Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid - Núm 278

Fecha del Boletín 
19-11-2026

Sección 1.3.106.1: I. COMUNIDAD DE MADRID


Código de Verificación Electrónica (CVE): BOCM-20261119-16

Páginas: 7


I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES

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ORDEN 4977/2026, de 17 de noviembre, de la Consejera de Educación, Ciencia y Universidades, por la que se modifica la Orden 4252/2026, de 7 de octubre, por la que se establecen los servicios mínimos esenciales en los centros docentes y educativos públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid, con ocasión de las huelgas convocadas a partir del día 14 de octubre de 2026.

El artículo 28.2 de la Constitución Española reconoce “…el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses”, determinando que la ley que regule su ejercicio “…establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”.

Por su parte, el artículo 27 reconoce el derecho de todos a la educación y atribuye a los poderes públicos la responsabilidad de garantizar el ejercicio efectivo de este derecho.

La coexistencia de ambos derechos fundamentales exige una ponderación que permita garantizar el ejercicio legítimo del derecho de huelga y, simultáneamente, evitar que sus efectos ocasionen un perjuicio desproporcionado a los derechos e intereses constitucionalmente protegidos de los alumnos.

La doctrina del Tribunal Constitucional, particularmente la establecida en las sentencias núm. 26/1981, de 17 de julio, y núm. 184/2006, de 19 de junio, exige que, en el caso de huelga, la determinación de los servicios mínimos se realice atendiendo a las circunstancias concretas de cada convocatoria, mediante una motivación suficiente y una ponderación proporcionada de los sacrificios que se imponen a los trabajadores y a los usuarios.

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 184/2006, de 19 de junio, recuerda en su fundamento jurídico núm. 3 que “…el derecho de huelga puede experimentar limitaciones o restricciones en su ejercicio derivadas de su conexión con otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos, aunque nunca podrán rebasar su contenido esencial, hacerlo impracticable, obstruirlo más allá de lo razonable o despojarlo de la necesaria protección. Una de esas limitaciones, expresamente previstas en la Constitución, procede de la necesidad de garantizar los servicios esenciales de la comunidad” (con cita de las SSTC 11/1981, de 8 de abril, FFJJ 7, 9 y 18; 51/1986, de 24 de abril, FJ 2; 53/1986, de 5 de mayo, FJ 3; 27/1989, de 3 de febrero, FJ 1; 43/1990, de 15 de marzo, FJ 5 a), y 148/1993, de 29 de abril, FJ 5).

Por tanto, el derecho de huelga puede ser limitado cuando entra en concurrencia con otros derechos fundamentales, debiendo garantizarse los servicios esenciales de la comunidad mediante la adopción de las medidas imprescindibles para su mantenimiento, sin vaciar de contenido ese derecho.

Esta doctrina establece también que los servicios mínimos no pueden determinar un funcionamiento normal del servicio público, ni garantizar un nivel de actividad que prive de efectividad al derecho de huelga.

Mediante la Orden 4252/2026, de 7 de octubre, se establecieron los servicios mínimos esenciales en los centros docentes y educativos públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid, con ocasión de las huelgas convocadas a partir del día 14 de octubre de 2026.

La prolongación efectiva de la huelga, desde el 14 de octubre de 2026, con veintitrés jornadas lectivas afectadas hasta el 16 de noviembre de 2026, durante las que se estiman en 413.076 las horas lectivas ordinarias potencialmente no impartidas como consecuencia del ejercicio del derecho de huelga, la experiencia adquirida en la aplicación de la Orden 4252/2026, de 7 de octubre, y los hechos constatados desde esa fecha por la Dirección General de Recursos Humanos, las Direcciones de Área Territorial y por la Inspección Educativa, constituyen circunstancias sobrevenidas que deben ser tenidas en cuenta para garantizar el ejercicio de los derechos constitucionalmente reconocidos. En particular, se han registrado numerosas reclamaciones de familias por interrupción continuada de clases y pérdida acumulada de contenidos, quejas por ausencia de información pedagógica y de criterios objetivos de evaluación, consultas del personal docente sobre el alcance de sus funciones durante los servicios mínimos e incidencias en la cobertura de la atención del alumnado, con especial incidencia en los cursos que culminan etapa o conducen a titulación.

Esta circunstancia distingue la situación actual de la de una huelga de un solo día. El reciente auto de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 10 de noviembre de 2026 (procedimiento 1598/2026), que suspendió cautelarmente, entre otros, los servicios mínimos fijados en el ámbito educativo para la huelga general del 11 de noviembre de 2026 y los sustituyó por los establecidos para la huelga general de 2012, tuvo en cuenta que se trataba de una huelga “cuya duración se limita a un solo día laborable”, mientras que derechos como la educación “se desarrollan temporalmente a lo largo de un tiempo dilatado, que desde luego en este caso no se agota en un día”. Por ello concluyó que este derecho fundamental “no se desarrolla, ni mucho menos se agota, en un día”.

Cuando la huelga se prolonga y su incidencia se concentra de manera reiterada en determinados centros, el perjuicio al derecho a la educación deja de ser puntual y se acumula, hasta comprometer aprendizajes, evaluaciones y titulaciones que no pueden recuperarse en el tiempo que resta del curso. Por ello, esta orden no traslada a una huelga prolongada los servicios mínimos de una jornada aislada, sino que los adecúa, de forma motivada y graduada, a la duración y a la concentración real del conflicto, fundamentando expresamente, en cada caso, la esencialidad de las prestaciones que se garantizan.

Ante estas circunstancias, la inactividad de esta Administración supondría causar un daño irreparable para quienes son titulares del derecho fundamental a la educación. En efecto, la prolongación de la huelga durante un periodo significativo del curso escolar puede ocasionar una pérdida acumulativa de oportunidades de aprendizaje, dificultar el desarrollo de las programaciones didácticas y comprometer la adquisición de las competencias y conocimientos necesarios para la evaluación, promoción y titulación del alumnado.

No obstante, estas consecuencias no afectan por igual a todos los estudiantes. Revisten especial gravedad en aquellos cursos que culminan una etapa educativa o conducen a la obtención de una titulación, al tratarse de periodos determinantes para la continuidad de los estudios y la incorporación a otras enseñanzas o al mercado laboral.

Los alumnos son ajenos al conflicto colectivo. La legítima defensa de los intereses profesionales de los trabajadores no puede hacer recaer, de manera prolongada y desproporcionada, sobre los menores las consecuencias de la interrupción de la actividad educativa. El artículo 39 de la Constitución impone a los poderes públicos un deber reforzado de protección, y el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, exige que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las decisiones que les afecten, tomando en consideración, entre otros elementos, la satisfacción de sus necesidades educativas.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, refuerza esta obligación. Su artículo 1.a) incorpora, entre los principios del sistema educativo, el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia, el interés superior del menor y su derecho a la educación; sus artículos 1.a bis) y 1.b) consagran la calidad y la equidad para todo el alumnado; el artículo 2.1.a) establece como fin el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos; y el artículo 91 atribuye al profesorado funciones de programación y enseñanza, dirección y orientación del aprendizaje y apoyo al proceso educativo. La prestación mínima preservada durante la huelga continúa siendo, por ello, una prestación del servicio público educativo y no puede quedar reducida de forma reiterada a una función exclusivamente asistencial o de custodia.

El Real Decreto 417/1988, de 29 de abril, por el que se establecen normas para garantizar la prestación de servicios esenciales en los Centros Docentes Públicos no Universitarios dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia, se aprobó ante la reiteración de convocatorias de huelga del profesorado público no universitario, y contempla la posibilidad de establecer servicios mínimos educativos cuando la prolongación de la huelga afecte grave y persistentemente a la formación del alumnado, incluida su evaluación y promoción. En el ámbito autonómico, distintas disposiciones han diferenciado entre la atención educativa básica y la custodia del alumnado, confirmando que ambas dimensiones forman parte, sin confundirse, de la prestación mínima del servicio educativo.

La Orden 4252/2026, de 7 de octubre, no establecía una dotación mínima específica de personal docente para las enseñanzas de Bachillerato, los ciclos formativos de Grado Medio y Superior y los cursos de especialización. La prolongación de la huelga y sus efectos acumulados hacen necesario incorporar una dotación también para estas enseñanzas. A estos efectos, se establece un profesor por cada 70 alumnos o fracción, atendiendo a las características y estructura de estas enseñanzas, organizadas con carácter general en un número más reducido de cursos, y a la especial incidencia que una interrupción prolongada de la actividad lectiva puede producir en enseñanzas que conducen a una titulación y, en su caso, al acceso a estudios posteriores o a la incorporación al mercado laboral.

Merece una consideración singular el alumnado de segundo curso de Bachillerato, cuya evaluación final y titulación condicionan su participación en los procedimientos de acceso a la universidad. La coincidencia de la interrupción docente con el periodo de preparación de la Prueba de Acceso a la Universidad puede ocasionar un perjuicio especialmente intenso, al afectar a oportunidades académicas sujetas a calendarios y plazos específicos.

Esta protección resulta aún más necesaria porque en España el acceso a la universidad se establece mediante un modelo de distrito abierto. El alumnado madrileño concurre a procedimientos de admisión universitaria abiertos junto con estudiantes procedentes de otras comunidades autónomas, sin que exista una prueba única estatal, aunque las pruebas se sometan a una regulación básica común. La pérdida acumulada de actividad lectiva puede agravar las diferencias en las condiciones de preparación y situar al alumnado madrileño en una desventaja adicional para acceder a las mismas plazas universitarias.

El segundo curso de Bachillerato culmina la etapa, y de él depende el acceso a la universidad. La obtención del título de Bachiller, conforme al artículo 37 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, permite acceder a las enseñanzas universitarias, y la Prueba de Acceso a la Universidad, en adelante PAU, cuyas características básicas regula el Real Decreto 534/2024, de 11 de junio, versa sobre las materias de este curso, de manera que cada sesión no impartida afecta a contenidos que se evalúan directamente en la prueba. Además, la calificación de acceso combina la nota media del Bachillerato con la obtenida en la prueba, y de ella depende la admisión en las titulaciones con más solicitudes que plazas. Por ello, en este curso se considera servicio mínimo al profesorado que imparte las materias evaluables en la prueba, no durante todo su horario, sino durante un porcentaje de las horas lectivas que cada grupo recibe en esas materias, y que aumenta a medida que se acercan la evaluación final y la PAU: la mitad hasta el 31 de enero, tres cuartas partes hasta el 30 de abril y el 90 % en las últimas semanas del curso, sin alcanzar en ningún momento la totalidad de las horas lectivas.

La pérdida de actividad lectiva en segundo curso de Bachillerato es ya apreciable. Entre el 14 de octubre y el 16 de noviembre de 2026 se han visto afectadas 12.767 sesiones lectivas de este curso. Esta pérdida no se reparte por igual entre todos los institutos, sino que se concentra especialmente en determinados centros en los que la huelga se ha repetido durante numerosas jornadas, por lo que los alumnos de esos centros están acumulando una pérdida de clases muy superior a la que refleja el dato global. Esta circunstancia resulta especialmente relevante en segundo curso de Bachillerato, por la menor duración de su calendario lectivo y por la proximidad de la evaluación final y de la Prueba de Acceso a la Universidad.

Se han valorado y descartado otras opciones menos intensas por no resultar suficientes. La dotación de un profesor más por cada tres unidades, prevista para los demás cursos terminales, o una dotación reforzada superior basada también en unidades, garantizan la atención educativa del alumnado, pero no la impartición de las materias, cuyo currículo es secuencial y se evalúa íntegramente en la PAU. Un porcentaje fijo e igual durante todo el curso no se ajusta a un perjuicio que crece a medida que se acercan la evaluación final y la prueba. Limitar la medida a las semanas previas a la PAU tampoco es suficiente, porque los contenidos no impartidos durante el curso no pueden concentrarse en su tramo final, que además termina antes que en los demás cursos. La graduación permite asegurar desde ahora una parte de la docencia de las materias de la PAU y reservar la mayor intensidad al periodo en que el perjuicio sería irreparable.

La medida no vacía el contenido del ejercicio del derecho de huelga. No afecta a las materias que no son objeto de la prueba, ni a las demás horas de las materias de la prueba no designadas, ni a los demás cursos que imparte el profesorado, de modo que la designación solo alcanza a una parte de su horario lectivo. La docencia que se mantiene en esas horas no contradice los límites que esta orden establece para la atención a grupos ajenos, porque no supone sustituir al docente en huelga, sino que el propio profesor del grupo imparte su materia durante una parte limitada de su horario, que es menor cuanto más lejos está de celebrarse la PAU.

Una necesidad de protección análoga, de acuerdo con las características de cada enseñanza, concurre en sexto de Educación Primaria, Cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria y los últimos cursos de Formación Profesional.

En sexto curso de Educación Primaria culmina la primera etapa de la enseñanza básica. En él se decide la promoción del alumnado a la Educación Secundaria Obligatoria, se recoge en el informe de final de etapa el grado de adquisición de las competencias de cada alumno y se consolidan los aprendizajes instrumentales —comprensión lectora, expresión oral y escrita, cálculo y razonamiento matemático— de los que depende su progreso en la etapa siguiente, conforme a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y al Decreto 61/2022, de 13 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la etapa de Educación Primaria. Una interrupción prolongada en este curso no puede compensarse en el siguiente, porque el alumnado cambia de etapa y, en la mayoría de los casos, también de centro, de modo que las carencias se trasladan a la Educación Secundaria Obligatoria sin que el centro de origen pueda ya corregirlas. A ello se añade la menor autonomía personal de un alumnado de once y doce años, que necesita una atención educativa directa y no solo vigilancia. Por todo ello, sexto curso se incluye entre los cursos de especial protección junto a cuarto de ESO y los cursos terminales de las tres modalidades de Formación Profesional.

Cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria cierra la enseñanza básica y obligatoria. En él se decide la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, que exige haber adquirido las competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa, conforme al artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y al Decreto 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. Ese título es requisito para acceder al Bachillerato y a los ciclos formativos de Grado Medio; las calificaciones del curso forman parte del expediente con el que el alumnado accede a esas enseñanzas, y el consejo orientador que recibe al finalizar la etapa condiciona su elección entre las distintas vías formativas. Para este alumnado, la pérdida acumulada de actividad lectiva compromete una decisión académica que no puede repetirse sin coste: no obtener el título puede suponer permanecer un año más en la etapa o abandonarla sin titulación. La misma situación concurre en el segundo curso de los ciclos formativos de Grado Básico, cuya superación también conduce al título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y en los últimos cursos de Grado de Formación Profesional Media y Superior.

La Administración educativa, como responsable de la prestación del servicio público educativo, no puede permanecer ajena a los efectos acumulativos de una interrupción prolongada de la actividad lectiva ni trasladar exclusivamente al alumnado las consecuencias de un conflicto colectivo en el que no participa.

Debe, por tanto, adoptar medidas organizativas y académicas que permitan preservar la continuidad del proceso educativo, asegurar la evaluación objetiva, reforzar los aprendizajes no adquiridos y proteger los procedimientos de promoción, titulación y acceso a estudios posteriores.

Por ello, en esta orden se establece para estos cursos una dotación reforzada de un profesor más por cada tres unidades o fracción, de intensidad inferior a la prevista para segundo curso de Bachillerato y vinculada a la estructura de grupos de cada centro.

La prolongación de la huelga hace necesario garantizar, asimismo, aquellas actuaciones de evaluación, calificación, titulación y acceso a otras enseñanzas que están sujetas a plazos determinados y cuya demora puede causar un perjuicio grave al alumnado. Por ello, se consideran servicios mínimos las actuaciones estrictamente necesarias para asegurar la evaluación objetiva, la adopción de las decisiones de promoción y titulación, la tramitación de reclamaciones y de la documentación académica, y la participación en los procedimientos de acceso a otras enseñanzas, siempre que no puedan ser aplazadas sin afectar a la continuidad de los estudios de los alumnos.

La experiencia en la aplicación de la Orden 4252/2026, de 7 de octubre, ha puesto asimismo de manifiesto la necesidad de precisar las funciones del personal docente designado para servicios mínimos, cuestión que ha dado lugar a consultas durante las jornadas de huelga. La presente orden concreta dichas funciones y los criterios para su organización en función del seguimiento real de la huelga y de las necesidades efectivas de cada centro, proporcionando mayor certeza y seguridad jurídica a los equipos directivos, respetando el contenido del derecho de huelga constitucionalmente reconocido.

Ahora bien, la protección del derecho a la educación no puede utilizarse para imponer al personal designado para servicios mínimos la sustitución plena del profesorado huelguista ni para reproducir sustancialmente el funcionamiento ordinario del servicio hasta vaciar de contenido el derecho de huelga. Ello no impide que el docente no huelguista imparta con normalidad la docencia correspondiente a sus grupos ordinarios ni que, cuando atienda a un grupo ajeno, desarrolle una atención educativa básica y efectiva que no suponga asumir íntegramente la programación específica del docente huelguista.

La prestación mínima del servicio educativo durante las jornadas de huelga no se agota en la seguridad y custodia del alumnado. Comprende, en los grupos cuyo profesorado ejerce el derecho de huelga, una atención educativa consistente en actividades de repaso, consolidación y trabajo autónomo, desarrolladas con los materiales que los departamentos de coordinación didáctica tienen previstos con carácter general para las ausencias del profesorado, sin avance de contenidos nuevos ni desarrollo de la programación de la materia, que corresponden en exclusiva al profesorado que la imparte. Esta atención no supone sustitución del personal que ejerce el derecho de huelga ni le impone obligación alguna.

Los servicios mínimos fijados en esta orden surgen de la ponderación de los dos bienes jurídicos con idéntica protección constitucional: el derecho de huelga y el derecho a la educación, y de los intereses en conflicto, a los que les es de aplicación el principio de proporcionalidad, de forma que no quede vaciado el contenido del derecho de huelga y, a la vez, se garantice el derecho a la educación.

Se han celebrado reuniones con los dos comités de huelga los días 13 y 16 de noviembre de 2026 con el fin de acordar los servicios mínimos para las huelgas convocadas. A la reunión del día 13, han asistido los nueve miembros del comité de huelga de las organizaciones sindicales Federación de Enseñanza de CC.OO. de Madrid, UGT Servicios Públicos Madrid, Sindicato de Enseñanza de Madrid de la CGT, STEM, Sindicato Único de Oficios Varios de Villaverde Alto de la CNT y Sindicato Único de Trabaja-dores Solidaridad Obrera, junto con los colectivos y plataformas Asamblea Menos Lectivas, Queremos FP y Educación Especial Digna; y a la reunión del día 16, ha asistido la organización sindical CSIF Madrid.

Tras las negociaciones mantenidas no se ha alcanzado un acuerdo sobre los servicios mínimos que deben ser fijados para el mantenimiento de los servicios esenciales los días de convocatoria de huelga.

En consecuencia, y en aplicación de los principios de igualdad, proporcionalidad y garantía de los servicios esenciales de la comunidad, así como de la doctrina constitucional sobre la ponderación entre el derecho de huelga y el derecho a la educación, resulta necesario modificar la Orden 4252/2026, de 7 de octubre, a fin de incorporar expresamente los nuevos servicios mínimos que ahora se establecen.

En virtud de lo expuesto, de conformidad con los artículos 9.2, 14, 27, 28.2 y 39 de la Constitución Española, el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, los artículos 1, 2 y 91 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el artículo 10 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, y demás normativa aplicable, y en ejercicio de las competencias atribuidas a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades por el artículo 41 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, y por el artículo 1 del Decreto 248/2023, de 11 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades,

DISPONGO

Primero

Modificación de la Orden 4252/2026, de 7 de octubre

1. Se modifica el punto 2.1 del apartado segundo de la parte dispositiva de la Orden 4252/2026, de 7 de octubre, con el siguiente tenor:

2.1. Para todos los centros docentes: director y jefe de estudios. En defecto de cualquiera de ellos, el secretario del centro docente. Además:

a) En los centros con segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria, un maestro por cada 50 alumnos o fracción.

b) En los centros con Educación Secundaria Obligatoria o ciclos formativos de Grado Básico, un profesor por cada 90 alumnos de estas enseñanzas o fracción.

c) En los centros con Bachillerato, ciclos formativos de Grado Medio o Superior o cursos de especialización, un profesor por cada 70 alumnos de estas enseñanzas o fracción; en la designación se dará prioridad al profesorado que imparta docencia en los módulos profesionales de los últimos cursos de los ciclos formativos.

d) En las enseñanzas de régimen especial y en la educación de personas adultas no se establece dotación docente adicional, en atención a las características de su alumnado, sin perjuicio de que tengan la consideración de servicio mínimo los actos de evaluación, calificación y certificación que no puedan demorarse sin perjuicio grave para el alumnado.

En segundo curso de Bachillerato tendrá la consideración de servicio mínimo, además de las dotaciones anteriores, el profesorado que imparta en dicho curso las materias que pueden ser objeto de la Prueba de Acceso a la Universidad conforme al Real Decreto 534/2024, de 11 de junio, durante el siguiente porcentaje de las horas lectivas semanales que cada grupo recibe en dichas materias:

a) Desde que esta orden surta efectos hasta el 31 de enero de 2027, el 50 %.

b) Desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril de 2027, el 75 %.

c) Desde el 1 de mayo de 2027 hasta la finalización de las actividades lectivas del curso, el 90 %.

El número de horas resultante se redondeará al número entero inferior. La dirección del centro distribuirá esas horas entre las materias del grupo en proporción a su horario semanal, determinará las sesiones concretas de cada docente, de forma equilibrada a lo largo de la semana, y le comunicará su designación. Durante esas horas, el docente desarrollará con normalidad su actividad lectiva, con el fin de garantizar la continuidad de los aprendizajes, la evaluación y titulación del alumnado y su preparación para la Prueba de Acceso a la Universidad. En el resto de su horario, incluidas las demás horas de esas materias y las demás materias y cursos que imparta, conserva íntegro su derecho de huelga.

En sexto curso de Educación Primaria, cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria y en segundo curso o tercer curso, en el caso de dobles titulaciones o planes de estudio de tres años, de los Ciclos Formativos de Grado Básico, Medio y Superior se establece una dotación reforzada de personal docente de servicios mínimos de un profesor más por cada tres unidades o fracción.

2. Se incorporan a la Orden 4252/2026, de 7 de octubre, los siguientes puntos en el apartado segundo de la parte dispositiva:

2.9. Protección reforzada de segundo curso de Bachillerato y de la evaluación final de los cursos terminales.

Se considerarán actuaciones de especial protección a efectos de servicios mínimos:

a) La realización de las sesiones de evaluación y de las actuaciones necesarias para la determinación objetiva de las calificaciones.

b) La adopción de los acuerdos de evaluación y titulación.

c) La cumplimentación, firma, custodia y tramitación de las actas y documentos oficiales de evaluación.

d) La tramitación de las reclamaciones de calificaciones y de los procedimientos que puedan afectar a la obtención del título de Bachillerato.

e) La expedición y remisión de las certificaciones y documentación académica necesaria para la inscripción y participación en la Prueba de Acceso a la Universidad.

f) Las actuaciones administrativas y de orientación académica indispensables para garantizar la continuidad de los estudios y el acceso a las enseñanzas universitarias.

g) La realización de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional en las fechas establecidas en su convocatoria, así como las actuaciones de gestión asociadas que no puedan demorarse.

h) En sexto curso de Educación Primaria, cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, segundo curso o tercer curso, en el caso de dobles titulaciones o planes de estudio de tres años, de los ciclos formativos de Grado Básico, Medio y Superior y los cursos terminales de otras enseñanzas regladas, las sesiones de evaluación final, la adopción de las decisiones de promoción y titulación y la cumplimentación de los documentos oficiales de evaluación necesarios para el cambio de etapa o el acceso a otra oferta educativa.

Estas actuaciones deberán realizarse en los plazos establecidos por la normativa y los calendarios oficiales, limitándose a las tareas que sean efectivamente necesarias y que no puedan demorarse sin causar un perjuicio grave al alumnado.

2.10. Delimitación funcional de los servicios mínimos del personal docente.

1. Si, atendiendo al seguimiento real de la huelga, los servicios mínimos superan las necesidades del centro, corresponde al equipo directivo reorganizar al personal para evitar duplicidades innecesarias en las funciones de educación básica, vigilancia y custodia. Si estas necesidades ya están garantizadas por la plantilla ordinaria dentro de su horario habitual, los docentes que no secunden la huelga deberán desempeñar sus funciones ordinarias e impartir las clases que tengan asignadas, garantizando así la adecuada prestación del servicio público educativo.

2. El personal docente designado para la prestación de servicios mínimos que, conforme a su horario ordinario, deba impartir docencia a un grupo que tenga asignado desarrollará con normalidad su actividad lectiva, incluida la programación y enseñanza de las áreas, materias, módulos o ámbitos curriculares que tenga encomendados.

La designación como servicio mínimo no impedirá el avance normal de su programación.

3. Cuando el personal docente designado para servicios mínimos deba atender, como consecuencia de la huelga, a alumnos que no tenga ordinariamente asignados, garantizará una atención educativa básica y efectiva, además de su seguridad, vigilancia y custodia. Esta atención podrá comprender repaso y consolidación de aprendizajes, lectura y comprensión lectora, expresión oral y escrita, cálculo y razonamiento matemático, actividades competenciales, estudio y trabajo autónomo dirigido y otras actividades educativas generales adecuadas a la edad y etapa del alumnado.

4. La atención educativa básica no supondrá la sustitución plena del docente huelguista, la asunción íntegra de su programación didáctica específica ni la reproducción sustancial del funcionamiento ordinario del servicio de forma que prive de eficacia al derecho de huelga.

Segundo

Aplicación a las convocatorias de huelga en curso

La presente Orden será aplicable a las convocatorias de huelga comprendidas en el ámbito de aplicación de la Orden 4252/2026, de 7 de octubre, que permanezcan vigentes cuando esta orden surta efectos.

Tercero

Eficacia

La presente Orden producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Educación, Ciencia y Universidades, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente al de su publicación, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad en lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que estime procedente.

Madrid, a 17 de noviembre de 2026.

La Consejera de Educación, Ciencia y Universidades, MERCEDES ZARZALEJO CARBAJO

(03/18.728/26)

Nota: El contenido del texto de la disposición que aquí se muestra no es necesariamente exacto y completo. Únicamente la disposición publicada con firma electrónica, en formato PDF, tiene carácter auténtico y validez oficial.

Sección 1.3.106.1: I. COMUNIDAD DE MADRID

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