrada y reconocimiento se intente fuera del horario usual de funcionamiento o desarrollo de la actividad o lugares donde no se desarrollen actividades de la Administración Pública o bien de naturaleza empresarial o profesional.

5. Las actuaciones inspectoras deberán seguir hasta su fin pudiendo ser interrumpidas por moción razonada, que se comunicará al obligado tributario para su conocimiento.

Artículo 97. Documentación de las actuaciones inspectoras

Las actuaciones de la Inspección de los Tributos se documentarán en diligencias, comunicaciones, informes y actas. Estos documentos tendrán la función, finalidad y efectos que para ellos establece la Ley General Tributaria y las disposiciones dictadas en su desarrollo, entendiendo, a estos efectos, que las referencias hechas al Inspector Jefe, estarán hechas para quien ostente, en estos casos, la Jefatura de Inspección.

TITULO V: INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Artículo 98. Concepto

1. Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales la Ley General Tributaria o en otra Ley.

2. Las acciones u omisiones tipificadas en las Leyes no darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria cuando concurran los supuestos regulados en el artículo 179.2 de la Ley General Tributaria.

Artículo 99. Sujetos infractores

Serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas y las entidades mencionadas en el apartado 4 del artículo 35 de la Ley General Tributaria que realicen las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en las Leyes.

Artículo 100. Calificación de las infracciones tributarias

1. Las infracciones tributarias se calificarán como leves, graves o muy graves de acuerdo con lo dispuesto en cada caso en los artículos 191 a 206 de la Ley General Tributaria.

Cada infracción tributaria se calificará de forma unitaria como leve, grave o muy grave y, en el caso de multas proporcionales, la sanción que proceda se aplicará sobre la totalidad de la base de la sanción que en cada caso corresponda, salvo en el supuesto del apartado 6 del artículo 191 de la Ley General Tributaria.

2. A efectos de la clasificación de las infracciones tributarias se entenderá que existe ocultación de datos a la Administración tributaria cuando no se presenten declaraciones o se presenten declaraciones en las que se incluyan hechos u operaciones inexistentes o con importes falsos, o en las que se omitan total o parcialmente operaciones, ingresos, rentas, productos, bienes o cualquier otro dato que incida en la determinación de la deuda tributaria, siempre que la incidencia de la deuda derivada de la ocultación en relación con la base de la sanción sea superior al 10 por ciento.

Artículo 101. Clases de sanciones tributarias

1. Las infracciones tributarias se sancionarán mediante la imposición de sanciones pecuniarias que podrán consistir en multa fija o proporcional y, cuando proceda, de sanciones no pecuniarias de carácter accesorio a las pecuniarias.

Estas últimas podrán consistir en la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a aplicar beneficios e incentivos fiscales de carácter rogado; en la prohibición para contratar con la Administración Pública que hubiera impuesto la sanción y en la suspensión de ejercicio de profesiones oficiales, empleo o cargo público en su caso, tal y como dispone el artículo 186 de la Ley General Tributaria.

Artículo 102. Criterios de graduación de las sanciones tributarias

1. Las sanciones tributarias se graduarán exclusivamente conforme a los siguientes criterios, en la medida que resulten aplicables y de forma simultánea en su caso:

a) Comisión repetida de infracciones tributarias.

Se entenderá producida dicha circunstancia cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por una infracción de la misma naturaleza, ya sea leve, grave o muy grave, en virtud de resolución firme en vía administrativa dentro de los cuatro años anteriores a la comisión de la infracción. A estos efectos, se considerarán de la misma naturaleza las infracciones previstas en los artículos 191, 192 193 de la Ley General Tributaria. La sanción mínima se incrementará en los siguientes porcentajes, salvo que se establezca expresamente otra cosa:

— En 5 puntos porcentuales si hubiera sido sancionado por infracción leve.

— En 15 puntos porcentuales si hubiera sido sancionado por infracción grave.

— En 25 puntos porcentuales si hubiera sido sancionado por infracción muy grave.

b) Perjuicio económico para la Hacienda Pública.

El perjuicio económico se determinará por el porcentaje resultante de la relación existente entre la base de la sanción y la cuantía total que hubiera debido ingresarse en la autoliquidación o por la adecuada declaración del tributo o el importe de la devolución inicialmente obtenida. La sanción mínima se incrementará en los siguientes porcentajes:

— Cuando el perjuicio económico sea superior al 10 e inferior o igual al 25 por ciento: 10 puntos

— Cuando el perjuicio económico sea superior al 25 e inferior o igual al 50 por ciento: 15 puntos

— Cuando el perjuicio económico sea superior al 50 e inferior o igual al 75 por ciento: 20 puntos

— Cuando el perjuicio económico sea superior al 75 por ciento: 25 puntos

c) Incumplimiento sustancial de la obligación de facturación o documentación. Circunstancia que se apreciará cuando dicho incumplimiento afecte a más del 20 por ciento del importe de las operaciones sujetas al deber de facturación en relación con el tributo u obligación tributaria y periodo objeto de la comprobación e investigación, o cuando, como consecuencia de dicho incumplimiento la Administración tributaria no pueda conocer el importe de las operaciones sujetas al deber de facturación.

d) Acuerdo o conformidad del interesado.

En los procedimientos de verificación de datos y comprobación limitada se entenderá producida la conformidad expresa cuando la liquidación resultante no sea objeto de recurso.

En el procedimiento de inspección se aplicará este criterio de graducación cuando el obligado tributario suscriba un acta con acuerdo o un acta de conformidad. Cuando concurra esta circunstancia la cuantía de las sanciones pecuniarias impuestas conforme a los artículos 191 a 197 de la Ley General Tributaria se reducirán:

— En un 50 por ciento en los supuestos de Actas con Acuerdo.

— En un 30 por ciento en los supuestos de Actas de Conformidad.

— En un 25 por ciento adicional, una vez aplicada la reducción por conformidad y que no será de aplicación a las actas con acuerdo, cuando:

a) Se realice el ingreso total del importe restante de dicha sanción en periodo voluntario sin haber presentado solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de pago.

b) Que no se interponga recurso o reclamación contra la liquidación o la sanción.

2. El importe de las reducciones practicadas se exigirá sin más requisito que la notificación al interesado cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

— Cuando se haya interpuesto recurso o reclamación en plazo contra la liquidación o la sanción en los casos de la reducción adicional del 25 por ciento.

— En los supuestos de conformidad, cuando se haya interpuesto recurso o reclamación contra la regularización.

— En el caso de la reducción resultante de un Acta con Acuerdo cuando se haya interpuesto recurso contencioso-administrativo o, en el supuesto de haberse presentado aval o certificado de seguro de caución en sustitución del depósito, cuando no se ingresen en período voluntario las cantidades derivadas del acta con acuerdo, sin que dicho pago pueda ser aplazado o fraccionado.

Artículo 103. Infracción Tributaria Leve

1. Constituyen infracciones tributarias leves las conductas especificadas en la normativa tributaria como tales y entre ellas las siguientes:

— Conforme a los arts. 191, 192 y 193 de la Ley General Tributaria cuando la base de la sanción sea inferior o igual a 3.000 euros o, siendo superior, no exista ocultación.

— Dejar de ingresar, dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo la totalidad o parte de la deuda tributaria que debiera resultar de la correcta autoliquidación del tributo.

— Incumplir la obligación de presentar de forma completa y correcta declaraciones o documentos necesarios para que la administración tributaria pueda practicar la adecuada liquidación de aquellos tributos que no se exigen por el procedimiento de autoliquidación.

— Obtener indebidamente devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo

2. La sanción por estas infracciones será de acuerdo con la normativa que las regule.

Artículo 104. Infracciones tributarias graves

1. Constituyen infracciones tributarias graves las conductas así especificadas en la normativa tributaria y entre ellas, las siguientes:

— Conforme a los arts. 191, 192 y 193 de la Ley General Tributaria, cuando la base de la sanción sea superior a 3.000 euros y se aprecie la existencia de ocultación.

— Cualquiera que sea la cuantía de la base cuando se utilicen facturas, justificantes o documentos falsos o falseados, sin que ello sea constitutivo de medio fraudulento.

— Cuando la incidencia de la llevanza incorrecta de los libros o registros represente un porcentaje superior al 10 por ciento e inferior o igual el 50 por ciento de la base de la sanción.

— Dejar de ingresar, dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo la totalidad o parte de la deuda tributaria que debiera resultar de la correcta autoliquidación del tributo.

— Incumplir la obligación de presentar de forma completa y correcta declaraciones o documentos necesarios para que la administración tributaria pueda practicar la adecuada liquidación de aquellos tributos que no se exigen por el procedimiento de autoliquidación.

— Obtener indebidamente devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo.

2. Conforme al artículo 203 de la Ley General Tributaria, cuando concurra resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria. Apreciando dichas circunstancias cuando el sujeto infractor, debidamente notificado al efecto, haya realizado actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de la Administración tributaria en relación con el cumplimiento de sus obligaciones.

3. La sanción a imponer consistirá se adecuará a lo establecido en la normativa

Artículo 105. Infracciones tributarias muy graves

1. Constituyen infracciones tributarias muy graves, las especificadas en la normativa tributaria y entre ellas, las siguientes:

— Aunque no se hubieran utilizado medios fraudulentos, cuando se dejen de ingresar cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta que supongan más del 50 por ciento del importe de la base de la sanción.

— Dejar de ingresar, dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo la totalidad o parte de la deuda tributaria que debiera resultar de la correcta autoliquidación del tributo.

— Incumplir la obligación de presentar de forma completa y correcta declaraciones o documentos necesarios para que la administración tributaria pueda practicar la adecuada liquidación de aquellos tributos que no se exigen por el procedimiento de autoliquidación.

— Obtener indebidamente devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo.

2. Estas infracciones se sancionarán con multa pecuniaria de acuerdo con la normativa de aplicación.

Artículo 106. Suspensión de las sanciones.

1. La ejecución de las sanciones quedará automáticamente suspendida sin necesidad de aportar garantía, por la presentación en tiempo y forma del recurso de reposición que contra aquellas proceda y sin que puedan ejecutarse hasta que sean firmes en vía administrativa. Asimismo dicha interposición impedirá el inicio del periodo ejecutivo hasta que la sanción sea firme en vía administrativa y haya finalizado el plazo para el ingreso voluntario del pago.

2. No se exigirán intereses de demora por el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo de pago en periodo voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa.

Artículo 107. Extinción de la responsabilidad derivada de las infracciones tributarias

La responsabilidad sobre las infracciones se extingue por el fallecimiento del sujeto infractor y por el transcurso del plazo de prescripción para su imposición.

Artículo 108. Extinción de las sanciones

1. La responsabilidad sobre las sanciones se extingue por el pago o cumplimiento, por prescripción del derecho para exigir su pago, por compensación, por condonación y por el fallecimiento de todos los obligados a satisfacerlas.

2. El plazo de prescripción para imponer sanciones será de cuatro años y comenzará a contarse desde el momento en que se cometieron las correspondientes infracciones. El plazo de prescripción se interrumpirá:

— Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del interesado, conducente a la imposición de la sanción tributaria.

— Por las acciones administrativas conducentes a la regularización de la situación tributaria del obligado respecto de las sanciones que puedan derivarse de dicha regularización.

— Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal, así como por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado en el curso de dichos procedimientos.

Artículo 109. Órgano competente para la imposición de sanciones

La imposición de sanciones tributarias se realizará por el órgano en quien delegue el Alcalde-Presidente de la Corporación.

Artículo 110. Procedimiento para la imposición de sanciones tributarias.

1. El procedimiento para la imposición de sanciones tributarias se tramitará de forma separada a los de aplicación de los tributos, salvo renuncia del obligado tributario, en cuyo caso se tramitará conjuntamente con el procedimiento de aplicación de los tributos del que pueda traer causa y en el cual deberán analizarse las cuestiones relativas a las infracciones.

2. El procedimiento sancionador se iniciará siempre de oficio, mediante la notificación del acuerdo del órgano competente.

Los incoados como consecuencia de un procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección no podrán iniciarse respecto a la persona o entidad que hubiera sido objeto del procedimiento una vez transcurrido el plazo de tres meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la correspondiente liquidación o resolución.

3. En la instrucción del expediente sancionador se incorporarán formalmente antes de la propuesta de resolución los datos, pruebas o circunstancias que obren o hayan sido obtenidos en algunos de los procedimientos de aplicación de los tributos. Concluidas las actuaciones se formulará propuesta de resolución en la que se recogerán los hechos, su calificación jurídica y la infracción que aquellos puedan constituir o la declaración, en su caso, de inexistencia de infracción o responsabilidad. Asimismo se concretará la sanción propuesta con indicación de los criterios de graduación aplicados y se notificará a los interesados indicándole la puesta de manifiesto del expediente y concediéndole un plazo de 15 días para que alegue cuento considere conveniente.

Cuando al tiempo de iniciarse el expediente sancionador se encontrasen en poder del órgano competente todos los elementos que permitan formular la propuesta de imposición de sanción, ésta se incorporará al acuerdo de iniciación, el cual se notificará al interesado, indicándole la puesta de manifiesto del expediente y concediéndole un plazo de 15 días para que alegue cuanto considere conveniente y presente documentos, justificantes y pruebas que estime oportunos.

4. El procedimiento sancionador en materia tributaria terminará mediante resolución o por caducidad.

Cuando en un procedimiento sancionador iniciado como consecuencia de un procedimiento de inspección el interesado preste su conformidad a la propuesta de resolución, se entenderá dictada y notificada la resolución por el órgano competente para imponer la sanción, de acuerdo con dicha propuesta, por el transcurso del plazo de un mes a contar desde la fecha en que dicha conformidad se manifestó, sin necesidad de nueva notificación expresa al efecto, salvo que se notifique acuerdo en contrario.

5. La resolución expresa del procedimiento sancionador en materia tributaria contendrá la fijación de los hechos, la valoración de las pruebas practicadas, la determinación de la infracción cometida, la identificación de la persona o entidad infractora y la cuantificación de la sanción que se impone, con indicación de los criterios de graduación de la misma y de la reducción que proceda. En su caso, contendrá la declaración de inexistencia de infracción o responsabilidad.

6. El procedimiento sancionador deberá concluir en el plazo máximo de seis meses, contados desde la notificación de la comunicación de inicio del procedimiento y entendiendo que el procedimiento concluye a la fecha en que se notifique el acto administrativo de resolución del mismo conforme a la normativa tributaria.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Para todo lo no regulado en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto por la Ley General Tributaria, normativa que la desarrolle, por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y por el resto del sistema tributario que le sea de aplicación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

La presente Ordenanza viene a derogar la actualmente en vigor con efectos 1 de enero de 2012, si ya estuviera en vigor, caso contrario cuando la presente, cumplidos todos los trámites legales oportunos entre en vigor.

Villarejo de Salvanés, a 28 de noviembre de 2011.—La teniente-alcalde, María Victoria García Díaz

(03/40.994/11)