III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS

RÉGIMEN ECONÓMICO

Habiendo resultado ilocalizable en el domicilio que indica el interesado relacionado a continuación y de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992), se procede a la notificación por medio del presente anuncio que:

Número de expediente: 000161/2011-071SAI.

Titular: doña M. Sol López Morón.

Domicilio notificaciones: calle Paraguay, número 2, 01, A, 28918 Leganés.

Descripción expediente: café-bar.

Dirección expediente: calle Alcarria, número 60, bajo 6.

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE INICIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR

Por el concejal-delegado de Comercio, Industrias y Empleo, por delegación de la Junta de Gobierno Local de 5 de julio de 2011, se ha dictado el siguiente decreto:

Leganés, a 13 de enero de 2012.—Examinado lo actuado en la tramitación del expediente anteriormente referenciado, y teniendo en consideración los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.—Vista la denuncia realizada por la Policía Local el día 6 de julio de 2011, en el que se hace constar que la titular doña M. Sol López Morón, del café-bar sito en calle Alcarria, número 60, bajo, carece de contrato de mantenimiento de extintores, incumpliendo lo establecido en el artículo 38.2 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid, que establece:

“Serán infracciones graves:

2. El incumplimiento de las condiciones de seguridad establecidas en la normativa vigente y en las licencias o autorizaciones correspondientes cuando no disminuya gravemente el grado de seguridad exigible”.

Lo que constituye infracción de dicha normativa, tipificada como grave en los artículos 38, apartado 2, de dicha norma, que podrá ser sancionada con alguna de las siguientes sanciones:

— Multa comprendida entre 3.005 y 30.050 euros.

— Clausura del local por un período máximo de seis meses.

— Suspensión o prohibición de la actividad o espectáculo por un período máximo de seis meses.

Segundo.—Igualmente, se ha agotado el plazo establecido en el decreto del concejal-delegado de Urbanismo e Industrias de fecha 3 de noviembre de 2011, por el que se requería a la interesada para que se procediera en el plazo de quince días a cumplimentar lo requerido, sin que dichas actuaciones hayan sido realizadas, procediéndose a iniciar expediente sancionador.

A estos hechos le son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y siguientes de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 159, de 7 de julio de 1997).

Segundo.—Artículos 127 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” número 285, de 27 de noviembre de 1992) (en adelante LRJPAC), según la modificación aprobada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (“Boletín Oficial del Estado” número 12, de 14 de enero de 1999).

Tercero.—Artículo 13 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (“Boletín Oficial del Estado” número 189, de 9 de septiembre de 1993).

Cuarto.—Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 279, de 23 de noviembre de 2000).

Vistos los preceptos legales citados y demás normas de aplicación, he resuelto:

Primero.—Incoar expediente sancionador a doña M. Sol López Morón como presunta responsable de la infracción grave antes referida.

Segundo.—Nombrar instructora del expediente a doña Carmen González Martínez, asesora jurídica de Industrias, y secretario don Francisco José Vega Jiménez, auxiliar administrativo de la Delegación de Industrias, siendo su régimen de recusación el contemplado en los artículos 28 y 29 de la LRJPAC.

Tercero.—Los hechos que motivan la incoación, su posible calificación y las sanciones que pueden corresponder, sin perjuicio de lo que puedan resultar de la instrucción, son los que se reseñan en esta resolución, que consistirá en multa de 3.005 euros.

Cuarto.—El órgano competente para la resolución del procedimiento sancionador es el concejal de Comercio, Industria y Empleo, por delegación de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de julio de 2011, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, en su artículo 1.4, así como la relación con el artículo 43 (competencias) de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Quinto.—Indicar a la interesada el derecho que le concede el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, de reconocer su responsabilidad, con los efectos previstos en dicho precepto.

Sexto.—Indicarle, asimismo, el derecho que tiene a formular alegaciones y aportar los documentos que estimen pertinentes, antes del trámite de audiencia, así como a conocer en todo momento el estado de tramitación del procedimiento.

Séptimo.—Conceder a la interesada un plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la presente resolución, para que se aporten cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponga pruebas, concretando los medios de que pretende valerse.

Advertir a la interesada de que en el caso de que no se efectúen alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento, en el plazo indicado, la presente resolución de iniciación del procedimiento sancionador podrá ser considerada como propuesta de resolución, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del reiterado Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

Por otra parte, le pongo en su conocimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 42.4 de la LRJPAC, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que el plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento sancionador es de seis meses, a contar desde la fecha de adopción del decreto de incoación del procedimiento. Igualmente, de conformidad con el artículo 44 de LRJPAC, advertir de que el vencimiento del plazo máximo señalado sin que se haya dictado y notificado resolución expresa determinará la caducidad del procedimiento, aunque la misma no producirá por sí sola la prescripción de las acciones de que dispone la Administración.

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa por tratarse de un acto de mero trámite, por lo que no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que pueda impugnarse en su momento la decisión que ponga fin al mismo.

Lo que le notifico a usted a los efectos oportunos.

Leganés, a 14 de marzo de 2012.—El concejal-delegado de Comercio, Industria y Empleo, José Javier de Diego Carmona.

(02/2.727/12)