III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE

RÉGIMEN ECONÓMICO

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Modificación ordenanza fiscal

Transcurrido el plazo de exposición al público de los acuerdos adoptados por el Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión de fecha 28 de octubre de 2011, sobre modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de subsuelo, sobre modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, sobre modificación de la ordenanza fiscal reguladora de impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, sobre derogación de la ordenanza fiscal general de gestión, inspección y revisión de los tributos municipales y otros ingresos de derecho público aprobada por acuerdo de pleno de fecha 30 de octubre de 2010 y sobre la aprobación de la ordenanza fiscal general de gestión, inspección y revisión de los tributos municipales y otros ingresos de derecho público, no habiéndose presentado reclamaciones, se elevan automáticamente a definitivo los acuerdos de aprobación provisional, procediéndose a la publicación de los mismos en virtud de lo ordenado en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo texto íntegro se inserta a continuación:

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

Artículo 4. Bonificación Familias Numerosas.

1. En virtud de lo previsto en el artículo 74.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, gozarán de una bonificación de la cuota íntegra del impuesto los sujetos pasivos que, a uno de enero, ostenten la condición de titulares de familia numerosa conforme lo establecido en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, y demás normativa concordante respecto de los bienes inmuebles que constituyan la vivienda habitual de la unidad familiar. Se entenderá que la vivienda habitual de la familia numerosa es aquélla en la que figura empadronada la totalidad de los miembros de la unidad familiar.

Por tanto, se exigirá que la unidad familiar, a uno de enero de cada ejercicio de aplicación de la bonificación por familia numerosa, ostente la condición de familia numerosa siempre que se acredite mediante el correspondiente título en vigor, y a dicha fecha, todos sus miembros se encuentren empadronados en el domicilio objeto del Impuesto a bonificar.

2. Además, será requisito para su aplicación y mantenimiento, que todos los miembros de la unidad familiar estén al corriente de pago con la Hacienda Municipal a fecha 31 de marzo de cada ejercicio, y por tanto, no tengan deudas en periodo ejecutivo, salvo que estén suspendidas o aplazadas.

5. Esta bonificación que tendrá carácter rogado, se concederá por el periodo de vigencia del título de familia numerosa aportado y se mantendrá mientras no varíen las circunstancias familiares y se extinguirá, en todo caso, el año inmediatamente siguiente a aquél en el que no concurra alguno de los citados requisitos. A tal efecto el contribuyente estará obligado a comunicar al Ayuntamiento cualquier modificación que afecte al mantenimiento de la bonificación, incluida la renovación del título de familia numerosa.

Artículo 6. Bonificación por domiciliación.

1. En virtud de lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, gozarán de una bonificación de la cuota íntegra del impuesto en un porcentaje del 2,5% que domicilien el pago del impuesto en una entidad bancaria o caja de ahorros y no tengan deuda en periodo ejecutivo a fecha 30 de septiembre de cada ejercicio.

2. La referida bonificación se aplicará sin necesidad de solicitud previa de forma automática, siempre que concurran los requisitos establecidos en el apartado anterior.

Si la orden de domiciliación se presenta hasta el 31 de octubre, surtirá efectos en el propio ejercicio. Si se hace a posteriori, la bonificación se aplicará para el ejercicio siguiente, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos.

3. La bonificación tendrá validez por tiempo indefinido en tanto se mantenga la domiciliación, no exista manifestación en contra por parte del sujeto pasivo, se atienda la orden de cargo en cuenta y el sujeto pasivo no tenga deudas pendientes de pago en periodo ejecutivo a fecha 30 de septiembre del ejercicio en el que se pretende su aplicación, salvo que estuviesen suspendidas o sobre las mismas se hubiese concedido aplazamiento o fraccionamiento de pago. Para su mantenimiento, además, se precisará que exista coincidencia entre el titular del recibo del ejercicio en que se realice la domiciliación y el de los ejercicios siguientes. Si la domiciliación no fuera atendida se exigirá la cuota total del impuesto.

La concurrencia de los requisitos exigidos será objeto de comprobación anual por esta Administración. Si éstos se cumplen, darán derecho a la aplicación automática de la bonificación; en caso contrario, no se aplicará en dicho ejercicio, todo ello sin necesidad de notificación al interesado.

En ningún caso, el importe de la bonificación recogida en este artículo podrá ser superior a 600 euros.

Artículo 7. Bonificación por sistema especial de pago.

2. El acogimiento a este sistema especial requiere necesariamente que se domicilie el pago del impuesto en una entidad bancaria o caja de ahorro, se formule la oportuna solicitud, que los sujetos pasivos no tengan deudas pendientes de pago en periodo ejecutivo a fecha 30 de septiembre del ejercicio en el que se pretende su aplicación, salvo que estuviesen suspendidas o sobre las mismas se hubiese concedido aplazamiento o fraccionamiento de pago.

Para su mantenimiento, además, se precisará que exista coincidencia entre el titular del recibo del ejercicio en que se realice la domiciliación y el de los ejercicios siguientes.

7. En ningún caso, el importe de la bonificación recogida en este artículo podrá ser superior a 600 euros.

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

Artículo 1.

1.De conformidad con lo previsto en el artículo 95.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales, el coeficiente de incremento de las cuotas del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica aplicable en este municipio queda fijado en:

2. Siempre que en la correspondiente ficha técnica no se exprese la potencia en CW, las motocicletas eléctricas tendrán la consideración al efecto de este impuesto, de motocicletas hasta 125c.c. y los vehículos de motor eléctrico tendrán la consideración, al efecto de este impuesto de turismos de 8 a 11,99 CW.

Artículo 4.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales, se aplican las siguientes bonificaciones:

1. a) Turismos de motor de explosión o de combustión, que estén homologados de fábrica, incorporando dispositivos catalizadores adecuados a su clase y modelo, que minimicen las emisiones contaminantes y cuyo combustible sea gasolina sin plomo o gasoil.

Se establece una bonificación del 75% en la cuota del impuesto, durante el año de primera matriculación, la cual se reducirá al 60% a aplicar, como máximo, en los cuatro periodos impositivos siguientes y consecutivos, respecto de los siguientes vehículos.

b) Toda clase de vehículos híbridos (motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diesel, o eléctrico-gas) que estén homologados de fábrica, incorporando dispositivos catalizadores, adecuados a su clase y modelo, que minimicen las emisiones contaminantes disfrutarán de una bonificación en la cuota del impuesto por importe del 75%, hasta un máximo de cuatro períodos impositivos sin contar el del año en el que se realiza la primera matrícula.

c) Toda clase de vehículo de motor eléctrico y/o de emisiones nulas disfrutarán de una bonificación en la cuota del impuesto por importe del 75% indefinidamente.

A los efectos de la aplicación de esta bonificación se entiende como periodo impositivo el año natural, independientemente del mes en el que se matricule y como fecha de primera matriculación aquella que conste en el registro público correspondiente.

La concesión o mantenimiento de las bonificaciones a que se refiere este artículo exige además:

— Que el vehículo se haya matriculado por primera vez o dado de alta en el padrón municipal partir de 1 de enero de 2008.

— Que el sujeto pasivo se encuentre al corriente de pago con la hacienda municipal a uno de enero del año en que se pretende su aplicación, salvo en el año de alta, en que esta circunstancia deberá poder acreditarse con la presentación de la autoliquidación.

2. Igualmente gozarán de una bonificación del 100 por 100 en la cuota del impuesto toda clase de vehículos calificados de históricos de conformidad con el Real Decreto 1.247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Vehículos Históricos, así como aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, al fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

La concesión o mantenimiento de esta bonificación exige que el sujeto pasivo se encuentre al corriente de pago con la hacienda municipal a uno de enero del año en que se pretende su aplicación.

3. Las bonificaciones de los apartados anteriores se aplicarán sobre la cuota resultante de multiplicar la cuota de tarifa por el coeficiente previsto en el artículo 1.1 de la presente ordenanza.

4. La bonificación del apartado 1.a se aplicará de forma automática una vez incorporados al padrón, siempre que se reúnan los requisitos exigidos, para lo cual se verificará su concurrencia anualmente. La eventual pérdida de bonificación se acordará mediante la aprobación del padrón y se entenderá notificada con ocasión de la exposición pública del mismo.

Las bonificaciones previstas en los apartados 1.b y 1.c se tramitarán a instancia de parte por solicitud del interesado, bien con la presentación de la autoliquidación que da lugar al alta en el padrón o en cualquier momento posterior, en cuyo caso se aplicará a partir del periodo siguiente si cumple los requisitos.

En todo caso, a la solicitud normalizada, deberá acompañar la siguiente documentación:

— Copia del Impuesto de primera matriculación

— Copia de la ficha técnica del vehículo

La bonificación del apartado 2 del presente artículo, se tramitará a instancia de parte por solicitud del interesado y se aplicará a partir del periodo impositivo siguiente, debiendo aportar copia de la ficha técnica del vehículo.

MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO, SUBSUELO y VUELO DE TERRENOS DE USO PÚBLICO.

Artículo 1.- Fundamento legal y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales.

Artículo 2.- Hecho Imponible

1.Constituye el hecho imponible de la tasa el aprovechamiento especial o el uso privativo que tiene lugar por la ocupación de terrenos de usos público tanto en el vuelo como suelo y subsuelo con tuberías y cables, depósitos de combustibles, transformadores eléctricos u otras formas o instalaciones análogas realizado por empresas explotadoras de servicios de suministros.

Artículo 3.- Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, titulares de las empresas explotadoras de servicios de suministros, con independencia del carácter público o privado de las mismas, tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de las cuales se efectúen los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión de las mismas y aquellos a cuyo favor se otorguen las licencias para disfrutar el aprovechamiento especial, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió al disfrute sin la preceptiva autorización.

Artículo 4.- Responsables

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42.1, párrafos a) y b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2. Los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, serán responsables subsidiarios en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 6.

4. Para utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, la cuota de la tasa consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término municipal las referidas empresas.

A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.

4.1. La base estará constituida por los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término municipal de Boadilla del Monte las Empresas a que se refiere este artículo.

4.2. Tendrán la consideración de ingresos brutos procedentes de la facturación obtenida anualmente en el término municipal por las referidas empresas los obtenidos en dicho periodo por las mismas como consecuencia de los suministros realizados a los usuarios, incluyendo los procedentes del alquiler y conservación de equipos o instalaciones propiedad de las empresas o de los usuarios, utilizados en la prestación de los referidos servicios así como las cantidades percibidas por los titulares de las redes en concepto de acceso o interconexión a las mismas.

4.3. En todo caso deberán ser incluidos en la facturación el importe de todos los suministros efectuados a los usuarios en el término municipal de Boadilla del Monte aún cuando las instalaciones establecidas para realizar un suministro concreto estén ubicadas fuera de dicho término o no transcurran en todo o en parte por vía pública.

4.4. No tendrán la consideración de ingresos brutos procedentes de la facturación, los siguientes conceptos:

a) Los impuestos indirectos que los graven.

b) Las subvenciones de explotación o de capital, tanto públicas como privadas, que las Empresas suministradoras puedan recibir.

c) Las cantidades que puedan recibir por donación, herencia o por cualquier otro título lucrativo.

d) Las indemnizaciones exigidas a terceros por daños y perjuicios.

e) Los productos financieros, tales como dividendos, intereses y cualesquiera otros de análoga naturaleza.

f) Las cantidades procedentes de la enajenación de bienes y derechos que formen parte de su patrimonio.

g) Las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que no constituyan un ingreso propio de la entidad a la que se aplique este régimen especial.

h) En general todo ingreso que no proceda de la facturación realizada en cada término municipal por servicios que constituyan la actividad propia de las Empresas de Servicios de Suministros.

4.5. Los ingresos a que se refiere el apartado 2 del presente artículo se minorarán exclusivamente en:

a) Las partidas correspondientes a importes indebidamente facturados por error y que hayan sido objeto de anulación o rectificación.

b) Las cantidades satisfechas a otras empresas en concepto de acceso o interconexión a las redes, en cuanto a las que empleen redes ajenas para efectuar los suministros.

Artículo 7.- Normas de Gestión

1. Las empresas explotadoras de servicios de suministros, deberán presentar por registro general dirigido al Servicio de Gestión Tributaria en el mes siguiente al final del trimestre natural, una relación comprensiva de los datos que a continuación se indican, referidos todos ellos al trimestre natural inmediato anterior, a los efectos de que por la Administración Municipal se practiquen las liquidaciones a que se refiere el artículo siguiente:

a) Importe de los ingresos brutos procedentes de la facturación a los consumidores finales, obtenidos en el término municipal de Boadilla del Monte, con indicación del número de clientes facturados.

b) Las empresas con redes propias, el importe de las cantidades percibidas de terceros por derechos de acceso o interconexión a redes propias, con indicación de los sujetos que han satisfecho tales cantidades y del importe correspondiente a cada uno de ellos,

c) Las empresas que utilicen redes ajenas, el importe de las cantidades abonadas por derechos de acceso o interconexión a redes propiedad de terceros, con indicación de los sujetos titulares de tales redes y las cuantías abonadas.

d) Importe, en su caso, de los ingresos no incluidos en la facturación, por tener la consideración de cantidades percibidas por cuenta de terceros, con indicación de éstos.

2. Las normas de gestión a que se refiere este artículo tendrán carácter supletorio cuando existan convenios o acuerdos entre el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y las Empresas Explotadoras de Servicios de Suministros.

3. De conformidad con lo previsto en el artículo 24.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo si con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produjesen desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, el beneficiario vendrá obligado, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, al reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados y al depósito previo de su importe. Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.

Las Entidades Locales no podrán condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente apartado.

Artículo 8.- Devengo

De conformidad con lo previsto en el artículo 26.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie el expediente, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente, salvo que no se solicite la preceptiva autorización, en cuyo caso, la tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial.

Artículo 9.- Declaración e ingreso

1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los períodos naturales de tiempo señalados.

2. Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, una vez autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja.

3. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día siguiente hábil al de su presentación. La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal comenzará a surtir efectos a partir del 1 de enero de 2012 y se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTION, INSPECCION, RECAUDACIÓN Y REVISIÓN DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO

TITULO I. NORMAS Y PRINCIPIOS GENERALES DEL ÁMBITO TRIBUTARIO

CAPÍTULO I.- OBJETO Y CONTENIDO DE LA ORDENANZA

Artículo 1.- Naturaleza y Contenido.

1. La presente ordenanza se dicta en ejercicio de la potestad tributaria municipal al amparo de lo dispuesto en el artículo. 106.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

2. Esta ordenanza contiene, dentro del ejercicio de las competencias municipales en materia tributaria, las normas directamente aplicables respecto al ámbito de la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los tributos municipales y demás ingresos de naturaleza pública municipal.

Artículo 2.- Fuentes de los ingresos públicos municipales.

La prelación de fuentes normativas de los créditos públicos municipales es la siguiente:

1. La Constitución Española

2. Tratados o Convenios Internacionales que contengan cláusulas de naturaleza tributaria, en concreto, normas dictadas por la Unión Europea y demás organismos internacionales en ejercicio de las competencias en materia tributaria del artículo 93 de la Constitución Española.

3. La Ley General Tributaria, el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como las demás Leyes que contengan disposiciones en materia tributaria que afecten a los tributos municipales.

4. Las disposiciones reglamentarias dictadas en desarrollo de las normas anteriores y específicamente por la presente ordenanza general y demás ordenanzas fiscales reguladoras de cada tributo.

Tendrán carácter supletorio las disposiciones generales de derecho administrativo y los preceptos de derecho común.

Artículo 3.- Ámbito temporal y espacial de aplicación de la normativa tributaria municipal.

1. Las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo, salvo que las mismas dispongan otra cosa, y se aplicará a los procedimientos iniciados a la fecha de entrada en vigor de la norma, por lo que los procedimientos tributarios iniciados antes de esa fecha se regirán por la normativa anterior hasta su conclusión.

2. Salvo las especialidades establecidas por la normativa reguladora aplicables a cada procedimiento, se entenderá que los procedimientos tributarios relativos a tributos de cobro periódico, se iniciarán a la fecha del devengo fijada en la normativa específica de cada uno, y respecto a tributos de devengo instantáneo, el procedimiento se iniciará cuando se realice el hecho imponible, fijado por la normativa reguladora de cada tributo.

3. Asimismo, la normativa que regule las infracciones y sanciones tributarias, así como los recargos, tendrán efecto retroactivo respecto a los actos no firmes, cuando su aplicación sea más favorable para el interesado. Respecto a los actos ya firmes, regirá el ámbito temporal descrito en los dos apartados anteriores.

Artículo 4.- Interpretación

1. La interpretación, calificación e integración de las normas tributarias se regirá de acuerdo con lo dispuesto en la Sección tercera, capítulo II del Título I de la Ley General Tributaria.

2. Las referencias a Tributos realizadas en esta Ordenanza deberán entenderse ampliadas al resto de los ingresos de derecho público en todo aquello que les pudiera ser de aplicación.

CAPÍTULO II.- DE LOS TRIBUTOS Y LA RELACION JURÍDICA TRIBUTARIA.

Artículo 5.- Contenido de la relación jurídico-tributaria.

1. La relación jurídica tributaria estará constituida por el conjunto de potestades y derechos así como de obligaciones y deberes fijados en la normativa tributaria y que se derivan de la aplicación y efectividad de los tributos.

2. Las obligaciones derivadas de la relación jurídico-tributaria pueden ser materiales o formales. Dentro de las primeras se incluyen la principal, esto es, el pago de la cuota tributaria y las accesorias, consistentes en el pago del interés de demora, recargos por declaración extemporánea sin requerimientos previos, recargos ejecutivos y costas procedimentales.

3. Las obligaciones formales son aquellas de contenido no pecuniario que la ley impone a los sujetos pasivos y demás obligados tributarios que, como actuaciones de gestión tributaria, son tendentes a la declaración o comprobación e investigación de la realización de hechos imponibles, así como a la liquidación y recaudación de deudas tributarias.

4. Los elementos integrantes de la obligación tributaria, y en concreto la determinación del sujeto pasivo obligado al pago de la deuda, en cuanto elementos directamente determinantes por la ley, no podrán ser alterados o sustituidos por pactos o convenios de los particulares sin perjuicio de sus consecuencias en el orden jurídico privado.

SECCIÓN PRIMERA: LOS BENEFICIOS FISCALES

Artículo 6.- Configuración normativa.

Los Beneficios fiscales en los tributos municipales serán única y exclusivamente los reconocidos en normas con rango de ley, Tratados Internacionales y aquellos que por disposición legal y dentro de los límites sustantivos pueden ser recogidos y desarrollados en sus aspectos materiales y formales por las diversas Ordenanzas Fiscales Reguladoras de los Tributos Municipales.

Artículo 7.- Reconocimiento de los beneficios fiscales.

1. Con carácter general, para cada periodo impositivo deberán concurrir los requisitos objetivos y subjetivos determinantes para la concesión del beneficio fiscal. Salvo que la normativa del tributo establezca otra previsión, estos requisitos deberán reunirse, para cada periodo impositivo al que corresponde aplicar la bonificación, en el momento de devengo

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, en el caso de beneficios fiscales que puedan aplicarse en ejercicios posteriores al de su concesión, los interesados no estarán obligados a acreditar la concurrencia de los requisitos determinantes para su concesión siempre que la documentación obre en poder de la Administración y mantenga su validez, salvo requerimiento expreso. No obstante, si existe variación en las condiciones que motivaron el reconocimiento del beneficio, deberá comunicarlo y en su caso, presentar la documentación correspondiente.

3. Para la concesión y el mantenimiento en ejercicios posteriores de beneficios fiscales potestativos, salvo que la Ordenanza fiscal reguladora del tributo establezca otro requisito, plazo o condición, será necesario no tener con la Hacienda Municipal deuda en periodo ejecutivo referida al momento de finalización de cada uno de los plazos que anualmente se fijan para la presentación de solicitudes de bonificación de los respectivos tributos, salvo que aquella esté suspendida o aplazada.

Artículo 8.- Normas comunes sobre el procedimiento de los beneficios fiscales.

a) Tratándose de tributos de cobro periódico por recibo y notificación colectiva, y salvo que la ordenanza fiscal reguladora del tributo fije otro plazo, la solicitud deberá presentarse como máximo en el primer trimestre natural del período impositivo en que deba surtir efectos, en otro caso, surtirá efectos, si procede, para el ejercicio siguiente. En el caso de altas o modificaciones, la solicitud deberá formularse junto con la correspondiente declaración dentro del plazo establecido para la presentación del alta o modificación.

b) En los tributos no periódicos: la solicitud deberá formularse junto con la correspondiente declaración o autoliquidación dentro del plazo establecido para su presentación.

Con carácter general, salvo que la regulación de cada Tributo establezca otra cosa, una vez concedido un beneficio fiscal no será preciso reiterar la solicitud para su aplicación en períodos futuros, salvo que se modifiquen las circunstancias que justificaron su concesión o la normativa aplicable.

Artículo 9.- Requisitos de la solicitud.

1. La solicitud deberá reunir los requisitos formales fijados con carácter general para la iniciación de los procedimientos tributarios, así como los exigidos por la normativa de cada tributo, y en todo caso, el nombre y apellidos o razón social y el número de identificación fiscal del obligado tributario, y, en su caso, de la persona que lo represente.

2. No obstante lo anterior, la Administración Tributaria Municipal podrá aprobar modelos de solicitudes de beneficios fiscales para todos aquellos supuestos en que se produzca una tramitación masiva de actuaciones y procedimientos tributarios de concesión de beneficios fiscales.

3. Si el documento de iniciación no reúne los requisitos fijados en el apartado anterior, se requerirá al interesado para que en un plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido y se procederá al archivo sin más trámite.

Artículo 10.- Principio de no transmisibilidad de los beneficios fiscales

1. En los tributos de carácter real, el principio de afección real de los bienes al pago del impuesto implicará la no transmisibilidad del beneficio fiscal al nuevo sujeto pasivo adquirente del bien, el cual deberá instar el inicio de un nuevo procedimiento de concesión mediante la presentación de una solicitud a su nombre.

2. De igual forma no resultarán transmisibles al nuevo sujeto pasivo los efectos de un beneficio fiscal ya concedido al anterior cuando las circunstancias personales de este último resultaren determinantes para esa concesión.

SECCIÓN SEGUNDA: LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS

Artículo 11.- Concepto y clases de obligados tributarios.

1. Son obligados tributarios las personas físicas y jurídicas, y las demás entidades recogidas en el Artículo 35 de la LGT, a las que se les imponga el cumplimiento de obligaciones tributarias, materiales o formales.

2. La concurrencia de dos o más obligados tributarios en la realización del hecho imponible que origine la obligación tributaria principal, determinará que queden solidariamente obligados frente a la Administración Tributaria Municipal al cumplimiento de todas las prestaciones materiales y formales.

Cuando la Hacienda Municipal sólo conozca la identidad de un titular, practicará y notificará las liquidaciones tributarias a nombre del mismo, quien vendrá obligado a satisfacerlas si no solicita su división. A tal efecto, para que proceda la división será indispensable que el solicitante facilite los datos personales y el domicilio de los restantes obligados al pago, así como la proporción de las cuotas en el condominio.

3. Aún cuando no ostenten la condición de obligados tributarios estarán legitimados para solicitar y obtener el derecho a la devolución los interesados que justifiquen la realización del ingreso mediante los elementos de prueba previstos en esta Ordenanza.

Artículo 12.- Concepto y clases de sujeto pasivo.

1. Es sujeto pasivo quien la Ordenanza municipal reguladora de cada tributo y dentro del marco legal, resulte obligado al pago de la deuda tributaria, así como a cumplir las obligaciones formales inherentes a la principal, ya sea como contribuyente o como sustituto del mismo.

2. La posición del sujeto pasivo, así como los demás elementos de la obligación tributaria no podrán ser alterados por pacto o contrato entre los particulares, sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-privadas y salvo que la ley de cada tributo dispusiera lo contrario.

3. Es contribuyente el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible dando lugar al nacimiento de la obligación tributaria.

4. Es sustituto del contribuyente el sujeto pasivo que, según la Ordenanza Municipal Reguladora de cada tributo y dentro del marco legal, está obligado a cumplir la obligación principal del pago de la deuda tributaria, así como de las obligaciones formales inherentes a la misma.

Artículo 13. -Los sucesores de personas físicas.

1. Los sucesores mortis causa de los obligados tributarios ya sea a título de herederos como de legatarios de parte alícuota de la deuda, se subrogarán en la posición del causante asumiendo las obligaciones tributarias pendientes en el momento del fallecimiento, fuera cual fuera el periodo recaudatorio en que se encontraran las deudas, todo ello sin perjuicio de las limitaciones que para la aceptación de la herencia se fijan en la legislación civil.

No obstante lo anterior, en ningún caso se transmitirán las sanciones pecuniarias impuestas al sujeto infractor, así como las obligaciones del responsable, salvo que se hubiera notificado el acuerdo de derivación de la responsabilidad antes del fallecimiento.

2. Asimismo se transmitirán a los herederos y legatarios las obligaciones tributarias devengadas y no liquidadas a la fecha de la muerte del causante, en cuyo caso las actuaciones se entenderán con cualquiera de ellos, procediéndose a la práctica y notificación de la liquidación que resulte de dichas actuaciones a todos los interesados que consten en el expediente.

Artículo 14.- Forma de acreditación.

Para la constancia de la sucesión mortis causa los herederos y legatarios podrán acudir a los medios de prueba comúnmente aceptados en la normativa tributaria, y en concreto la escritura pública de declaración de herederos y/o aceptación, división y liquidación de la herencia.

Artículo 15.- Herencia yacente.

Mientras la herencia se encuentre yacente, el cumplimiento de las obligaciones tributarias del causante corresponderá al representante de la misma o a quien deba considerarse como tal de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley General Tributaria. Si al término del procedimiento de gestión tributaria no resultasen herederos individualizados, las obligaciones tributarias serán a cargo de la herencia yacente, en su concepto de sujeto pasivo del tributo, en los términos fijados por el Artículo 11 de esta Ordenanza.

Artículo 16.- Los sucesores de personas jurídicas

1. En caso de disolución y liquidación de entidades con personalidad jurídica, los socios o partícipes responderán solidariamente de las obligaciones societarias pendientes, de forma íntegra o hasta el límite de las respectivas cuotas, según se trate de sociedades mercantiles que limiten legalmente o no, la responsabilidad patrimonial de los socios, respectivamente.

2. En caso de fusión y transformación de sociedades mercantiles, las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a las entidades mercantiles sucesoras a las que se haya transferido la totalidad del patrimonio social de la entidad disuelta, subrogándose en todos los derechos y obligaciones tributarias que le correspondieran a esta última.

La prueba de lo anterior podrá consistir en la aportación de la escritura pública de fusión o transformación de las sociedades mercantiles, debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

3. Las sanciones por las infracciones cometidas por las entidades mercantiles, serán exigibles a los sucesores de las mismas hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que les corresponda.

Artículo 17.- Alcance de la responsabilidad tributaria y procedimiento para su declaración.

1. La ley podrá declarar responsables de la deuda tributaria, junto a los sujetos pasivos o deudores principales, a otras personas, solidaria o subsidiariamente.

2. Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

3. La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda tributaria, con excepción de las sanciones. El recargo de apremio sólo será exigible al responsable en el supuesto regulado en el párrafo tercero del apartado siguiente.

4. En todo caso, la derivación de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un acto administrativo en el que, previa audiencia del interesado, se declare la responsabilidad y se determine su alcance.

Dicho acto les será notificado, con expresión de los elementos esenciales de la liquidación, en la forma que reglamentariamente se determine, confiriéndoles desde dicho instante todos los derechos del deudor principal.

Transcurrido el período voluntario que se concederá al responsable para el ingreso, si no efectúa el pago la responsabilidad se extenderá automáticamente al recargo a que se refiere el artículo 127 de la Ley General Tributaria y la deuda le será exigida en vía de apremio.

5. La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la previa declaración de fallido del deudor principal y de los demás responsables solidarios, sin perjuicio de las medidas cautelares que antes de esta declaración puedan adoptarse dentro del marco legalmente previsto.

6. Cuando sean dos o más los responsables solidarios o subsidiarios de una misma deuda, ésta podrá exigirse íntegramente a cualquiera de ellos.

Artículo 18.- Los responsables solidarios en materia tributaria.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción tributaria.

2. En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de tributación.

Artículo 19.- Entidades sin personalidad jurídica.

Los copartícipes o cotitulares de las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, responderán solidariamente, y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas Entidades.

Artículo 20.- Los responsables subsidiarios en materia tributaria.

1. Serán responsables subsidiariamente de las infracciones tributarias simples y de la totalidad de la deuda tributaria en los casos de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de las mismas que no realizaren los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieren el incumplimiento por quienes de ellos dependan o adoptaren acuerdos que hicieran posibles tales infracciones.

Asimismo, serán responsables subsidiariamente, en todo caso, de las obligaciones tributarias pendientes de las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, los administradores de las mismas.

Lo previsto en este precepto no afectará a lo establecido en otros supuestos de responsabilidad en la legislación tributaria en vigor.

2. Serán responsables subsidiarios los Síndicos, Interventores o Liquidadores de quiebras, concursos, Sociedades y Entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.

Artículo 21.- La acción de derivación de responsabilidad tributaria.

1. Los adquirentes de bienes afectos por Ley a la deuda tributaria responderán con ellos, por derivación de la acción tributaria, si la deuda no se paga.

2. La derivación de la acción tributaria contra los bienes afectos exigirá acto administrativo notificado reglamentariamente, pudiendo el adquirente hacer el pago, dejar que prosiga la actuación o reclamar contra la liquidación practicada o contra la procedencia de dicha derivación.

3. La derivación sólo alcanzará el límite previsto por la Ley al señalar la afección de los bienes.

SECCIÓN TERCERA: EL DOMICILIO FISCAL

Artículo 22. Domicilio fiscal.

1. El domicilio fiscal es el lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con el Ayuntamiento. El domicilio fiscal será, salvo excepciones:

a) Para las personas físicas, el lugar donde tenga su residencia habitual.

b) Para las personas jurídicas, su domicilio social siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se entenderá el lugar en el que se lleve a cabo dicha gestión o dirección.

2. Los obligados tributarios deberán comunicar de forma expresa su domicilio fiscal y el cambio del mismo a la Hacienda Municipal y dicho cambio no producirá efectos frente a ésta hasta que se cumpla con dicho deber de comunicación. El plazo para la comunicación a la Hacienda Municipal del cambio del domicilio fiscal será el siguiente:

a) Para las personas físicas que no deban estar en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores hasta 3 meses a partir del momento en que se produzca dicho cambio.

b) Para las personas físicas que deban estar en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, así como para las personas jurídicas y demás entidades sin personalidad jurídica, hasta plazo de 1 mes desde que se produzca dicho cambio.

El incumplimiento de la obligación de comunicar el domicilio fiscal o el cambio del mismo podría constituir infracción tributaria leve.

3. El cambio de domicilio declarado en el Padrón de habitantes y otros registros administrativos no supone un cambio de domicilio fiscal y como tal no sustituye la obligada declaración tributaria indicada en el artículo 48.3 de la LGT.

4. La Hacienda Municipal, figurando como desconocido en el domicilio que conste como fiscal en la base de datos de ingresos, podrá comprobar y rectificar el citado domicilio fiscal en relación con los tributos cuya gestión le compete. A estos efectos se seguirá el siguiente procedimiento:

a) Cuando la rectificación de domicilio fiscal derive de la información contenida en documentos, declaraciones, inscripciones en registros públicos municipales, y otros actos, aportados, realizados o producidos por los obligados tributarios, la Hacienda Municipal, en virtud del principio de respeto a los actos propios de dichos obligados, rectificará de oficio dichos domicilios, sin necesidad de audiencia previa o notificación independiente de tal rectificación.

b) Cuando la rectificación de domicilio fiscal derive de la información remitida por la Agencia Tributaria de la Administración del Estado, en el marco del convenio de intercambio de datos vigente con la AEAT o por la Seguridad Social, si se suscribe el oportuno convenio, la Hacienda municipal, rectificará de oficio dichos domicilios, sin necesidad de audiencia previa o notificación independiente de tal rectificación.

c) Si la rectificación de domicilio fiscal derivase de actuaciones de comprobación administrativa basada en elementos distintos a los de los apartados precedentes, se concederá audiencia previa. El acuerdo de rectificación será notificado al obligado tributario, incluso de forma simultánea a la notificación del primer acto administrativo que se dicte en cualquier procedimiento tributario.

CAPÍTULO III. PRINCIPIOS GENERALES DE APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.

SECCIÓN PRIMERA: INFORMACIÓN Y ASISTENCIA A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS.

Artículo 23.- Deber de información y asistencia a los obligados tributarios.

1. La Administración deberá prestar a los obligados tributarios la necesaria información y asistencia acerca de sus derechos y obligaciones.

2. La actividad a la que se refiere el apartado anterior se instrumentará, entre otras, a través de las actuaciones relacionadas en el artículo 85.2 de la Ley General Tributaria, potenciándose en concreto las siguientes:

— Publicación del texto íntegro de las Ordenanzas Generales, de las reguladoras de cada tributo, y de los Acuerdos de establecimiento y regulación de los precios públicos, de acuerdo con los trámites procedimentales regulados en el la normativa de Derecho Municipal.

— Comunicaciones y actuaciones de información efectuadas por los servicios destinados a tal efecto en los órganos de la Administración tributaria.

— Asistencia a los obligados en la realización de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones tributarias.

— Difusión a través de la web municipal de la información de interés para los obligados tributarios.

Artículo 24.- Comunicaciones y actuaciones de información.

1. La Administración tributaria informará a los contribuyentes de los criterios administrativos existentes para la aplicación de la normativa tributaria, facilitará la consulta a las bases informatizadas donde se contienen dichos criterios y podrá remitir comunicaciones destinadas a informar sobre la tributación de determinados sectores o actividades.

2. Las actuaciones de información previstas en este artículo se podrán efectuar mediante el empleo y aplicación de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos.

Artículo 25.- Asistencia en materia tributaria.

La asistencia a los obligados en la realización de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones tributarias, se realizará siempre personalizada, ya sea de forma presencial mediante la comparecencia del contribuyente ante cualquiera de los funcionarios adscritos al Servicio de Gestión Tributaria del Ayuntamiento, ya sea mediante contestación a las consultas verbales o escritas de naturaleza tributaria realizadas por los distintos canales establecidos por el Ayuntamiento.

SECCIÓN SEGUNDA.- DEBER DE INFORMACIÓN DE LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS Y DE TERCERAS PERSONAS.

Artículo 26.- Los obligados a informar.

1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades mencionadas en el apartado 4 del artículo 35 de la Ley General Tributaria, estarán obligadas a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas.

2. Las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior deberán cumplirse con carácter general en la forma y plazos que reglamentariamente se determinen, o mediante requerimiento individualizado de la Administración tributaria que podrá efectuarse en cualquier momento posterior a la realización de las operaciones relacionadas con los datos o antecedentes requeridos.

3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo no podrá ampararse en el secreto bancario. Los requerimientos individualizados relativos a los movimientos de cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y créditos y demás operaciones activas y pasivas, incluidas las que se reflejen en cuentas transitorias o se materialicen en la emisión de cheques u otras órdenes de pago, de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y cuantas entidades se dediquen al tráfico bancario o crediticio, podrán efectuarse en el ejercicio de las funciones de inspección o recaudación, previa autorización del órgano de la Administración tributaria que reglamentariamente se determine.

Los requerimientos individualizados deberán precisar los datos identificativos del cheque u orden de pago de que se trate, o bien las operaciones objeto de investigación, los obligados tributarios afectados, titulares o autorizados, y el período de tiempo al que se refieren.

La investigación realizada según lo dispuesto en este apartado podrá afectar al origen y destino de los movimientos o de los cheques u otras órdenes de pago, si bien en estos casos no podrá exceder de la identificación de las personas y de las cuentas en las que se encuentre dicho origen y destino.

4. Los funcionarios públicos, incluidos los profesionales oficiales, estarán obligados a colaborar con la Administración tributaria suministrando toda clase de información con trascendencia tributaria de la que dispongan, salvo que sea aplicable:

a. El secreto del contenido de la correspondencia.

b. El secreto de los datos que se hayan suministrado a la Administración para una finalidad exclusivamente estadística.

c. El secreto del protocolo notarial, que abarcará los instrumentos públicos a los que se refieren los artículos 34 y 35 de la Ley de 28 de Mayo de 1862, del Notariado, relativos a cuestiones matrimoniales, con excepción de los referentes al régimen económico de la sociedad conyugal.

5. La obligación de los demás profesionales de facilitar información con trascendencia tributaria a la Administración tributaria no alcanzará a los datos privados no patrimoniales que conozcan por razón del ejercicio de su actividad cuya revelación atente contra el honor o la intimidad personal y familiar. Tampoco alcanzará a aquellos datos confidenciales de sus clientes de los que tengan conocimiento como consecuencia de la prestación de servicios profesionales de asesoramiento o defensa.

Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional para impedir la comprobación de su propia situación tributaria.

Artículo 27.- Carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria.

Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto alguna de las colaboraciones señaladas en el artículo 95 de la Ley General Tributaria.

SECCIÓN TERCERA.- LA OBLIGACIÓN DE RESOLVER Y PLAZOS DE RESOLUCIÓN.

Artículo 28. Obligación de resolver.

1. La Administración Tributaria Municipal está obligada a dictar y notificar reglamentariamente resolución expresa en todos los procedimientos de aplicación de los tributos sea cual sea la forma de su iniciación.

2. No existirá obligación de resolver expresamente en los procedimientos relativos al ejercicio de derechos que sólo deban ser objeto de comunicación por el obligado tributario y en los que se produzca la caducidad, la pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento, la renuncia o el desistimiento de los interesados.

No obstante, cuando el interesado solicite expresamente que la Administración declare que se ha producido alguna de las referidas circunstancias, ésta quedará obligada a contestar a su petición.

3. En cualquier caso, y tratándose de liquidaciones, actos de comprobación de valor, de imposición de obligaciones, de denegación de beneficios fiscales o de suspensión de la ejecución de actos de gestión tributaria, la Administración Municipal está obligada a motivar su contenido con sucinta referencia a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.

Tratándose de actos liquidatorios y de comprobación de valores, se considerará motivación suficiente la que proporcione al interesado un conocimiento adecuado de los elementos directamente determinante de la deuda tributaria evitando su indefensión.

Artículo 29.- Plazos de Resolución

1. El plazo máximo en que se deberá notificar la resolución será de seis meses, salvo que la normativa aplicable fije un plazo diferente. El plazo se contará:

a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha de notificación del acuerdo de inicio.

b) En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, desde la fecha en que el documento haya tenido entrada en el Registro General del Ayuntamiento.

Queda excluido de lo que dispone este apartado el procedimiento de apremio, cuyas actuaciones se podrán extender hasta el plazo de prescripción del derecho de cobro.

2. A los únicos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente acreditar que se ha realizado un intento de notificación que contenga el texto íntegro de la resolución.

3. Los periodos de interrupción justificada y las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable al Ayuntamiento no se incluirán en el cómputo del plazo de resolución.

4. El incumplimiento de los plazos máximos de terminación de los procedimientos producirá los efectos previstos en su normativa específica o, en su defecto, los previstos en el artículo 104 de la Ley General Tributaria, sin perjuicio de la obligación de la Administración de dictar resolución expresa cuando proceda.

5. Si vence el plazo de resolución en los procedimientos iniciados a instancia de parte, sin que se haya notificado la resolución expresa, se producirán los efectos que establezca la normativa aplicable.

En particular, se entenderán desestimados cuando no se notifique una resolución expresa, transcurrido el plazo establecido para resolverlos, los procedimientos siguientes:

a) Las solicitudes de concesión de aplazamientos y fraccionamientos para el pago de deudas tributarias, a los seis meses de su petición.

b) Las solicitudes de compensación de deudas y créditos de la Hacienda Municipal, a instancia del interesado, a los seis meses de su petición.

c) Las solicitudes de beneficios fiscales, a los seis meses de su petición.

d) Las solicitudes de devolución de ingresos indebidos, a los seis meses desde su petición.

f) Las solicitudes de reembolso del coste de las garantías a los seis meses desde la petición.

En los procedimientos iniciados de oficio, cuando no se notifique una resolución expresa, transcurrido el plazo establecido para resolver y se trate de procedimientos de los que se pudiese derivar el reconocimiento, la constitución de derechos u otras situaciones jurídico-individuales, los obligados tributarios podrán entender desestimados por silencio administrativo los posibles efectos favorables derivados del procedimiento.

Artículo 30.- La caducidad de los procedimientos tributarios.

1. En los procedimientos iniciados a instancia de parte cuando se produzca la paralización por causa imputable al obligado tributario, la Administración le advertirá de que, transcurridos tres meses, podrá declarar de oficio la caducidad.

2. En los procedimientos iniciados de oficio, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, cuando haya transcurrido el plazo de resolución sin que se haya notificado resolución expresa, se producirá la caducidad, que podrá ser declarada a instancia de parte o de oficio.

3. La caducidad no producirá la prescripción de los derechos de la Administración tributaria municipal, pero las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción ni se consideraran requerimientos administrativos a los efectos previstos en el art. 27.1 de la Ley General Tributaria.

4. Las actuaciones realizadas en el transcurso de un procedimiento caducado, así como los documentos y otros elementos probatorios conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios en otros procedimientos iniciados o que pueda iniciarse con posterioridad en relación al mismo o a otro obligado tributario.

SECCIÓN CUARTA. - LA PRUEBA

Artículo 31.- La prueba.

1. En los procedimientos de aplicación y revisión de los tributos, quien haga valer su derecho ha de probar los hechos constitutivos de los mismos.

2. Los obligados tributarios tienen el deber de probar si designan de manera concreta los elementos de prueba en poder de la Administración tributaria municipal.

3. En materia de prueba será de aplicación las normas sobre medios, valoración y prácticas contenidas en el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 32.- Presunciones.

1. La Administración Tributaria puede considerar como titular de cualquier bien, derecho, empresa, servicio, actividad, explotación o función quien figure como tal en un registro fiscal o en otros de carácter público, salvo prueba en contra.

2. Los datos y los elementos de hecho consignados en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones y otros documentos presentados por los obligados tributarios se presumen ciertos para ellos y solamente pueden ser rectificados por éstos mediante prueba en contra.

Artículo 33.- Valor probatorio de las diligencias y presunciones en materia tributaria.

1. Las diligencias extendidas en el curso de las actuaciones y los procedimientos de aplicación de los tributos, tienen la naturaleza de documentos públicos, su contenido se presume cierto, y hacen prueba de los hechos que originaron su formalización, salvo que se acredite otra cosa.

2. Las presunciones establecidas por las normas tributarias serán admisibles como medio de prueba de la realización de hechos imponibles, excepto en los casos de prohibición expresa por una norma con rango de ley.

3. En cualquier otro caso de presunciones en materia tributaria entre el hecho demostrado y el que se trata de deducir deberá existir un enlace directo, preciso, según las reglas del criterio humano.

En relación con la fuerza probatoria de las presunciones tributarias habrán de tener en cuenta la prohibición de analogía a fin de no extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible.

4. Respecto a la gestión de los tributos municipales de carácter real, la Administración podrá considerar como titular de cualquier bien, derecho, actividad o explotación a quien figure como tal en cualquier registro público, en concreto en los padrones fiscales a efectos del IBI, salvo prueba en contrario, cuya carga incumbirá a quien niegue los hechos constatados en los mismos.

A este respecto, la presentación por la Comunidad de Propietarios de la declaración de alta del edificio que contenga los datos personales, plenamente identificativos de los titulares individuales de las viviendas, producirán efectos interruptivos de la prescripción del derecho a liquidar las cuotas que se devenguen respecto a cada uno de aquellos, presumiéndose que fue presentada con conocimiento formal de los mismos.

5. La fecha de una escritura pública de compraventa hará prueba del momento efectivo de la transmisión del bien inmueble operada, salvo que en la misma se disponga otra cosa, y únicamente producirá efectos desde ese fecha en relación con los tributos municipales de carácter real cuyos hechos imponibles tengan dicha adquisición como elemento determinante.

SECCIÓN QUINTA.- LAS NOTIFICACIONES EN MATERIA TRIBUTARIA.

Artículo 34.- Régimen Legal

El régimen de las notificaciones en materia tributaria será el establecido en la Ley General Tributaria, y demás disposiciones de desarrollo, tales como la presente Ordenanza.

En lo no dispuesto por las anteriores normas, se estará a la regulación de las disposiciones administrativas de carácter general.

Artículo 35.- Lugar de práctica de las notificaciones.

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante o, en su defecto, en el domicilio fiscal de uno u otro.

2. En los procedimientos iniciados de oficio, la notificación podrá practicarse en el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante, en el centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier otro adecuado a tal fin, entendiéndose como tal, las oficinas de la administración tributaria así como el lugar donde se hubieran recepcionado de forma efectiva anteriores actos y comunicaciones administrativas de carácter tributario o no, pudiendo la Hacienda Municipal incorporar estos domicilios, como complementarios al fiscal, a las bases de datos utilizadas para la aplicación de tributos e ingresos de derecho público.

3. Se considerará válida y eficaz toda notificación defectuosa dirigida al obligado tributario o representante, cuando a pesar del error en la dirección de destino se presuma el conocimiento de su contenido por aquellos mediante la interposición de recursos o presentación de escritos de solicitud ante la Administración.

4. De la misma forma será conforme a derecho y producirá plenos efectos la notificación de actos tributarios que contengan un mero error material o de hecho respecto al lugar de destino o en relación a los datos personales del obligado tributario, pero que no impida, no obstante, la correcta identificación de la deuda y del sujeto pasivo, y siempre que se acredite posteriormente que el destinatario tuvo pleno conocimiento del contenido del acto o de la resolución objeto de notificación. En todo caso, el pago de la deuda presupone que el obligado tributario fue correctamente notificado.

5. Las notificaciones realizadas en los términos anteriores producirán efectos interruptivos de la prescripción del derecho a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación así como del derecho a ejercer la acción recaudatoria de las deudas ya liquidadas.

Artículo 36.- Personas legitimadas para recibir las notificaciones.

Cuando la notificación se reciba en el domicilio fiscal o lugares alternativos que se regulan en esta Ordenanza, de no encontrarse presentes los destinatarios en el momento de la entrega, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en dicho lugar o domicilio y haga constar su identidad, así como los empleados de la comunidad de propietarios donde radique el lugar señalado a efectos de notificaciones o del domicilio fiscal del obligado o su representante.

El rechazo de la notificación por el interesado o su representante determina que se tenga por realizada la entrega.

Artículo 37.- Notificación de las liquidaciones tributarias.

1. Las liquidaciones tributarias deberán ser notificadas a los obligados tributarios en los términos señalados en esta Sección.

2. Las liquidaciones tributarias se notificarán, con expresión de:

a) La identificación del obligado tributario.

b) Los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria.

c) La motivación de las mismas, cuando no se ajusten a los datos consignados por el obligado tributario o interpretación de la normativa realizada por el mismo, con expresión de los hechos y elementos esenciales que las originen, así como de los fundamentos de derecho.

d) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición.

e) El lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.

f) Su carácter de provisional o definitiva. En defecto de indicación expresa, se entenderá que la liquidación tiene carácter provisional.

3. Reglamentariamente, podrán establecerse los supuestos en los que no será preceptiva la notificación expresa, siempre que la Administración así lo advierta por escrito al obligado tributario o a su representante.

Artículo 38.- Notificaciones de las liquidaciones en los tributos de vencimiento periódico y notificación colectiva.

1. En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta del objeto tributario en el respectivo registro, padrón o matrícula municipal, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones, mediante edictos que así lo adviertan, conforme el art. 102 de la LGT

Los padrones o matrículas se elaborarán por el Departamento de Gestión Tributaria, siendo objeto de aprobación por cada periodo por el órgano competente, Alcalde u órgano en quién delegue y, una vez aprobados, se expondrán al público por plazo de un mes contado desde el primer día del periodo de pago voluntario.

Los periodos de pago de deudas de vencimiento periódico se incluyen en el Calendario Fiscal y determinan, en cada caso, el inicio del periodo de exposición al público del correspondiente padrón o matrícula. Serán objeto de publicación anual en BOCM en el primer trimestre del ejercicio.

Sus datos sólo se facilitarán al obligado tributario o su representante en aplicación del deber de confidencialidad de la información tributaria.

2. El aumento de base imponible sobre la resultante de las declaraciones deberá notificarse al contribuyente con expresión concreta de los hechos y elementos adicionales que lo motiven, excepto cuando la modificación provenga de revalorizaciones de carácter general autorizadas por las leyes.

No será preciso proceder a la notificación individualizada: en los casos de:

a) Variaciones en la cuota tributaria cuando provengan de modificaciones de la Ordenanza fiscal reglamentariamente tramitada y/o de una ley estatal de general y obligatoria aplicación.

b) Variaciones en los periodos voluntarios de pago incluidos en el Calendario fiscal, siempre que se publique en el BOCM.

3. Cuando los períodos de cobro de diversos tributos de vencimiento periódico sean coincidentes, se podrá exigir el pago de las cuotas respectivas mediante un recibo único, en el que constarán debidamente separados los conceptos de ingreso. En caso de agrupación de tributos, el interesado no estará obligado a pagar la totalidad del recibo en el mismo momento.

TÍTULO II. LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 39.- Regulación de las actuaciones y procedimientos tributarios.

1. Las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos, en el ámbito de la Administración tributaria municipal, se regularán:

a) Por la Ley General Tributaria, el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, por esta ordenanza y las ordenanzas fiscales específicas de cada tributo.

b) Supletoriamente, por las disposiciones generales de los procedimientos administrativos.

2. La Administración tributaria municipal podrá aprobar modelos y sistemas normalizados de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cuales quiera otro medio previsto en la normativa tributaria por los supuestos en que se produzca la tramitación masiva de las actuaciones y procedimientos tributarios.

3. Podrán refundirse en documento único de declaración, liquidación y recaudación las exacciones que recaigan sobre el mismo obligado tributario u obligado al pago en cuyo caso se requerirá:

a) En la liquidación deberán constar las bases y tipos o cuotas de cada concepto, con lo que quedarán determinadas o individualizadas cada una de las liquidaciones que se refunden.

b) En la recaudación deberán constar por separado las cuotas relativas a cada concepto cuya suma determinará la cuota refundida a exaccionar mediante documento único.

CAPÍTULO II. GESTIÓN TRIBUTARIA

Artículo 40.- Alcance de la Gestión Tributaria.

Consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a:

a) La recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos y demás documentos con trascendencia tributaria.

b) La comprobación y realización de las devoluciones previstas en la normativa tributaria.

c) El reconocimiento y comprobación de la procedencia de los beneficios fiscales.

d) La realización de actuaciones de control del cumplimiento de la obligación de presentar declaraciones tributarias y otras obligaciones formales.

e) La realización de actuaciones de verificación de datos y de comprobación limitada.

f) La práctica de liquidaciones tributarias derivadas de las actuaciones de los apartados anteriores.

g) La emisión de certificados tributarios.

h) La elaboración y mantenimiento de los censos tributarios.

i) La información y asistencia tributaria. Las demás actuaciones de aplicación de los tributos no integrados en las funciones de inspección y recaudación.

Artículo 41.- Formas de Iniciación de la gestión tributaria.

1. De acuerdo con lo previsto en la normativa tributaria, la gestión de los tributos se iniciará:

a) Por una autoliquidación, por una comunicación de datos o por cualquier otra clase de declaración.

b) Por una solicitud del obligado tributario, de acuerdo con lo previsto en el artículo 98 de la Ley General Tributaria.

c) De oficio por la Administración Tributaria.

2. Cuando el procedimiento se inicie mediante solicitud, esta deberá contener, al menos, los siguientes extremos:

a. Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal del obligado tributario y, en su caso, del representante.

b. Hechos, razones y petición en que se concrete la solicitud con la documentación que la soporte.

c. Lugar, fecha y firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio válido en derecho.

d. Órgano al que se dirige.

En el caso de que se actúe por medio de representante deberá aportarse la documentación acreditativa de la representación. La solicitud podrá incluir un domicilio a efectos de notificaciones.

Artículo 42. Declaraciones tributarias

1. Se considerará declaración tributaria todo documento presentado ante la Administración Tributaria municipal donde se reconozca o manifieste la realización de cualquier hecho relevante para la aplicación de los tributos. La presentación de una declaración no implica aceptación o reconocimiento por el obligado tributario de la procedencia de la obligación tributaria.

2. También se considera declaración tributaria la presentación de los documentos que contengan el hecho imponible o que lo constituyan.

3. La Administración tributaria Municipal puede reclamar declaraciones, y la ampliación de éstas, así como la corrección de los defectos advertidos, cuando sea necesario para la liquidación y la comprobación del tributo, así como la información suplementaria que proceda.

4. Podrán presentarse declaraciones complementarias o sustitutivas, para completar o modificar las presentadas con anterioridad siempre que se presenten con anterioridad a la liquidación correspondiente a la declaración inicial. Con posterioridad a la liquidación, si se pretende modificar el contenido de una declaración previamente presentada, deberá solicitarse su rectificación, conforme a lo establecido en el artículo 53.

Artículo 43. Autoliquidaciones.

1. La autoliquidación es una declaración en la que el obligado tributario, además de comunicar a la Administración los datos necesarios para la liquidación del tributo y otros de contenido informativo, realiza por si mismo las operaciones de calificación y cuantificación necesarias para determinar y ingresar el importe de la deuda tributaria o, en su caso, determinar la cantidad que resulte a devolver o a compensar.

2. Los obligados tributarios en aquellos tributos cuya ordenanza reguladora haya establecido, de acuerdo con la Ley, el sistema de autoliquidación, deberán presentar una declaración-liquidación de la deuda tributaria y deberán ingresar el importe en las entidades colaboradoras autorizadas dentro del plazo señalado en la ordenanza específica o, si no consta, en lo señalado en el artículo 61 de la presente Ordenanza.

3. La ordenanza fiscal de cada tributo podrá establecer, cuando la complejidad del tributo así lo requiera, que para practicar la autoliquidación el obligado tributario efectúe una solicitud previa en la que se facilite la documentación acreditativa del hecho imponible y de las bases imponible y liquidable.

4. Tendrán la consideración de autoliquidaciones complementarias las que se refieran a la misma obligación tributaria y periodo que otras presentadas con anterioridad y de las que resulte un importe superior a ingresar o una cantidad a devolver o a compensar inferior al importe resultante de la autoliquidación anterior, que subsistirá en la parte no afectada. Cuando considere que una autoliquidación ha perjudicado sus intereses, el obligado tributario podrá instar su rectificación conforme a lo establecido en el artículo 53 de la presente Ordenanza.

Artículo 44. Liquidaciones tributarias.

1. La liquidación tributaria es el acto resolutorio mediante el cual la Administración tributaria realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el importe de la deuda tributaria o de la cantidad que, si procede, resulte a retornar o a compensar.

2. Las liquidaciones tributarias serán provisionales o definitivas.

3. Tendrán consideración de definitivas:

a) las practicadas en el procedimiento inspector con la comprobación e investigación previas de la totalidad de los elementos de la obligación tributaria.

b) Las demás a las que la normativa tributaria otorgue este carácter.

4. En los demás casos, las liquidaciones tributarias tienen el carácter de provisionales.

5. La Administración tributaria municipal no está obligada a ajustar las liquidaciones a los datos consignados por los obligados tributarios en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro documento.

Artículo 45.- Normas de Aplicación para tributos periódicos.

1. Podrán ser objeto de padrón o matrícula los tributos en los que por su naturaleza se produzca continuidad de hechos imponibles.

2. Las altas se producirán bien por declaración del obligado tributario, bien por la acción investigadora de la Administración Municipal o estatal competente, surtiendo efecto desde la fecha en que por disposición de la Ordenanza Fiscal del tributo nazca la obligación de contribuir, salvo prescripción, y serán incorporadas definitivamente al padrón o matrícula del siguiente periodo.

3. Las bajas deberán ser formuladas por los obligados tributarios ante el organismo competente y, una vez comprobadas, producirán la definitiva eliminación del padrón con efectos a partir del período siguiente a aquél en que hubiesen sido presentados, salvo las excepciones que se establezcan en cada Ordenanza Fiscal.

4. Los obligados tributarios deberán poner en conocimiento de la Administración Municipal, dentro del plazo a que se refieren las normas propias de cada tributo, toda modificación sobrevenida que pueda originar alta, baja o alteración en el padrón. En defecto de regulación expresa, el plazo para dicha comunicación será de 30 días naturales desde que se produce el hecho que lo motiva.

5. En las exacciones de cobro periódico, a menos que la ordenanza de cada tributo establezca lo contrario, el pago de la autoliquidación comportará el alta en el registro, padrón o la matrícula correspondiente, y tendrá los efectos de notificación.

Artículo 46.- Aprobación de padrones.

Los padrones se elaborarán por el Departamento que gestiona el ingreso, correspondiendo su aprobación al Alcalde-Presidente u órgano en quién delegue.

Artículo 47.- Calendario Fiscal.

El calendario fiscal para el pago en periodo voluntario de los tributos periódicos y notificación colectiva, con carácter general será el siguiente:

a) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: del 1 de abril al 31 de mayo o inmediato hábil posterior

b) Impuesto sobre Actividades Económicas: del 1 de octubre al 30 de noviembre o inmediato hábil posterior.

c) Tasa por autorizaciones para la reserva de espacio en las vías y terrenos de uso público: del 1 de octubre al 30 de noviembre o inmediato hábil posterior.

d) Tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público local mediante quioscos, ocupaciones y anuncios permanentes: del 1 de octubre al 30 de noviembre o inmediato hábil posterior.

El calendario fiscal se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el tablón de edictos del Ayuntamiento por el plazo de un mes. Asimismo, por Internet, desde la página web municipal, se informará de los plazos de pago para cada tributo.

Las modificaciones del Calendario Fiscal se publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en Tablón de edictos del Ayuntamiento, no siendo preciso notificar individualmente a los sujetos pasivos tal circunstancia

Artículo 48.- Contenido y exposición pública de padrones.

1. Los padrones fiscales, conteniendo la identificación de los sujetos pasivos, objeto, cuotas tributarias y demás elementos determinantes de la deuda, se expondrán al público en el servicio de gestión tributaria municipal por periodo de un mes a contar desde el inicio de los respectivos periodos de cobro y sus datos sólo se facilitarán al obligado tributario o su representante en aplicación del deber de confidencialidad de la información tributaria y de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de protección de datos de carácter personal.

2. Las variaciones de las deudas tributarias y otros elementos tributarios originados por la aplicación de modificaciones introducidas en la Ley y las ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos, o resultantes de las declaraciones de variación reglamentarias que haya de presentar el sujeto pasivo, serán notificadas colectivamente, al amparo de lo que prevé el art. 102.3 de la Ley General Tributaria.

3. Contra la exposición pública de los padrones o matrículas, y las liquidaciones en los mismos incorporadas, se podrá interponer recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente a la finalización de la exposición al público del padrón o matrícula, de conformidad con lo establecido en el art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 49.- Anuncio de cobranza.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación, la comunicación del período de pago se llevará a cabo de forma colectiva, y se publicarán los correspondientes edictos en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

2. El anuncio de cobranza deberá contener la siguiente información:

— Los plazos de ingreso

— Las modalidades de cobro

— Los medios de pago

— Los lugares, días y horas de ingreso

3. Se podrá realizar conjuntamente las publicaciones en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, los anuncios de cobranza, los anuncios de exposición pública de padrones o matrículas y el anuncio del calendario fiscal.

La publicación en el tablón de anuncios de Ayuntamiento será por período de un mes. El anuncio que se publique así como el que se exponga al público en el Tablón de Edictos del ayuntamiento, deberá contener:

a) Plazos de ingreso:

— El ingreso que serán los plazos establecidos en el calendario fiscal para cada tributo

b) Modalidades de cobro:

— A través de las entidades financieras colaboradoras que se indican en los avisos de pago, de forma presencial o por internet.

c) Medios de pago:

— Con carácter general, la domiciliación bancaria, que en ningún caso comportará coste para el contribuyente.

— Dinero de curso legal.

— Cheque bancario.

— Por Internet, mediante tarjeta bancaria.

— A través de la banca electrónica de las entidades colaboradoras para clientes de dicha entidad.

— Mediante el documento remitido a los obligados al pago, provisto de código de barras, en las oficinas de las entidades bancarias colaboradoras, con dinero de curso legal o cheque bancario , y en los cajeros habilitados a este efecto.

d) Lugares, días y horas de ingreso

— Se podrá realizar el ingreso en las oficinas de las entidades bancarias autorizadas, durante el horario comercial habitual.

— En los cajeros automáticos de dichas en los horarios que tengan habilitados.

— En Internet, a través de la oficina virtual del Ayuntamiento, cuya dirección es www.aytoboadilla.com en cualquier día y hora, dentro del periodo señalado.

e) Advertencia de que, transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán los correspondientes recargos del período ejecutivo, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

f) Los recursos que puedan interponerse contra la exposición pública de los padrones o matriculas, y las liquidaciones a los mismos incorporadas, así como órgano y plazos de interposición.

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA

Artículo 50. Procedimientos de gestión tributaria.

Son procedimientos de gestión tributaria, entre otros, los siguientes:

a) El procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o comunicación de datos.

b) El procedimiento para la rectificación de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones de datos o solicitudes de devolución.

c) El procedimiento para la ejecución de las devoluciones tributarias.

d) El procedimiento iniciado mediante declaración.

e) El procedimiento iniciado para el reconocimiento de beneficios fiscales.

f) El procedimiento de verificación de datos.

g) El procedimiento de comprobación de valores.

h) El procedimiento de comprobación limitada.

Artículo 51.- Procedimiento de devolución

1. El procedimiento para la práctica de devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo se iniciará a instancia del obligado mediante la presentación de una autoliquidación de la que resulte cantidad a devolver, mediante la presentación de una solicitud de devolución o mediante la presentación de una comunicación de datos, según establezca la normativa reguladora del tributo.

El interesado deberá fundamentar su derecho y aportar el comprobante de haber satisfecho la deuda en la solicitud. En defecto de comprobante, será requerido para su subsanación, excepto cuando pueda verificarse informáticamente la realización del ingreso y la no devolución posterior, en los términos establecidos en el artículo 111 de esta Ordenanza.

2. La iniciación del procedimiento se efectuará en los siguientes plazos:

a) Cuando de la presentación de una autoliquidación resulte una cantidad a devolver, el plazo para efectuarla comenzará a contarse desde la finalización del plazo previsto para la presentación de la autoliquidación o bien a partir de la presentación de la autoliquidación extemporánea.

b) El plazo para practicar la devolución derivada de la presentación de solicitudes o comunicación de datos, empezará a contarse desde la presentación de la solicitud o desde la finalización del plazo previsto para la comunicación de datos.

A partir de los plazos indicados, y transcurrido el fijado en la norma de cada tributo y en todo caso en seis meses sin que se haya ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la Administración tributaria municipal, esta abonará el interés de demora sobre el importe de la devolución que proceda, sin necesidad que el obligado lo solicite.

3. Si la autoliquidación, solicitud o comunicación de datos fuese formalmente correcta se procederá sin más trámite al reconocimiento de la devolución solicitada. En caso de apreciarse algún defecto formal, error aritmético o posible discrepancia en los datos o en su calificación, o cuando se aprecien circunstancias que lo justifiquen, se podrá iniciar un procedimiento de verificación de datos, de comprobación limitada o de inspección.

4. Cuando proceda reconocer el derecho a la devolución se dictará acuerdo que se entenderá notificado por la recepción de la transferencia bancaria. El hecho de haberse acordado la devolución no impide la posterior comprobación de la obligación tributaria mediante los procedimientos de comprobación o investigación.

5. El pago de la cantidad a devolver se realizará, en todo caso, mediante transferencia bancaria.

Artículo 52.- Procedimiento Iniciado Mediante Declaración.

1. Cuando la normativa del tributo así lo establezca, la gestión del mismo se iniciará mediante la presentación de una declaración por el obligado tributario en que manifieste la realización del hecho imponible y comunique los datos necesarios para que la Administración cuantifique la obligación tributaria mediante la práctica de una liquidación provisional.

2. La liquidación a que dé lugar la declaración tributaria presentada por el interesado deberá notificarse en un plazo de seis meses desde el día siguiente al de finalización del plazo para la presentación de aquella o desde el siguiente al de comunicación administrativa de inicio del procedimiento de oficio, y, en el caso de la presentación de declaraciones extemporáneas, desde el día siguiente al de su presentación.

3. Para la práctica de la liquidación la Administración Tributaria podrá utilizar los datos consignados por el obligado tributario en su declaración o cualquier otro que obre en su poder, podrá requerir al obligado para que aclare los datos consignados en su declaración o presente justificante de los mismos.

Cuando se hayan realizado las actuaciones mencionadas y los valores o datos tenidos en cuenta por la Administración Tributaria no se correspondan con los consignados por el obligado en su declaración, deberá hacerse mención expresa de esta circunstancia en la propuesta de liquidación, que deberá notificarse, con una referencia sucinta a los hechos y fundamentos de Derecho que lo motiven, para que el obligado alegue lo que convenga a su derecho, en el plazo de quince días.

Si no se presentan alegaciones en el plazo establecido la propuesta de liquidación se convertirá automáticamente en liquidación provisional. El ingreso del importe indicado en la propuesta de liquidación, tendrá el carácter de ingreso a cuenta de la liquidación provisional.

No se exigirán intereses de demora desde la presentación de la declaración hasta la finalización del plazo para el pago en período voluntario, sin perjuicio de las sanciones que procedan conforme al artículo 192 de la Ley General Tributaria.

4. El procedimiento terminará por alguna de las siguientes causas:

a) Por liquidación provisional practicada por la Administración Tributaria.

b) Por caducidad una vez transcurrido el plazo del apartado 2 sin haberse notificado la liquidación, pudiendo la Administración iniciar de nuevo el procedimiento dentro del plazo de prescripción.

Artículo 53. Procedimiento para la rectificación de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones de datos o solicitudes de devolución.

1. Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier manera sus intereses legítimos, podrá instar su rectificación. Cuando el obligado tributario solicite la rectificación por considerar que le es aplicable un beneficio fiscal, se entenderá que esta solicitud equivale a la solicitud del beneficio. La solicitud de rectificación de una autoliquidación solo se podrá hacer una vez presentada la correspondiente autoliquidación y antes que la Administración tributaria haya practicado la liquidación definitiva o, en su defecto, antes que haya prescrito el derecho de la Administración tributaria a determinar la deuda tributaria mediante liquidación o el derecho a solicitar la devolución correspondiente.

2. El obligado tributario podrá solicitar la rectificación de la declaración o solicitud de devolución presentada con anterioridad, cuando considere que su contenido ha perjudicado sus intereses legítimos o cuando pudiera proceder una liquidación por importe superior o una menor devolución, siempre que se hubiera efectuado la liquidación provisional o se hubiera resuelto la solicitud de devolución. Cuando se haya practicado la liquidación provisional solo podrá solicitarse la rectificación si la liquidación ha sido practicada por motivo distinto del que se invoque en la solicitud del obligado tributario.

3. La propuesta de liquidación se notificará al interesado para que en el plazo de 15 días a partir del siguiente a la notificación efectúe las alegaciones que estime oportunas. No obstante, en el caso de que la rectificación que se acuerde coincida con la solicitada por el interesado se notificará sin mas tramite la liquidación que se practique. El procedimiento finalizará mediante resolución en la que se acordará o no la rectificación, que será motivada en el caso de que sea denegatorio o no coincida con la solicitada por el interesado. En el supuesto de que se acuerde la rectificación, la resolución incluirá una liquidación provisional cuando afecte a la cuantificación de la deuda efectuada por el obligado tributario.

4. El plazo máximo para notificar la resolución es de seis meses, transcurrido dicho plazo sin haberse realizado la notificación expresa del acuerdo adoptado, la solicitud podrá entenderse desestimada.

Artículo 54.- Procedimiento de Verificación de Datos.

1. La Administración podrá iniciar este procedimiento en los supuestos siguientes:

a) Cuando la declaración o autoliquidación adolezca de defectos formales o incurra en errores aritméticos.

a) Cuando los datos declarados no coincidan con los contenidos en otras declaraciones presentadas por el mismo obligado o con los que obren en poder de la Administración Tributaria.

b) Cuando se aprecie una aplicación indebida de la normativa que resulte patente en la propia declaración presentada o de los justificantes aportados.

c) Cuando se requiera la aclaración o justificación de algún dato relativo a la declaración o autoliquidación presentada, siempre que no se refiera al desarrollo de actividades económicas.

2. Se podrá iniciar mediante requerimiento de la Administración para que el obligado aclare o justifique la discrepancia observada o los datos de la propia declaración o autoliquidación.

También mediante la notificación de la propuesta de liquidación cuando la Administración cuente con datos suficientes.

Con carácter previo a la práctica de la liquidación provisional, la Administración deberá notificar al obligado la propuesta de liquidación para que, en el plazo de 10 días, alegue lo que corresponda a su derecho; dicha propuesta será motivada con una referencia sucinta a los hechos y fundamentos de Derecho que la sustenten.

Si no se presentan alegaciones en el plazo establecido la propuesta de liquidación se convertirá automáticamente en liquidación provisional y el ingreso del importe indicado en la propuesta de liquidación, tendrá el carácter de ingreso a cuenta de la liquidación provisional.

3. El procedimiento terminará:

a) Por resolución en la que se indique que no procede practicar liquidación provisional o en la que se consignen los defectos advertidos.

b) Por liquidación provisional.

c) Por caducidad.

d) Por subsanación, aclaración o justificación de la discrepancia o del dato objeto de requerimiento, en cuyo caso se hará constar esta circunstancia mediante diligencia y no será necesario dictar resolución expresa.

e) Por inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de inspección.

Artículo 55.- El procedimiento de comprobación de valores.

La Administración Tributaria Municipal podrá proceder a la comprobación del valor de las rentas, productos, bienes y otros elementos determinantes de la obligación tributaria de acuerdo con los medios señalados en el artículo 57 de la Ley General Tributaria.

Los interesados podrán promover la tasación pericial contradictoria, en corrección de estos medios de comprobación fiscal de valores, en la forma establecida en el artículo 135 de la Ley General Tributaria

Artículo 56.- Procedimiento de Comprobación Limitada.

1. En dicho procedimiento la Administración Tributaria podrá comprobar los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria.

2. Para efectuar la comprobación sólo se podrán utilizar las actuaciones siguientes:

a) Examen de los datos consignados en las declaraciones y los justificantes presentados o requeridos.

b) Examen de los datos y antecedentes en poder de la administración tributaria que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible o del presupuesto de una obligación tributaria, o la existencia de elementos determinantes de la misma no declarados o distintos a los declarados por el obligado tributario.

c) Examen de los registros y documentos exigidos por las normas tributarias, y cualquier libro oficial, salvo la contabilidad mercantil, así como las facturas y documentos justificativos de las operaciones incluidas en dicho libro, registro o documento.

d) Requerimientos a terceros para que aporten o ratifiquen la información que están obligados a suministrar con carácter general, no pudiendo ser extensiva a movimientos financieros. No obstante, podrá solicitarse al obligado tributario la justificación documental de operaciones financieras que tengan relevancia en la base o en la cuota.

Las actuaciones no podrán realizarse fuera de las oficinas de la Administración, salvo en los supuestos establecidos reglamentariamente, al objeto de realizar comprobaciones censales o relativos a la aplicación de métodos objetivos.

3. El procedimiento se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, y deberá ser notificado a los obligados tributarios mediante comunicación. Si los datos obrantes en poder de la Administración fueran suficientes, podrá iniciarse mediante la notificación de la propuesta de liquidación. Con carácter previo a la práctica de la liquidación provisional, la Administración deberá comunicar al obligado tributario la propuesta de liquidación para que alegue lo que convenga a su derecho.

5. La duración máxima es de seis meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, se produce su caducidad. También podrá terminar por inicio de un procedimiento inspector que incluya el objeto de comprobación limitada.

I. TITULO III.- LOS PROCEDIMIENTOS DE RECAUDACIÓN

CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES

Artículo 57.- Gestión Recaudatoria.

1. La gestión recaudatoria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, se llevará a cabo directamente por el propio Ayuntamiento a través del Servicio de Recaudación Municipal integrado en la Concejalía de Hacienda y cuya Jefatura ostenta el Tesorero Municipal.

2. Son colaboradores del Servicio de Recaudación las entidades financieras autorizadas por el Ayuntamiento para la prestación del servicio de recaudación, que requerirá la apertura de las correspondientes cuentas restringidas.

Artículo 58.- Legitimación, lugar y forma de pago.

1. Cualquier persona puede efectuar el pago voluntario o ejecutivo, salvo que al órgano competente para la recaudación le conste con carácter previo y de forma fehaciente la oposición del deudor.

La oposición del deudor no surtirá efectos respecto de cualquier persona obligada a realizar el ingreso en virtud de una disposición legal o reglamentaria. El tercero que pague la deuda no estará legitimado para ejercitar ante la Administración los derechos que corresponden al obligado al pago. Sin embargo, podrá ejercitar los derechos que deriven a su favor exclusivamente del acto del pago.

2. Se establece con carácter general, que el pago de las deudas, se realizará a través de las Entidades Colaboradoras autorizadas o a través de los medios telemáticos incorporados a la web municipal. Asimismo el Ayuntamiento podrá autorizar la existencia de cajas auxiliares para conceptos específicos de ingresos en las que se fomentará el uso de cajeros de autoservicio o terminales de punto de venta en lugar de dinero efectivo.

3. El pago de las deudas habrá de realizarse en efectivo. Solo podrá admitirse el pago en especie cuando así se disponga por Ley. El pago efectivo podrá realizarse mediante los siguientes medios:

a) Dinero de curso legal a través de entidades colaboradoras.

b) Cheque bancario o conformado por la entidad librada.

c) Tarjeta de crédito y débito, para los casos de pago por internet o mediante cajeros automáticos de las entidades colaboradoras.

d) Transferencia bancaria.

e) Domiciliación bancaria.

f) Cualesquiera otros que se autoricen por el Ayuntamiento.

Para que sean admisibles los medios de pago de las letras b) d) y e) será necesario que expresamente así se establezca, y con los requisitos y procedimientos que igualmente se especifiquen.

4. Cuando así se indique en la notificación de la deuda, los contribuyentes podrán utilizar cheques conformados o bancarios en las entidades colaboradoras. Los cheques que con tal fin se expidan deberán reunir, además de los requisitos generales exigidos por la legislación mercantil, los siguientes:

a) Ser nominativos a favor del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, por un importe igual al de la deuda que se satisfaga con ello.

b) Nombre o razón social del librador que se expresará debajo de la firma con toda claridad.

c) Estar fechados en el mismo día o en los días anteriores a aquel en que se efectúe su entrega.

5. Cuando así se indiquen en la notificación, los pagos en efectivo que hayan de realizarse en la Tesorería municipal, podrán efectuarse mediante transferencia bancaria. El mandato de la transferencia será por importe igual al de la deuda; habrá de expresar el concepto tributario concreto a que el ingreso corresponda, y contener el pertinente detalle cuando el ingreso se refiera y haya de aplicarse a varios conceptos.

Simultáneamente al mandato de transferencia los contribuyentes cursarán a la Tesorería bien al número de fax o dirección de correo electrónico que se recoge en la notificación, tanto el comprobante de haber realizado el ingreso como la liquidación a que se refiere.

Los ingresos realizados mediante transferencia se entenderán efectuados en la fecha que tengan entrada en las cuentas municipales.

Artículo 59.- Pago mediante Domiciliación.

El pago de los tributos periódicos que son objeto de notificación colectiva podrán realizarse mediante la domiciliación en entidades financieras, ajustándose a las condiciones que se detallan a continuación:

1.Solicitud dirigida a la Tesorería municipal, pudiendo designarse:

a) Cuenta cuyo titular sea el obligado al pago.

b) Cuenta cuyo titular sea un tercero, siempre que éste autorice la domiciliación. En este supuesto deberá constar fehacientemente la identidad y el consentimiento del titular, así como la relación detallada e indubitada de los recibos que se domicilien.

2. Las domiciliaciones de pago tendrán validez por tiempo indefinido, pudiendo los obligados tributarios, en cualquier momento, realizarlas, anularlas o trasladarlas a otra entidad, poniéndolo en conocimiento de la Administración Municipal con antelación de, al menos un mes a la fecha de finalización del periodo de cobro correspondiente a los ingresos que afecten. Pasado ese plazo, las domiciliaciones y modificaciones que se declaren por obligados tributarios tendrán efectos para el siguiente periodo impositivo.

3. En aquellos casos en los que el cargo en cuenta no se realice o se realice fuera del plazo por causas no imputables al obligado al pago, no se exigirán a éste recargos ni intereses, sin perjuicio de los intereses de demora que, en su caso, procedan liquidar a la entidad responsable por la demora en el ingreso. El plazo de pago de la cuota inicialmente liquidada será el establecido en el art. 61 de esta Ordenanza

4. La domiciliación está asociada a un número de identificación fiscal, por lo que su cambio, independientemente de que se mantenga o se modifique al obligado, podrá originar la baja de la domiciliación.

5. En los supuestos de devoluciones reiteradas por causas imputables al sujeto pasivo, el ayuntamiento podrá anular dicha domiciliación sin necesidad de comunicarlo al interesado.

Artículo 60.- Justificantes de pago.

1. El pago de una deuda comportará el derecho a recibir el correspondiente justificante. Estos pueden consistir en:

a. Los recibos

b. Las cartas de pago validadas por el Ayuntamiento o por Entidades autorizadas para recibir el pago.

c. Los justificantes debidamente diligenciados por las entidades financieras colaboradoras.

d. Las certificaciones acreditativas de los ingresos efectuados.

e. En todo caso, cualquier otro documento al que se otorgue expresamente por el Ayuntamiento el carácter de justificante de pago.

2. Los justificantes de pago para el obligado al pago, su representante o persona debidamente autorizada, deberán indicar, al menos las siguientes circunstancias:

a. Nombre y apellidos, razón social o denominación, número de identificación fiscal, si consta, y domicilio del deudor.

b. Concepto, importe de la deuda y periodo a que se refiere

c. Fecha de cobro.

d. Órgano, persona o entidad que lo expide.

Si quien recibe el justificante no es el obligado al pago, con carácter general aquel no contendrá datos personales. No obstante en los casos de pago por internet vía web municipal, por ser requisito disponer del documento de pago, se presume que el pago se realiza por el interesado o autorizado, por lo cual el justificante emitido a solicitud del pagador se remitirá completo a la dirección de correo electrónico facilitada o en su caso al domicilio del obligado.

3 .Legitimación para el pago:

a. Podrá facilitarse documentos tendentes al pago o admitirse la realización de trámites tributarios tanto al obligado al pago, como a su representante, o personas autorizadas en la forma determinada en la Ordenanza.

b. Podrá efectuar el pago un tercero distinto del obligado cuando posea el documento de ingreso (recibo o liquidación).

c. En aquellos casos en que se acredite la condición de interesado y se identifique al mismo, también podrá facilitarse documento para el pago o certificado de cargas pendientes sobre aquellos objetos imponibles con él relacionados. Los documentos facilitados no contendrán datos personales.

CAPÍTULO II. PERIODOS Y PROCEDIMIENTOS DE RECAUDACIÓN

Artículo 61.- Pago en periodo voluntario

1. El plazo de ingreso en periodo voluntario de las deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva serán los determinados por el Ayuntamiento en el calendario fiscal que será publicado en el BOCM regulado en el artículo 47 de esta Ordenanza.

2. Con carácter general, el plazo de ingreso en periodo voluntario de las deudas por liquidaciones de vencimiento singular, no comprendidas en el apartado 1 será el establecido en el artículo 62.2 de la Ley General Tributaria y que es el siguiente:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

3. Las deudas tributarias resultantes de una autoliquidación deberán pagarse en los plazos que establezca la normativa de cada tributo. En caso de no estar fijado periodo específico en las normas reguladoras de cada tributo, habrán de hacerse efectivas en fase voluntaria, en el plazo máximo de treinta días naturales contados desde la fecha inicial en que se ponga de manifiesto el hecho imponible.

4. Las deudas no tributarias, deberán pagarse en los plazos que determinen las normas con arreglo a las cuales tales deudas se exijan. En caso de no determinación de los plazos, se aplicará lo dispuesto en los apartados anteriores.

5. Las suspensiones acordadas por órgano administrativo o judicial competente en relación con deudas en periodo voluntario, interrumpirán los plazos fijados en este artículo.

6. Dentro del periodo voluntario, salvo en los casos de aplazamientos y fraccionamientos solicitados conforme a las previsiones de esta Ordenanza y restantes que resulten de aplicación, los obligados al pago podrán realizar un único pago, el cual podrá ser total de la cuantía de la deuda o de una cuantía parcial sobre la deuda exigida en periodo voluntario. Concluido el periodo voluntario, en su caso, se iniciará el periodo ejecutivo por la cuantía de la deuda no pagada.

7. Las deudas no satisfechas en los periodos citados se exigirán en periodo ejecutivo, computándose, en su caso, como pagos a cuenta las cantidades satisfechas fuera de plazo.

Artículo 62.- Pago en Periodo ejecutivo.

1. El periodo ejecutivo se iniciará:

a) Para las deudas liquidadas por la Administración tributaria, el día siguiente al del vencimiento del plazo reglamentariamente establecido para su ingreso.

b) En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin realizar el ingreso, cuando finalice el plazo reglamentariamente determinado para dicho ingreso o, si éste ya hubiere concluido, al día siguiente de presentar aquélla.

2. El inicio del periodo ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del periodo ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 28 de la Ley General Tributaria y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.

3. La presentación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo durante la tramitación de dichos expedientes.

4. La interposición de un recurso o reclamación en tiempo y forma contra una sanción impedirá el inicio del período ejecutivo hasta que la sanción sea firme en vía administrativa y haya finalizado el plazo para el ingreso voluntario.

Artículo 63.- Procedimiento de apremio.

1. El procedimiento de apremio se iniciará mediante providencia notificada al obligado tributario en la que se identificará la deuda pendiente, se liquidarán los recargos a los que se refiere el artículo 28 de la Ley General Tributaria y se le requerirá para que efectúe el pago.

2. La providencia anterior, expedida por el Tesorero municipal, es el título suficiente que inicia el procedimiento de apremio y tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados tributarios.

3. Si el obligado tributario no efectuara el pago dentro del plazo al que se refiere el apartado 1 del artículo 64 de esta Ordenanza, se procederá al embargo de sus bienes, advirtiéndose así en la providencia de apremio.

4. El procedimiento de apremio se llevará a cabo de la forma regulada en la Ley General Tributaria, y en el Reglamento General de Recaudación, con arreglo a las particularidades establecidas en los artículos siguientes.

Artículo 64. Pago en vía de apremio.

1. Una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio, el pago de la deuda tributaria deberá efectuarse en los siguientes plazos:

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.

b) Las notificadas entre los días 16 y el último de cada mes hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.

2. Cuando sin mediar suspensión, aplazamiento o fraccionamiento una deuda se satisfaga antes de que concluya el plazo establecido en el apartado anterior, no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del procedimiento de apremio.

3. El interés de demora devengado en período ejecutivo deberá ser abonado en el momento del pago de la deuda apremiada y será siempre exigible, cuando proceda, conforme a lo dispuesto en los artículos 26 a 28 de la Ley General Tributaria, cualquiera que sea la cantidad devengada por tal concepto

4. El deudor deberá satisfacer las costas del procedimiento de apremio. Además de las enumeradas en el Reglamento General de Recaudación, tendrán la consideración de costas del expediente por ser gastos que imprescindible y concretamente exige y requiere la tramitación del procedimiento:

a) Las citaciones o emplazamientos que deban publicarse, por exigirlo un precepto legal o reglamentario, en los Boletines Oficiales, cuando estén sujetos al pago de las tasas correspondientes.

b) Los anuncios de subasta o concurso, íntegros o en extracto, en los medios a que hace referencia el Reglamento General de Recaudación.

c) Los gastos de notificaciones según la tarifa del servicio de correos o empresa encargada de las notificaciones.

5. Podrán acumularse para seguir un mismo procedimiento las deudas de un mismo deudor incursas en vía de apremio.

6. En el supuesto de realizarse un pago en ejecutiva que no cubra el total de las deudas pendientes acumuladas aquel se aplicará por orden de mayor a menor antigüedad, determinándose la antigüedad por la fecha de vencimiento del periodo voluntario.

7. Para proceder al embargo de bienes y derechos del obligado al pago, se tendrán en cuenta los principios de proporcionalidad, menor onerosidad y mayor facilidad para la enajenación.

A tal efecto, se considera menos gravoso el embargo de créditos frente a la Hacienda Pública, por devoluciones de ingresos del Estado, siendo preferente sobre la relación enunciada en el art. 169.4 LGT, salvo que exista acuerdo entre el deudor y la administración embargante para alterar el orden de embargo, manteniéndose las mismas garantías, eficacia y prontitud y sin perjuicio a terceros.

Artículo 65.- Valoraciones.

En relación con lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación sobre valoración de bienes, debe entenderse:

Si la diferencia entre las sumas de los valores asignados a los bienes por la Administración y el obligado al pago excediesen del 20 por ciento, se emplazará al deudor para que se persone en las oficinas de la recaudación ejecutiva del Ayuntamiento en el plazo de 10 días hábiles para dirimir la diferencia de valoración y, si se logra acuerdo, se considerará como valor del bien embargado el alcanzado en dicho acuerdo. Al interesado que no se persone en dicho plazo se le declarará decaído en su derecho al referido trámite y por no existir acuerdo entre las partes, el órgano competente solicitará nueva valoración por perito adecuado.

Artículo 66.- Mesa de subasta.

La mesa de subasta estará compuesta por el Tesorero, que será el Presidente, por el Interventor, por el Recaudador municipal y por un funcionario de los servicios jurídicos municipales, que actuará como secretario.

Artículo 67.- Motivos de oposición.

1. Contra la providencia de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:

a) Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.

b) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación.

c) Falta de notificación de la liquidación.

d) Anulación de la liquidación.

e) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada.

2. Contra la diligencia de embargo de bienes sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:

a) Extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.

b) Falta de notificación de la providencia de apremio.

c) El incumplimiento de las normas reguladoras del embargo contenidas en la Ley General Tributaria y normas dictadas en su desarrollo.

d) Suspensión del procedimiento de recaudación.

Artículo 68.-. Créditos incobrables.

1. Son créditos incobrables aquellos que no pueden hacerse efectivos en el procedimiento de gestión recaudatoria por resultar fallidos los obligados al pago, tras haberse intentado actuaciones dirigidas a la ejecución forzosa sobre su patrimonio, con resultado negativo.

2. Cuando se hayan declarado fallidos los obligados al pago y responsables, se declararán provisionalmente extinguidas las deudas, en tanto no se rehabiliten en el plazo de prescripción. La deuda quedará definitivamente extinguida si no se hubiera rehabilitado en aquel plazo.

3. Declarado fallido un deudor, los créditos contra el mismo de vencimiento posterior serán dados de baja por referencia a dicha declaración, si no existen otros obligados o responsables. En todo caso, siendo un requisito esencial la falta de identificación del obligado al pago, la ausencia de NIF (sea inexistente o ficticio) impedirá el cargo a la recaudación del correspondiente valor o, en su caso, su baja automática si éste ya se ha realizado, procediéndose en tal caso a su devolución al departamento gestor del ingreso a efectos de su correcta identificación.

4. La declaración del crédito incobrable será aprobada por el Órgano competente. El expediente para la declaración de crédito incobrable contendrá la propuesta del Recaudador Municipal junto con la documentación justificativa, informe del Tesorero, y fiscalización por la Intervención Municipal.

5. Con la finalidad de conjugar el respeto al principio de legalidad con los de proporcionalidad y eficacia administrativa, la declaración de créditos incobrables se ajustará a los criterios establecidos por el Ayuntamiento a tal efecto, concretados en función de los importes y características de la deuda. En todo caso se exigirá:

a) Notificación reglamentaria de la providencia de apremio de los créditos incluidos en la propuesta.

b) Constancia de inexistencia en la contabilidad municipal de créditos pendientes de cobro a u favor.

CAPÍTULO III. APLAZAMIENTO DE PAGO

Artículo 69.- Deudas aplazables.

1. Podrá aplazarse o fraccionarse el pago de la deuda, tanto en periodo voluntario como ejecutivo previa solicitud de los obligados, cuando su situación económica-financiera les impida transitoriamente efectuar el pago de sus débitos. El fraccionamiento de pago se regirá por las normas aplicables a éste en lo no regulado especialmente.

Las cantidades cuyo pago se aplace, excluido, en su caso, el recargo de apremio, devengarán el interés de demora a que se refiere el art. 26 de la Ley General Tributaria.

2. No serán aplazables, con carácter general, las deudas suspendidas a instancia de parte cuando hubiera recaído sentencia firme desestimatoria. Tampoco se aplazarán las deudas cuyo importe sea inferior a 180 euros. Este límite se verificará respecto de la cuantía acumulada para la totalidad de las deudas pendientes de un mismo obligado por las que solicite aplazamiento. No obstante, se podrán conceder aplazamientos para deudas de menor cuantía en el caso de que el sujeto pasivo acredite estar en situación de desempleo, o en otros supuestos de verdadera necesidad.

3. Los criterios generales de concesión del aplazamiento o fraccionamiento son los siguientes:

— El fraccionamiento se concederá, en su caso, por un período máximo de 12 meses. El importe de cada plazo no podrá ser inferior a 1/12 del total de la deuda tributaria ni, en cualquier caso, inferior a 60 euros.

— El aplazamiento se concederá, en su caso, por un plazo máximo de un año. Los plazos máximos de aplazamiento, considerando el importe de la deuda, son los siguientes:

— Hasta 500 euros: máximo tres meses

— Entre 500,01euros y 3.000 euros: máximo seis meses

— Más de 3.000 euros: máximo 12 meses

Los plazos de pago de deudas en periodo voluntario empezarán a contar desde el día siguiente al de finalización del periodo voluntario.

Artículo 70.- Solicitud.

1. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se presentarán en el Ayuntamiento en los siguientes plazos:

a. Deudas que se encuentren en periodo voluntario de ingreso o de presentación de las correspondientes autoliquidaciones: dentro del plazo fijado para el ingreso en el artículo 61 de la presente Ordenanza. A estos efectos, en el caso de deudas resultantes de autoliquidaciones presentadas fuera de plazo, sólo se entenderá que la solicitud se presenta en periodo voluntario cuando la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se presente junto con la autoliquidación extemporánea.

b. Deudas que se encuentren en periodo ejecutivo: en cualquier momento anterior a la notificación del acuerdo de enajenación de los bienes.

2. Contenido de la solicitud.

La solicitud de aplazamiento contendrá necesariamente los siguientes datos:

a. Nombre y apellidos, razón social o denominación, número de identificación fiscal y domicilio fiscal del solicitante y, en su caso, de la persona que lo represente. Asimismo, se identificará el medio preferente y el lugar señalado a efectos de notificación.

b. Identificación de la deuda cuyo aplazamiento se solicita, indicando al menos su importe, concepto y fecha de finalización del plazo de ingreso voluntario. Si se trata de deudas en periodo ejecutivo, la solicitud deberá comprender en todo caso la totalidad de deuda incursa en dicho periodo.

c. Causas que motivan la solicitud de aplazamiento.

d. Plazos y demás condiciones del aplazamiento que se solicita.

e. Garantía que se ofrece, en caso de que esta resulte exigible de acuerdo a las previsiones de esta Ordenanza y demás normas reglamentarias de aplicación.

f. Orden de domiciliación bancaria, indicando el número de código cuenta cliente y los datos de identificación de la entidad de crédito en que deba efectuarse el cargo en cuenta, que podrá no ser del obligado tributario, exigiéndose en tal caso el consentimiento del titular de la misma. No obstante en la resolución de concesión del aplazamiento o fraccionamiento, se podrá establecer otro sistema de pago distinto de la domiciliación bancaria.

g. Lugar, fecha y firma del solicitante y la del titular de la cuenta corriente donde se van a realizar los abonos, si fuese persona distinta del deudor.

Artículo 71. Documentación.

A la solicitud de aplazamiento se deberá acompañar:

— La autoliquidación cuando se trate de deudas que tengan establecida dicha forma de exacción.

— Compromiso de aval solidario de entidad bancaria, sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución, o la documentación prevista en el artículo 46-3 a) del Reglamento General de Recaudación para el caso de que fuera exigible garantía, en los términos del art. 73 de esta Ordenanza.

— En su caso, los documentos que acrediten la representación.

Junto a la solicitud se deberán aportar los documentos o justificantes que el interesado estime oportunos en apoyo de su petición. En particular deberá justificarse la existencia de dificultades económico financieras que le impidan de forma transitoria efectuar el pago en el plazo establecido, aportando, al menos, los siguientes documentos:

— Solicitudes para deudas de personas físicas: fotocopia de la última nómina y de la declaración del IRPF, o certificado de la AEAT de no presentar declaración. En los casos de desempleo certificado del organismo correspondiente que acredite dicha situación. En caso de obligados pensionistas, certificado de la Seguridad Social u organismo competente de la Comunidad Autónoma que acredite su importe.

— Solicitudes para deudas de personas jurídicas: copia de la última declaración de impuesto de sociedades e IVA.

No será necesario aportar esta documentación cuando la deuda se encuentre en periodo voluntario y reúna cualquiera de estos requisitos:

— Importe inferior a 1.000 euros.

— Deudas por liquidaciones de ingreso directo realizadas en el mismo ejercicio y referidas a distintos periodos de igual concepto y objeto tributario.

— Deudas pendientes cuando el obligado al pago hubiera iniciado en el ejercicio actual o en el inmediato anterior una actividad comercial o empresarial.

Artículo 72. Subsanación.

Si la solicitud no reúne los requisitos o no se acompañan los documentos que se señalan en el apartado anterior, el órgano competente para la tramitación del aplazamiento requerirá al solicitante para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, archivándose sin más trámite la misma. En particular, si se hubiera presentado la solicitud dentro del periodo voluntario para el ingreso de la deuda se le advertirá que, si el plazo reglamentario de ingreso hubiera transcurrido al finalizar el plazo señalado en el párrafo anterior no habiéndose efectuado el pago ni aportado los documentos solicitados, se exigirá dicha deuda por la vía de apremio, con los recargos e intereses correspondientes.

Artículo 73.- Garantías.

1. Como regla general el solicitante deberá ofrecer garantía en forma de aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca, acompañando con la solicitud el correspondiente compromiso, expreso e irrevocable de la entidad de formalizar el aval necesario si se concede el aplazamiento solicitado.

Cuando la deuda que haya resultado aplazada o fraccionada se encuentre garantizada mediante aval de entidad de crédito, de sociedad de garantía reciproca o seguro de caución, se devengará a partir del momento de la efectiva presentación de dichas garantías el interés legal por las cantidades y periodos de aplazamiento y fraccionamiento posteriores a la fecha de presentación de la garantía.

2. Previa justificación bastante de la imposibilidad de presentar las garantías en forma de aval o de contrato de seguro de caución podrán ofrecerse garantías que consistan en hipoteca mobiliaria o inmobiliaria, prenda con o sin desplazamiento, o cualquier otra que se estime suficiente por la Administración municipal.

En tal caso, junto a la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, se aportará la documentación recogida en el artículo 46.4 del Reglamento General de Recaudación.

3. Si el obligado tributario no pudiese presentar garantía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento General de Recaudación, el peticionario presentará la documentación recogida en el artículo 46.5 del Reglamento general de Recaudación.

4. No obstante lo anterior, no se exigirán garantías para las solicitudes de aplazamiento de pago de las deudas tributarias y de otros ingresos de derecho público que se encuentren tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo, cuando el importe de la deuda en su conjunto no exceda de 12.000 euros. En los casos de fraccionamiento el límite exento se fija en 18.000 euros. No obstante, si la petición de aplazamiento o fraccionamiento se formula sobre deudas que se encuentren en periodo ejecutivo, el incumplimiento de un aplazamiento o fraccionamiento anterior por parte del sujeto pasivo determinará la exigencia inexcusable de presentar garantía mediante aval bancario, independientemente de la cuantía a aplazar o fraccionar.

A efectos de la determinación de la cuantía señalada en este apartado se acumularán en el momento de la solicitud, tanto las deudas a que se refiere la propia solicitud como cualesquiera otras del mismo deudor para las que se haya solicitado y no resuelto el aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los vencimientos pendientes de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que estén debidamente garantizadas.

Artículo 74.- Resolución y efectos de falta de pago

1. Las resoluciones que concedan aplazamientos de pago especificarán los plazos y demás condiciones de los mismos. La resolución podrá señalar plazos y condiciones distintos de los solicitados.

Con carácter general el vencimiento de los plazos deberá coincidir con los días 5 de cada mes. En todo caso, el aplazamiento o fraccionamiento en periodo ejecutivo deberá contener la totalidad de la deuda pendiente en ejecutiva por todos los conceptos, sin excepción.

2. La resolución deberá adoptarse en el plazo de seis meses a contar desde el día en que la solicitud de aplazamiento tuvo entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución se podrá entender desestimada la solicitud e interponer el correspondiente recurso de reposición o esperar a la resolución expresa.

3. Si la resolución fuese estimatoria, se notificará al solicitante advirtiéndole de los efectos que se producirán de no constituirse la garantía o en caso de falta de pago y el cálculo de los intereses. No obstante, en aquellas solicitudes que reúnan las condiciones generales previstas en los apartados anteriores del presente artículo, los interesados podrán entender notificada la resolución favorable en el momento de hacerse efectivo el pago de la cantidad aplazada o, en su caso, el primer pago de la cantidad fraccionada mediante el correspondiente cargo en cuenta. Para ello, deberá constar que el interesado ha sido informado de los efectos del incumplimiento del aplazamiento o fraccionamiento solicitado que se señalan en el artículo 54 del Reglamento General de Recaudación, ya sea por recogerse en el propio impreso normalizado de solicitud de aplazamiento/fraccionamiento, ya sea por comunicarse sus consecuencias mediante otro medio, siempre y cuando quede constancia de ello.

4. Si la resolución fuese denegatoria, las consecuencias serán las siguientes:

a) Si se hubiese solicitado el aplazamiento en periodo voluntario, con la notificación del acuerdo denegatorio se iniciará el plazo de ingreso regulado en el artículo 62.2 de la Ley General Tributaria. De no producirse el ingreso en dicho plazo, comenzará el periodo ejecutivo y deberá iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 167.1 de la Ley General Tributaria. De realizarse el ingreso en dicho plazo, procederá la liquidación de los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del ingreso realizado durante el plazo abierto con la notificación de la denegación. De no realizarse el ingreso los intereses se liquidarán hasta la fecha de vencimiento de dicho plazo, sin perjuicio de los que puedan devengarse con posterioridad conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley General Tributaria.

b) Si la solicitud fue presentada en periodo ejecutivo de ingreso, deberá iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 167.1 de la Ley General Tributaria, de no haberse iniciado con anterioridad.

5. Durante la tramitación de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y hasta tanto esta sea resuelta expresamente o pueda entenderse desestimada por silencio administrativo, el deudor deberá cumplir con el calendario de pagos propuesto o, en su caso, con el provisional establecido por el Ayuntamiento. Su incumplimiento podrá implicar la denegación de la solicitud por entender que concurren dificultades económico-financieras de carácter estructural

6. Podrán autorizarse aplazamientos o fraccionamientos por cuantía, plazos o condiciones diferentes a los establecidos en los puntos anteriores, en circunstancias excepcionales y debidamente justificadas. Esta autorización requerirá resolución motivada en la que se contengan tales circunstancias.

Artículo 75.- Recaudación para otras entidades.

1.Las entidades urbanísticas de colaboración o las Juntas de Compensación podrán solicitar al Ayuntamiento que la recaudación de sus cuotas se exija por la vía de apremio.

Para atender la petición de inicio de esta vía, deberá aportarse la siguiente documentación:

a) Acuerdo de la Asamblea u órgano competente en el que se aprueben las cuotas del periodo.

b) Copia de la notificación realizada en periodo voluntario.

c) Certificado del secretario que determine la cantidad pendiente de pago desglosada por concepto y periodo, en el que conste que ha transcurrido el plazo fijado para el pago voluntario, sin que se haya realizado éste.

2. El ayuntamiento abonará a la entidad correspondiente las cantidades cobradas en vía de apremio por los conceptos de principal e intereses, mientras que las cantidades cobradas en concepto de recargos y costas corresponderán al Ayuntamiento, y servirán para cubrir los gastos generales del procedimiento.

TÍTULO IV. LA INSPECCIÓN TRIBUTARIA

CAPÍTULO I. PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 76.- Concepto y Actividades de la inspección tributaria

La inspección tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a:

a) La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración.

b) La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas por los obligados tributarios.

c) La realización de actuaciones de obtención de información relacionadas con la aplicación de los tributos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 93 y 94 de la Ley General Tributaria.

d) La comprobación del valor de derechos, rentas, productos, bienes, patrimonios, empresas y demás elementos, cuando sea necesaria para la determinación de las obligaciones tributarias, siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 134 y 135 de la Ley General Tributaria.

e) La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales y devoluciones tributarias, así como para la aplicación de regímenes tributarios especiales.

f) La información a los obligados tributarios con motivo de las actuaciones sobre sus derechos y obligaciones tributarias y la forma en que deben cumplir estas últimas.

g) La práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de comprobación e investigación.

h) La realización de actuaciones de comprobación limitada, conforme a lo establecido en los artículos 136 a 140 de la Ley General Tributaria.

i) El asesoramiento e información a órganos de la Administración Municipal.

j) Las demás que se establezcan en otras disposiciones o se le encomienden por las autoridades competentes.

Artículo 77.- Facultades de la inspección tributaria.

1. Las actuaciones inspectoras se realizarán mediante el examen de documentos, libros, contabilidad principal y auxiliar, ficheros, facturas, justificantes, correspondencia con trascendencia tributaria, bases de datos informatizadas, programas, registros y archivos informáticos relativos a actividades económicas, así como mediante la inspección de bienes, elementos, explotaciones y cualquier otro antecedente o información que deba de facilitarse a la Administración o que sea necesario para la exigencia de las obligaciones tributarias.

2. Cuando las actuaciones inspectoras lo requieran, los funcionarios que desarrollen funciones de inspección de los tributos municipales podrán entrar, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, en las fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen, existan bienes sujetos a tributación, se produzcan hechos imponibles o supuestos de hecho de las obligaciones tributarias o exista alguna prueba de los mismos.

Si la persona bajo cuya custodia se encontraren los lugares mencionados en el párrafo anterior se opusiera a la entrada de los funcionarios de la inspección de los tributos, se precisará la autorización escrita del órgano municipal competente.

Cuando en el ejercicio de las actuaciones inspectoras sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido del obligado tributario, se aplicará lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley General Tributaria.

3. Los funcionarios que desempeñen funciones de inspección serán considerados agentes de la autoridad y deberán acreditar su condición, si son requeridos para ello, fuera de las oficinas públicas.

Las autoridades públicas prestarán la protección y el auxilio necesario a los funcionarios para el ejercicio de las funciones de inspección.

Artículo 78.- Iniciación del procedimiento de inspección tributaria.

1. El procedimiento inspector se iniciará:

a) De oficio.

b) A petición del obligado tributario, en los términos establecidos en el artículo 149 de la Ley General Tributaria.

2. Los obligados tributarios deben ser informados al inicio de las actuaciones del procedimiento de inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones.

Artículo 79.- Plazos de las actuaciones inspectoras.

1. Las actuaciones del procedimiento de inspección deberán concluir en el plazo de 12 meses contado desde la fecha de notificación al obligado tributario del inicio del mismo. Se entenderá que las actuaciones finalizan en la fecha en que se notifique o se entienda notificado el acto administrativo resultante de las mismas. A efectos de entender cumplida la obligación de notificar y de computar el plazo de resolución serán aplicables las reglas contenidas en el apartado 2 del artículo 104 de la Ley General Tributaria.

No obstante, podrá ampliarse dicho plazo, con el alcance y requisitos que reglamentariamente se determinen, por otro período que no podrá exceder de 12 meses, cuando en las actuaciones concurra alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 150.1 de la Ley General Tributaria.

2. La interrupción injustificada del procedimiento inspector por no realizar actuación alguna durante más de seis meses por causas no imputables al obligado tributario o el incumplimiento del plazo de duración del procedimiento al que se refiere el apartado 1 de este artículo no determinará la caducidad del procedimiento, que continuará hasta su terminación, pero producirá los efectos previstos en el punto segundo del citado artículo 150 de la Ley General Tributaria.

Artículo 80. Lugar de las actuaciones inspectoras.

1. Las actuaciones inspectoras podrán desarrollarse indistintamente, según determine la inspección, en alguno de los lugares señalados en el artículo 151 de la Ley General Tributaria.

2. La inspección podrá personarse sin previa comunicación en las empresas, oficinas, dependencias, instalaciones, o almacenes del obligado tributario, entendiéndose las actuaciones con éste o con el encargado o responsable de los locales.

3. Los libros y demás documentación a los que se refiere el apartado 1 del artículo 142 de la Ley General Tributaria deberán ser examinados en el domicilio, local, despacho u oficina del obligado tributario, en presencia del mismo o de la persona que designe, salvo que el obligado tributario consienta su examen en las oficinas públicas. No obstante, la inspección podrá analizar en sus oficinas las copias en cualquier soporte de los mencionados libros y documentos.

4. Tratándose de los registros y documentos establecidos por normas de carácter tributario o de los justificantes exigidos por éstas a los que se refiere el párrafo c) del apartado 2 del artículo 136 de la Ley General Tributaria, podrá requerirse su presentación en las oficinas de la Administración tributaria municipal para su examen.

5. Cuando el obligado tributario fuese una persona con discapacidad o con movilidad reducida, la inspección se desarrollará en el lugar que resulte más apropiado a la misma, de entre los descritos en el apartado 1 de este artículo.

CAPÍTULO II. DOCUMENTACIÓN DE LAS ACTUACIONES INSPECTORAS

Artículo 81.- Documentación de las actuaciones inspectoras.

Las actuaciones de la Inspección Municipal se documentarán en comunicaciones, diligencias, informes y actas.

Artículo 82.- Comunicaciones

1. Son comunicaciones los medios documentales mediante los cuales la Inspección de los Tributos se relaciona unilateralmente con cualquier persona, en el ejercicio de sus funciones.

2. En las comunicaciones, la Inspección podrá poner hechos o circunstancias en conocimiento de los obligados tributarios interesados en las actuaciones así como efectuar a éstos los requerimientos que procedan.

3. Las comunicaciones una vez firmadas por la Inspección, se notificarán a los interesados con arreglo a Derecho Salvo lo dispuesto para las actuaciones de obtención de información, las comunicaciones serán firmadas por el mismo actuario que las remita.

Artículo 83.- Diligencias

1. Las diligencias son documentos preparatorios de las actas que no contienen propuestas de liquidaciones tributarias.

2. Las diligencias recogerán asimismo los resultados de las actuaciones de la Inspección Municipal a que se refiere el artículo 12 del Reglamento General de Inspección. 3. En particular deberán constar en las diligencias los datos a que hace referencia el artículo 47 del Reglamente General de Inspección.

3. De las diligencias que se extiendan se entregará siempre un ejemplar a la persona con la que se entiendan las actuaciones. Si se negase a recibirlo, se le remitirá por cualquiera de los medios admitidos en derecho. Cuando dicha persona se negase a firmar la diligencia o no pudiese o supiese hacerlo, se hará constar así en la misma, sin perjuicio de la entrega del duplicado correspondiente en los términos previstos en el párrafo anterior.

4. Cuando la naturaleza de las actuaciones inspectoras cuyo resultado se refleje en una diligencia no requiera la presencia de una persona con la que se entiendan tales actuaciones, la diligencia será firmada únicamente por los actuarios y se remitirá un ejemplar de la misma al interesado con arreglo a derecho.

Artículo 84.- Actas.

1. Actas son los documentos públicos que extiende la inspección de los tributos con el fin de recoger el resultado de las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación, proponiendo la regularización que estime procedente de la situación tributaria del obligado o declarando correcta la misma.

2. Las actas extendidas por la inspección de los tributos tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario.

Los hechos aceptados por los obligados tributarios en las actas de inspección, se presumen ciertos y solo podrán rectificarse mediante prueba de haber incurrido en error de hecho.

Las actas que documenten el resultado de las actuaciones inspectoras deberán contener, al menos, las menciones recogidas en el artículo 153 de la Ley General Tributaria.

Artículo 85.- Clases de Actas de inspección.

1. A efectos de su tramitación, las actas de inspección pueden ser con acuerdo, de conformidad o de disconformidad.

2. Cuando el obligado tributario o su representante se niegue a recibir o suscribir el acta, ésta se tramitará como de disconformidad.

En cuanto a la tramitación y contenido de las distintas clases de actas se estará a lo dispuesto en los artículos 155 y siguientes de la Ley General Tributaria.

TÍTULO V- LA POTESTAD SANCIONADORA MUNICIPAL EN MATERIA TRIBUTARIA

CAPÍTULO I. PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES GENERALES DE LA POTESTAD SANCIONADORA

Artículo 86. - Principios del ejercicio de la potestad sancionadora

1. La potestad sancionadora en el ámbito tributario se ejercerá de acuerdo con los principios de legalidad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad y no concurrencia en los términos fijados en el Capítulo I del título IX de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con las especialidades desarrolladas en los artículos 179 y 180 de la Ley General Tributaria.

2. En cuanto a la aplicación del principio de retroactividad en materia sancionadora tendrá carácter general sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3 de la presente Ordenanza.

3. Las acciones y omisiones tipificadas en las leyes como infracciones tributarias no darán lugar a responsabilidad en los supuestos regulados en el artículo. 179.2 de la Ley General Tributaria 58/2003.

4. En particular no incurrirán en responsabilidad los obligados tributarios que regularicen voluntariamente su situación tributaria o que subsanen las deficiencias de sus declaraciones, autoliquidaciones y demás solicitudes presentadas, siempre que sea con anterioridad a la notificación de cualquier actuación administrativa tendente a dicha regularización.

Artículo 87.- Compatibilidad de las sanciones tributarias con las obligaciones accesorias.

Las sanciones derivadas de la comisión de infracciones tributarias resultan compatibles con la exigencia del interés de demora y de los recargos del periodo ejecutivo.

Artículo 88. - Sujetos infractores.

1. Serán sujetos infractores las personas físicas, jurídicas y las entidades con o sin personalidad jurídica mencionadas en el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que realicen las acciones y omisiones tipificadas como infracciones tributarias en las leyes.

2. En particular, se considerarán responsables solidarios todos aquellos obligados tributarios que concurran en la comisión de una misma infracción tributaria. En particular en el ámbito del IBI, la falta de presentación de las declaraciones de alteraciones catastrales de orden físico de los inmuebles, motivará que tanto el adquirente como el transmitente sean solidariamente responsables del incumplimiento y, por tanto, obligados al pago de la sanción. Dicha responsabilidad se extenderá a los sucesivos sujetos pasivos en tanto que no se dé debido cumplimiento a la obligación formal.

CAPÍTULO II. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

SECCION PRIMERA.- CONCEPTO Y CALIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS

Artículo 89. –

Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas, sea cual sea el grado de negligencia, que se encuentren tipificados y sancionados como tales en las leyes.

Artículo 90.- Calificación de las infracciones tributarias.

1. Las infracciones tributarias se clasifican en leves, graves o muy graves. Cada infracción tributaria se calificará de forma unitaria como leve, grave o muy grave, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 191 a 206 de la Ley General Tributaria y, en el caso de multas proporcionales, la sanción que proceda se aplicará sobre la totalidad de la base de la sanción que en cada caso corresponda, salvo en el supuesto del apartado 6 del artículo 191 de la Ley General Tributaria.

2. A efectos de lo establecido en este título, se entenderá que existe ocultación de datos a la Administración tributaria cuando no se presenten declaraciones o se presenten declaraciones en las que se incluyan hechos u operaciones inexistentes o con importes falsos, o en las que se omitan total o parcialmente operaciones, ingresos, rentas, productos, bienes o cualquier otro dato que incida en la determinación de la deuda tributaria, siempre que la incidencia de la deuda derivada de la ocultación en relación con la base de la sanción sea superior al 10 %.

SECCION SEGUNDA- CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES TRIBUTARIAS.

Artículo 91.-

Las infracciones tributarias se sancionarán mediante la imposición de sanciones pecuniarias consistentes en multa fija o proporcional, y, en su caso, de sanciones no pecuniarias de carácter accesorio.

Artículo 92.- Graduación de las sanciones tributarias.

Las sanciones tributarias se graduarán exclusivamente conforme a los siguientes criterios, en la medida que resulten aplicables y de forma simultánea en su caso:

a) Comisión repetida de infracciones tributarias. Se entenderá producida dicha circunstancia cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por una infracción de la misma naturaleza, ya sea leve, grave o muy grave, en virtud de resolución firme en vía administrativa dentro de los cuatro años anteriores a la comisión de la infracción. A estos efectos, se considerarán de la misma naturaleza las infracciones previstas en los artículos 191, 192 193 de la LGT.

La sanción mínima se incrementará en los siguientes porcentajes, salvo que se establezca expresamente otra cosa:

— En 5 puntos porcentuales si hubiera sido sancionado por infracción leve.

— En 15 puntos porcentuales si hubiera sido sancionado por infracción grave.

— En 25 puntos porcentuales si hubiera sido sancionado por infracción muy grave.

b) Perjuicio económico para la Hacienda Pública, el cual se determinará por el porcentaje resultante de la relación existente entre la base de la sanción y la cuantía total que hubiera debido ingresarse en la autoliquidación o por la adecuada declaración del tributo o el importe de la devolución inicialmente obtenida. La sanción mínima se incrementará en los siguiente puntos porcentuales:

— Cuando el perjuicio económico sea superior al 10 e inferior o igual al 25 por ciento: 10 puntos

— Cuando el perjuicio económico sea superior al 25 e inferior o igual al 50 por ciento: 15 puntos

— Cuando el perjuicio económico sea superior al 50 e inferior o igual al 75 por ciento: 20 puntos

— Cuando el perjuicio económico sea superior al 75 por ciento: 25 puntos

c) Incumplimiento sustancial de la obligación de facturación o documentación. Circunstancia que se apreciará cuando dicho incumplimiento afecte a más del 20 por ciento del importe de las operaciones sujetas al deber de facturación en relación con el tributo u obligación tributaria y periodo objeto de la comprobación e investigación, o cuando, como consecuencia de dicho incumplimiento la Administración tributaria no pueda conocer el importe de las operaciones sujetas al deber de facturación.

d) Acuerdo o conformidad del interesado. La cual se entenderá producida en los procedimientos de verificación de datos y comprobación limitada cuando la liquidación resultante no sea objeto de recurso o reclamación económico-administrativa y, en el procedimiento de inspección cuando el obligado tributario suscriba un acta con acuerdo o un acta de conformidad. Cuando concurra esta circunstancia la cuantía de las sanciones pecuniarias impuestas se reducirá, conforme a los artículos 191 a 197 de la LGT y a lo dispuesto en los artículos siguientes de esta Ordenanza.

Artículo 93.- Reducción de las sanciones.

1. La cuantía de las sanciones pecuniarias impuestas según los artículos 191 a 197 de la Ley General Tributaria se reducirá en los siguientes porcentajes:

a. Un 50 % en los supuestos de actas con acuerdo previstos en el artículo 155 de esta Ley.

b. Un 30 % en los supuestos de conformidad.

2. El importe de la reducción practicada conforme a lo dispuesto en el apartado anterior se exigirá sin más requisito que la notificación al interesado, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a. En los supuestos previstos en el párrafo a del apartado anterior, cuando se haya interpuesto contra la regularización o la sanción el correspondiente recurso contencioso-administrativo o, en el supuesto de haberse presentado aval o certificado de seguro de caución en sustitución del depósito, cuando no se ingresen en período voluntario las cantidades derivadas del acta con acuerdo, sin que dicho pago se pueda aplazar o fraccionar.

b. En los supuestos de conformidad, cuando se haya interpuesto recurso o reclamación contra la regularización.

3. El importe de la sanción que deba ingresarse por la comisión de cualquier infracción, una vez aplicada, en su caso, la reducción por conformidad a la que se refiere el párrafo b del apartado 1 de este artículo, se reducirá en el 25 % si concurren las siguientes circunstancias:

a. Que se realice el ingreso total del importe restante de dicha sanción en período voluntario sin haber presentado solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de pago.

b. Que no se interponga recurso o reclamación contra la liquidación o la sanción.

El importe de la reducción practicada de acuerdo con lo dispuesto en este apartado se exigirá sin más requisito que la notificación al interesado, cuando se haya interpuesto recurso o reclamación en plazo contra la liquidación o la sanción.

La reducción prevista en este apartado no será aplicable a las sanciones que procedan en los supuestos de actas con acuerdo.

4. Cuando según lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo se exija el importe de la reducción practicada, no será necesario interponer recurso independiente contra dicho acto si previamente se hubiera interpuesto recurso o reclamación contra la sanción reducida.

Si se hubiera interpuesto recurso contra la sanción reducida se entenderá que la cuantía a la que se refiere dicho recurso será el importe total de la sanción, y se extenderán los efectos suspensivos derivados del recurso a la reducción practicada que se exija.

SECCION TERCERA.- CLASIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. CUANTIFICACIÓN.

Artículo 94.-

Las infracciones tributarias, así como las sanciones que pudieran imponerse como consecuencia de la realización de aquellas, serán las tipificadas en los artículos 191 a 205 de la Ley General Tributaria, y su cuantificación se hará de acuerdo con lo preceptuado en dichas normas.

Artículo 95.- Extinción de la responsabilidad derivada de las infracciones tributarias.

1. La responsabilidad derivada de las infracciones tributarias se extinguirá por el fallecimiento del sujeto infractor y por el transcurso del plazo de prescripción para imponer las correspondientes sanciones.

2. El plazo de prescripción para imponer sanciones tributarias será de cuatro años y comenzará a contarse desde el momento en que se cometieron las correspondientes infracciones.

3. El plazo de prescripción para imponer sanciones tributarias se interrumpirá:

a. Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del interesado, conducente a la imposición de la sanción tributaria.

b. Las acciones administrativas conducentes a la regularización de la situación tributaria del obligado interrumpirán el plazo de prescripción para imponer las sanciones tributarias que puedan derivarse de dicha regularización.

c. Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal, así como por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado en el curso de dichos procedimientos.

4. La prescripción se aplicará de oficio por la Administración tributaria, sin necesidad de que la invoque el interesado.

Artículo 96.- Extinción de las sanciones tributarias.

1. Las sanciones tributarias se extinguen por el pago o cumplimiento, por prescripción del derecho para exigir su pago, por compensación, por condonación y por el fallecimiento de todos los obligados a satisfacerlas.

2. Será de aplicación a las sanciones tributarias lo dispuesto en el capítulo IV del título II de la Ley General Tributaria.

3. La recaudación de las sanciones se regulará por las normas incluidas en el capítulo V del título III de la Ley General Tributaria.

4. Las sanciones tributarias ingresadas indebidamente tendrán la consideración de ingresos indebidos a los efectos de esta Ley.

SECCION CUARTA. - PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 97.- Normas generales

1. El procedimiento para la imposición de sanciones tributarias se tramitará de forma separada a los de aplicación y gestión de los tributos, salvo renuncia expresa del obligado tributario.

2. La iniciación e instrucción del procedimiento sancionador corresponderá a un órgano distinto de aquél que dicte la resolución final que ponga fin al expediente.

Por otro lado, la competencia para dictar resolución en el procedimiento sancionador recae en el Alcalde-Presidente de la Corporación, el cual podrá delegar dicha competencia.

Artículo 98.- Iniciación del procedimiento sancionador.

1. El procedimiento sancionador se iniciará siempre de oficio mediante la notificación en los términos fijados por la presente Ordenanza del acuerdo de iniciación por el órgano competente.

2. Cuando a resultas de un procedimiento de gestión tributaria de verificación de datos, comprobación e inspección se derivara la procedencia de incoar expediente sancionador, no podrá dictarse acuerdo de iniciación si han transcurridos tres meses desde la notificación expresa o edictal de la correspondiente liquidación.

Artículo 99.- Instrucción del procedimiento sancionador

1. Durante la instrucción del procedimiento y a juicio del instructor podrán adoptarse todas aquellas medidas cautelares o de carácter provisional previstas para el procedimiento de inspección del artículo 146 de la Ley General Tributaria y entre otras, en el depósito o incautación de libros, registros, documentos o soportes informáticos de los mismos y que pudiesen contener información determinante de la resolución final del procedimiento sancionador a fin de asegurar la eficacia de la misma.

2. Concluida la instrucción del procedimiento se dictará la propuesta de resolución que contendrá una relación de los antecedentes de hecho; los fundamentos de derecho; calificación jurídica de la infracción que hubiera podido cometerse o la declaración de inexistencia de la misma; y la sanción propuesta con los criterios de graduación aplicables.

3. La propuesta de resolución se notificará al interesado concediendo el plazo de 15 días para presentar las alegaciones y todos aquellos documentos en los que funde su derecho. Durante este mismo plazo se le pondrá de manifiesto el expediente.

4. Si al dictarse el acuerdo de iniciación del procedimiento obrasen en el expediente todos los elementos de juicio necesarios para dictar la propuesta de resolución de imposición de la sanción, se dictará acuerdo en este sentido, y que le será notificado al interesado en la forma prevista en este Ordenanza para la notificación de actos tributarios.

Asimismo se concederá un plazo de 15 días para presentar alegaciones y todos aquellos documento en los que funde su derecho.

Artículo 100.- Terminación del procedimiento.

1. La tramitación del procedimiento deberá concluir en el plazo máximo de seis meses contados desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento, entendiéndose que el mismo concluye al notificarse la resolución a la que aluden los artículos siguientes de la presente Ordenanza.

2. A efectos de entender cumplida la obligación de notificar en plazo será suficiente acreditar la realización de un intento de notificación que contenga el texto íntegro de la resolución.

Los períodos o dilaciones justificadas no imputables a la Administración Tributaria Municipal no se incluirán en el cómputo de resolución.

3. El vencimiento del plazo de 6 meses desde que se notificara el acuerdo de iniciación, sin que hubiera recaído ni notificada la correspondiente resolución producirá la caducidad del procedimiento, archivándose las actuaciones; todo ello sin perjuicio del derecho de la Administración Tributaria Municipal de iniciar un nuevo procedimiento sancionador por los mismos hechos y contra el mismo interesado, mientras que no haya prescrito la acción para ejercer la potestad sancionadora.

TÍTULO VI. LA REVISIÓN EN VIA ADMINISTRATIVA DE ACTOS TRIBUTARIOS

CAPÍTULO I. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE REVISIÓN.

Artículo 101.- Normas comunes

1. La revisión en vía administrativa de los actos y actuaciones de aplicación y efectividad de los tributos e imposición de sanciones tributarias, podrá sustanciarse mediante procedimientos especiales de revisión o de forma ordinaria a través del recurso de reposición.

2. Los actos de aplicación y efectividad de los tributos e inspección de sanciones confirmadas por resolución judicial firme, no serán en ningún caso objeto de revisión ni ordinaria ni extraordinaria.

3. Será de especial aplicación lo dispuesto en esta ordenanza, a la normativa procedimental sobre revisión de actos tributarios contenida en el RD 520/2005.

SECCIÓN PRIMERA: NULIDAD DE PLENO DERECHO

Artículo 102.- Objeto del procedimiento.

Podrá declararse la nulidad de pleno derecho de los actos dictados en materia tributaria que haya puesto fin a la vía administrativa, o contra los que no se haya interpuesto recurso de reposición en plazo, en los supuestos fijados en el artículo 217.1 de la Ley General Tributaria.

Artículo 103.- Iniciación del procedimiento.

1. El procedimiento podrá iniciarse de oficio o a instancia del interesado. A la vista del acuerdo de iniciación de oficio, así como del expediente administrativo y del informe técnico del Servicio de Gestión Tributaria municipal sobre los antecedentes de procedimiento relevantes a efectos de la resolución, el órgano instructor abrirá un trámite de audiencia a fin de que los posibles interesados, y demás cuyos intereses pudieran resultar afectados por el acto o resolución correspondientes, puedan presentar alegaciones en el plazo de 15 días hábiles contados a partir de la notificación del acuerdo de iniciación.

2. Transcurrido el plazo de alegaciones, se remitirán las actuaciones en el plazo máximo de 1 mes para dictamen favorable previo al órgano consultivo de la Comunidad Autónoma de Madrid.

3. La competencia para la resolución de este procedimiento corresponde al órgano competente, y el plazo máximo para notificarla será de un año desde la notificación del acuerdo de iniciación.

4. Transcurrido el plazo citado en el apartado anterior, se decretará la caducidad del procedimiento mediante resolución notificada de forma expresa a los interesados en el procedimiento, y todo ello, sin perjuicio de que con posterioridad se pueda iniciar otro procedimiento de oficio o a instancia de parte.

Artículo 104.- Tramitación y resolución del procedimiento.

1. En el procedimiento iniciado a instancia de parte, se dará traslado de la solicitud presentada a otros posibles afectados en sus derechos e intereses por el acto o resolución dictada.

2. A la vista de la solicitud, así como del expediente administrativo y del informe técnico del Servicio de Gestión Tributaria municipal sobre los antecedentes de procedimiento relevantes a efectos de la resolución, el órgano instructor abrirá un trámite de audiencia a fin de que los posibles interesados, y demás cuyos intereses pudieran resultar afectados por el acto o resolución correspondientes, puedan presentar alegaciones en el plazo de 15 días hábiles contados a partir de la notificación del acuerdo de iniciación.

3. La declaración de nulidad requerirá igualmente dictamen previo y favorable del Consejo consultivo de la Comunidad de Madrid, al que se remitirán las actuaciones transcurrido el trámite de audiencia pública.

4. La solicitud podrá inadmitirse por las causas fijadas en el artículo 217.3 de la Ley General Tributaria.

5. La resolución de este procedimiento corresponde al Pleno, en virtud del artículo 110 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Dicha resolución deberá dictarse en el plazo de un año desde que la solicitud tuvo entrada en el Registro General del Ayuntamiento.

6. Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior, sin haber recaído resolución, los interesados podrán considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo negativo sin perjuicio de poder iniciar otro procedimiento mediante la presentación de nueva solicitud.

Artículo 105.- Recursos

Contra la resolución expresa o presunta de este procedimiento que pondrá fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo en los términos y plazos fijados por la Ley reguladora de dicha jurisdicción.

SECCIÓN SEGUNDA: DECLARACIÓN DE LESIVIDAD DE ACTOS ANULABLES

Artículo 106.- Objeto, tramitación y resolución del procedimiento.

1. La Administración podrá declarar lesivos para el interés público sus actos y resoluciones favorables a los interesados a efectos de su posterior impugnación ante la jurisdicción contencioso administrativa. La declaración de lesividad solo podrá adoptarse durante el plazo de 4 años desde que se dictó el acto objeto de revisión.

2. El órgano competente para resolver será el Pleno del Ayuntamiento tal y como dispone el artículo 22.2.b) de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, competencia que podrá ser delegada, de acuerdo con el apartado 4 del artículo antes citado.

3. A la vista del acuerdo de iniciación, así como del expediente administrativo y del informe técnico del Servicio de Gestión Tributaria municipal sobre los antecedentes de procedimiento relevantes a efectos de la resolución, el órgano instructor abrirá un trámite de audiencia a fin de que los posibles interesados, y demás cuyos intereses pudieran resultar afectados por el acto o resolución correspondientes, puedan presentar alegaciones en el plazo de 15 días hábiles contados a partir de la notificación del acuerdo de iniciación.

4. Transcurrido el trámite de audiencia y previo informe del Servicio de Gestión Tributaria municipal, se remitirán las actuaciones al órgano competente para resolver, el cual dictará el acuerdo que proceda.

En caso de declararse la lesividad, se dará traslado de copia cotejada del expediente administrativo a los servicios jurídicos encargados de la defensa y representación en juicio de la Administración municipal a fin de proceder a su posterior impugnación ante la jurisdicción contencioso administrativa.

SECCIÓN TERCERA: REVOCACIÓN

Artículo 107.- Revocación de los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones.

1. La Administración tributaria podrá revocar sus actos en beneficio de los interesados cuando se estime que infringen manifiestamente la ley, cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado, o cuando en la tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados.

La revocación no podrá constituir, en ningún caso, dispensa o exención no permitida por las normas tributarias, ni ser contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

2. La revocación sólo será posible mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción.

Artículo 108.- Iniciación

1. La iniciación del procedimiento de revocación será exclusivamente de oficio, por acuerdo del Alcalde Presidente, a propuesta motivada del que dictó el acto. En el caso de ser el mismo órgano el autor del acto y el competente para tramitar el procedimiento, dicha propuesta motivada se podrá sustituir por informe técnico del Servicio de Gestión Tributaria. No obstante, los interesados podrán proponer su iniciación mediante escrito dirigido al órgano que dictó el acto, el cual quedará únicamente obligado a acusar recibo del mismo y a notificar, en su caso, el inicio del procedimiento.

2. A la vista del acuerdo de iniciación, así como del expediente administrativo, del informe técnico emitido por el Servicio de Gestión Tributaria municipal, sobre los antecedentes de hecho que fueran determinantes sobre la procedencia o no de la revocación, el órgano instructor abrirá el trámite de audiencia a los interesados por un plazo de quince días hábiles contados a partir de la notificación de la apertura de dicho plazo, a fin de que aleguen y aporten todo lo que a su derecho convenga.

3. Concluido el trámite de audiencia, y previo informe técnico de la unidad de gestión tributaria, el órgano instructor formulará propuesta de resolución, que elevará al órgano competente para dictar resolución, la cual pondrá fin a la vía administrativa.

SECCIÓN CUARTA: RECTIFICACIÓN DE ERRORES

Artículo 109.- Naturaleza del procedimiento.

Los errores materiales, aritméticos o de hecho padecidos en los actos de aplicación y efectividad de los tributos, podrán rectificarse en cualquier momento por el mismo órgano autor de los mismos.

La rectificación sólo estará sometida al plazo de prescripción de la acción administrativa, tanto para determinar la deuda tributaria, como para su recaudación o devolución de ingresos indebidos, en los términos del artículo 66 y 67 de la Ley General Tributaria.

Artículo 110.- Iniciación del procedimiento.

1. El procedimiento podrá iniciarse de oficio por acuerdo del órgano que dictó el acto, el cual, notificará a los interesados la propuesta de resolución, abriéndose el trámite de audiencia por el plazo de 15 días contados a partir de la notificación de la propuesta.

2. Podrá prescindirse del trámite de audiencia en el caso de que la rectificación beneficie a los particulares, así como en el caso de que iniciado el procedimiento a instancia de parte, no figuren en el mismo, ni sean tenidos en cuenta en la resolución, otros hechos, alegaciones o pruebas que los presentados por el interesado.

El plazo máximo de resolución del procedimiento será de 6 meses desde que se presentó la solicitud por el interesado o desde la notificación al mismo del acuerdo de iniciación. En caso de falta de resolución expresa en el plazo indicado se producirá la caducidad y archivo de las actuaciones, si se inicia el procedimiento de oficio, o la desestimación por silencio, si se inicia a instancia de parte.

Tanto si es expresa o presunta la resolución del procedimiento, ésta no pone fin a la vía Administrativa, pudiendo ser impugnada mediante recurso de reposición.

SECCIÓN QUINTA. DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS

Artículo 111.- Iniciación del procedimiento especial de devolución de ingresos indebidos.

1. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos podrá iniciarse de oficio o a instancia de parte en los siguientes supuestos:

a) Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de deudas tributarias o sanciones.

b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultante de un acto administrativo o de una autoliquidación.

c) Cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a deudas o sanciones tributarias después de haber transcurrido los plazos de prescripción.

d) Cuando así lo establezca la normativa tributaria.

2. En caso de iniciarse de oficio el acuerdo será adoptado por el órgano competente y se notificará al interesado.

3. Cuando el procedimiento se inicie a instancia del interesado, la solicitud se dirigirá a la Concejalía de Hacienda y deberá contener, además de los datos señalados en el artículo 2 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley General Tributaria en materia de revisión en vía administrativa, los siguientes:

a. Justificación del ingreso indebido, adjuntándose a tal efecto los documentos que acrediten el derecho a la devolución, así como cuantos elementos de prueba considere oportunos a tal efecto. Los justificantes de ingreso podrán sustituirse por la mención exacta de los datos identificativos del ingreso realizado, entre ellos, la fecha y el lugar del ingreso y su importe. En concreto se considerará cumplimentado el requisito de la justificación del ingreso mediante la aportación por el solicitante de los recibos originales del pago o sus fotocopias, en donde conste la identificación del acto liquidatorio, concepto tributario, ejercicio impositivo, cuota y validación mecánica o sello de la entidad bancaria en donde se depositó el pago.

b. Datos bancarios para la realización de la devolución del ingreso que se realizará, en caso de ser procedente, por transferencia bancaria.

c En su caso, una solicitud de compensación, en los términos previstos en Reglamento General de Recaudación.

Artículo 112.- Tramitación del procedimiento.

1. Será órgano competente para tramitar el procedimiento el mismo que dictó el acto de iniciación, el cual dictará propuesta de resolución a la vista de las actuaciones obrantes en el expediente, así como de los informes previamente solicitados.

2. Dicha propuesta de resolución será notificada al solicitante, abriéndose un trámite de audiencia de 10 días contados desde el siguiente a la notificación para alegar lo que a su derecho convenga, pudiéndose prescindir de este trámite cuando no se tengan en cuenta otros hechos o alegaciones que las realizadas por el interesado o cuando haya igualdad entre la cantidad propuesta y la solicitada en cuanto a la cuota principal.

3. Terminada la fase de instrucción del procedimiento se remitirá el expediente al órgano competente para resolver.

4. La cantidad a devolver como consecuencia de un ingreso indebido estará constituida por el importe del ingreso indebidamente realizado, las costas satisfechas cuando el ingreso indebido se hubiera realizado durante el procedimiento de apremio, y el interés de demora vigente sobre las cantidades indebidamente ingresada, calculado desde el día en que se hizo el ingreso hasta la fecha en que se ordene el pago de la correspondiente devolución. La propuesta de pago se acordará cuando se dicte resolución que acuerde la devolución.

5. El acuerdo de devolución se entenderá notificado pon la recepción de la transferencia bancaria, siempre que la cuantía de la devolución coincida con el principal solicitado.

6. Cuando el acto hubiera adquirido firmeza, únicamente se podrá solicitar la devolución instando o promoviendo la revisión del mismo mediante alguno de los procedimientos especiales de revisión. Cuando un obligado considere que la presentación de una autoliquidación ha dado lugar a un ingreso indebido, podrá instar su rectificación de acuerdo con lo dispuesto en el art. 120-3º de la LGT.

7. La resolución será motivada con sucinta referencia a los hechos y fundamentos de derecho, en los términos del artículo 215 de la Ley General Tributaria.

El plazo máximo para dictar resolución expresa será de 6 meses, transcurridos los cuales, el interesado podrá entender desestimada su solicitud y si el procedimiento se inició de oficio, se declarará la caducidad y archivo del expediente.

8. Acordada la devolución de un ingreso indebido, si el interesado tuviera deudas pendientes en vía ejecutiva, se procederá a su compensación, en los términos establecidos por el Reglamento General de Recaudación.

9. Contra la resolución expresa o presunta del procedimiento podrá interponerse el correspondiente recurso de reposición.

CAPÍTULO II.- RECURSO DE REPOSICIÓN

Artículo 113. -Régimen Jurídico.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y sin perjuicio de las especialidades que figuran a continuación, contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos municipales sólo podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación del acto recurrible o del siguiente a aquél en que se produzcan silencio administrativo.

Tratándose de deudas de vencimiento y cobro periódicos, el plazo anterior se computará desde la finalización del periodo de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago.

Artículo 114.- Contenido del escrito de interposición.

1. El escrito de interposición deberá contener los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio del interesado. En el caso de que se actúe por medio de representante, se deberá incluir su identificación completa.

b) Órgano ante el que se formula el recurso.

c) Acto administrativo o actuación que se impugna, fecha en que se dictó, número del expediente o clave que identifique el acto administrativo objeto de impugnación así como los demás datos relativos a este que se consideren convenientes, y la pretensión del interesado.

d) Domicilio que el interesado señala a los efectos de notificaciones.

e) Lugar, fecha y firma del escrito o la solicitud.

f) Cualquier otro establecido en la normativa aplicable.

2. Junto a dicho escrito el interesado deberá aportar los documentos y demás elementos de prueba que fundamenten sus alegaciones.

Artículo 115. Suspensión.

1. La interposición de cualquier recurso administrativo no suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las consecuencias legales consiguientes, incluso la recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses, recargos y costas. Los actos de imposición de sanciones tributarias quedarán automáticamente suspendidos.

2. Procederá la suspensión en los mismos términos que se establecen en el artículos 224 de la Ley General Tributaria y en el artículo 25 del Reglamento General de Desarrollo de la Ley General Tributaria aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, teniendo en cuenta que:

a) No surtirá efectos suspensivos la solicitud a la que no se acompañe la correspondiente garantía, sin necesidad de resolución expresa al efecto.

b) Se acordará la suspensión automática en caso de presentación de garantía consistente en fianza personal y solidaria de dos contribuyentes de solvencia residentes de Boadilla del Monte cuando la cuantía del recurso no supere 600 euros. A los efectos de acreditar la solvencia se aportará copia simple registral de los bienes ubicados en Boadilla del Monte (libres de cargas) de los que sean propietarios cada uno de los fiadores, quienes deberán estar al corriente de pago de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento.

c) Si la impugnación afectase a una sanción tributaria, su ejecución quedará suspendida automáticamente sin necesidad de aportar garantía.

d) Se podrá suspender la ejecución del acto impugnado sin necesidad de aportar garantía cuando la Administración Tributaria aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho. A estos efectos la mera alegación por parte del interesado de tales errores no suspenderá por sí misma la ejecución del acto recurrido.

e) Si el recurso afecta a un acto censal relativo a un tributo de gestión compartida, no se suspenderá en ningún caso, el procedimiento de cobro de la liquidación que pueda practicarse sin que se admita el depósito de la garantía que se devolverá al recurrente junto con la notificación de inadmisión de suspensión. Se exceptúa de esta previsión el supuesto de que se justifique inexistencia de la preceptiva notificación de los valores catastrales por parte de la Dirección General de Catastro siempre que para la suspensión del acto recurrido se aporte garantía suficiente.

3. Las garantías se constituirán con carácter general de acuerdo con los modelos oficiales aprobados por el Ayuntamiento.

Artículo 116.- Resolución del recurso.

1. La resolución habrá de adoptarse en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la presentación del recurso, salvo que se hubiera formulado alegaciones, en cuyo caso, el plazo se contará a partir del día siguiente al de su formulación.

La no resolución expresa en plazo implicará la desestimación presunta del recurso por silencio administrativo, quedando expedita la vía contencioso administrativa.

2. La resolución deberá ser motivada en los términos del artículo 215 de la Ley General Tributaria, y contendrá una referencia a las alegaciones del recurrente y a los antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y parte dispositiva, por la que se resolverán todas las cuestiones planteadas por los interesados y demás no planteadas que ofrezca el examen del expediente, en este caso, previa audiencia de los interesados con anterioridad a dictar resolución.

3. La resolución del recurso no podrá incurrir en reformatio in peius. No obstante lo anterior, y cuando se deduzca de la comprobación de las actuaciones obrantes en el expediente, la necesidad de pronunciamiento adverso al interesado sobre alguna cuestión relacionada con el objeto del recurso, el órgano competente para resolver podrá, de oficio, iniciar el procedimiento especial de revisión que corresponda a fin de regularizar al situación tributaria del interesado.

4. La resolución decretará la inadmisión del recurso en los casos en que se interpusiera contra la previa resolución del recurso de reposición o fuera manifiestamente infundado o se interpusiera contra actos no susceptibles de recurso de reposición.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día 1 de Enero de 2012.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra los referidos acuerdos, las personas legitimadas podrán interponer recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación.

En Boadilla del Monte, 2011.—La tercera teniente de alcalde, concejala-delegada del Área de Gestión Económica, Hacienda y Patrimonio, Isabel Martín Castellá.

(03/41.338/11)