IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE BILBAO NÚMERO 2

EDICTO

Doña Inés Alvarado Fernández, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 2 de Bilbao (Bizkaia).

Hago saber: Que en autos de la pieza de ejecución número 58 de 2012 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancias de doña Arantza Aldape Zubiaur, contra “Z Electromecánica Ara, Sociedad Anónima”, “Vitalia Vida, Sociedad Anónima”, “Apra Leven, Sociedad Anónima”, “Apra Leven NV, Sucursal en España”, “Apra Leven NV”, y Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado las siguientes resoluciones:

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia de fecha 26 de septiembre de 2011, solicitada por doña Arantza Aldape Zubiaur, parte ejecutante, frente a “Z Electromecánica Ara, Sociedad Anónima”, “Vitalia Vida, Sociedad Anónima”, “Apra Leven, Sociedad Anónima”, “Apra Leven NV, Sucursal en España”, y “Apra Leven NV”, parte ejecutada.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 45.314,42 euros de principal y 9.000 euros para intereses y costas, sin perjuicio de su ulterior liquidación.

Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).

1. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de los bienes de las deudoras “Z Electromecánica Ara, Sociedad Anónima”, “Vitalia Vida, Sociedad Anónima”, “Apra Leven, Sociedad Anónima”, “Apra Leven NV, Sucursal en España”, y “Apra Leven NV”, suficientes para cubrir la cantidad de 45.314,42 euros de principal y 9.000 euros calculados por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.

2. Sirva esta resolución de mandamiento al funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial para que, asistido de funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal, proceda a la práctica del embargo, debiendo observar en la traba el orden y las limitaciones establecidas en la Ley.

3. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos para el conocimiento de los bienes de las deudoras y efectividad del embargo.

4. Requiérase a las deudoras o personas que legalmente les representen para que en el plazo de quince días, de no haber abonado en su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los bienes embargados, presenten manifestación de sus bienes y derechos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.

En esta manifestación deben indicar también, si procede, las personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cuál sea este.

Debe señalar, igualmente, la naturaleza de los bienes, gananciales o privativos, sus cargas y, en tal caso, el importe de los créditos garantizados.

5. Adviértase a las deudoras que puede imponérseles una nueva obligación de pago, si incumplen, injustificadamente, la obligación impuesta en el título que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar hasta los 300 euros por cada día de retraso.

Con el escrito solicitando la ejecución y testimonio de la resolución que se ejecuta, fórmese pieza separada para tramitar la ejecutoria.

Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación legal de los trabajadores de las empresas deudoras y al Fondo de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de la oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia o emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación a “Vitalia Vida, Sociedad Anónima”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Bilbao (Bizkaia), a 11 de mayo de 2012.—La secretaria judicial (firmado).

(03/18.616/12)