I. COMUNIDAD DE MADRID

A) Disposiciones Generales

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR

La Constitución Española, en su artículo 149.1.22.^a, atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma, facultando a las comunidades autónomas, en el artículo 148.1.10.^a, para asumir las competencias sobre los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la comunidad autónoma, así como las aguas minerales y termales.

En este marco constitucional, también se atribuye al Estado, en el artículo 149.1.23.^a, la competencia en la aprobación de la legislación básica en materia de protección del medio ambiente y, en el artículo 149.1.29.^a, la competencia exclusiva en materia de seguridad pública.

Sobre la base de estos títulos competenciales, se dictó el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, que resultó posteriormente modificado por la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, añadiendo el artículo 123 bis en el citado texto refundido.

Dicho artículo, dedicado a la seguridad de presas y embalses, dispone que, con la finalidad de proteger a las personas, al medio ambiente y a las propiedades, el Gobierno regulará mediante real decreto las condiciones esenciales de seguridad que deben cumplir las presas y embalses, estableciendo las obligaciones y responsabilidades de sus titulares, los procedimientos de control de la seguridad y las funciones que corresponden a la Administración pública.

Para dar cumplimiento a este mandato, mediante el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, se añadió en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (en adelante, Reglamento del Dominio Público Hidráulico), el título VII, denominado “de la seguridad de presas, embalses y balsas”, dictado en el ejercicio de la competencia exclusiva en materia de legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma, la aprobación de la legislación básica sobre protección del medio ambiente y exclusiva en materia de seguridad pública que ostenta el Estado conforme a lo dispuesto en el artículo 149.1.22.^a, 23.^a y 29.^a de la Constitución Española, en el que se establecen las obligaciones y responsabilidades de los titulares, así como las funciones y cometidos de las administraciones competentes en materia de control de la seguridad de las presas, embalses y balsas.

Se implanta así un sistema de control de seguridad caracterizado por la intervención de las administraciones públicas competentes en todas las fases de la vida de estas infraestructuras: proyecto, construcción, puesta en carga, explotación y puesta fuera de servicio.

Esta normativa se complementa con la aprobación de las normas técnicas de seguridad contempladas en el artículo 364 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, al amparo de las competencias del Estado en esta materia, habiéndose llevado a cabo la primera fase de regulación con la aprobación del Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses.

Por lo que respecta a las competencias de la Comunidad de Madrid en esta materia, de conformidad con el precitado artículo 148.1.10.^a de la Constitución Española, en el artículo 26.1.8 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, se establece que le corresponde a la Comunidad de Madrid la competencia exclusiva en materia de aguas nacientes, superficiales, subterráneas, minerales y termales, así como la ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, cuando las aguas discurran íntegramente por el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

Las competencias asumidas por la Comunidad de Madrid en materia de aguas se regulan sustancialmente en la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid, que atribuye su ejercicio al ente de Derecho público Canal de Isabel II.

Conforme a este marco competencial, en el artículo 360 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se atribuye a las comunidades autónomas la designación de los órganos competentes en materia de seguridad en relación con las presas, embalses y balsas situados en el dominio público hidráulico cuya gestión les corresponda y, en todo caso, en relación con las infraestructuras ubicadas fuera del dominio público hidráulico.

En lo relativo a las competencias de la Comunidad de Madrid en materia de seguridad de presas, embalses y balsas, contempladas en el título VII del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, dado que el dominio público hidráulico en el territorio de la Comunidad de Madrid forma parte de la Cuenca Hidrográfica del Tajo y, en menor medida, de la Cuenca Hidrográfica del Duero, las mismas se circunscriben a las balsas ubicadas fuera del dominio público hidráulico, definidas en el artículo 357 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico como “obras hidráulicas consistentes en una estructura artificial destinada al almacenamiento de agua situada fuera de un cauce y delimitada, total o parcialmente, por un dique de retención”.

En el ejercicio de estas competencias de la Comunidad de Madrid en materia de seguridad de balsas, le corresponden, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 362 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, entre otras, las funciones de aprobación de la clasificación de las balsas; informar los proyectos; la inspección de la construcción de nuevas balsas; la aprobación de las normas de explotación y los planes de emergencia; velar por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que en materia de seguridad corresponden al titular y mantener actualizado el Registro de Seguridad de Balsas.

Este decreto tiene por objeto establecer el marco normativo relativo a las competencias de la Comunidad de Madrid en materia de seguridad de balsas, dotándose para ello de su propio reglamento.

El reglamento consta de 30 artículos agrupados en seis capítulos y cuatro disposiciones transitorias. En el capítulo I se determina su objeto y ámbito de aplicación, mientras que, en el capítulo II, se concreta la organización administrativa necesaria para la asunción de estas nuevas competencias, se atribuye su ejercicio al ente de Derecho público Canal de Isabel II y se crea y regula la Comisión Técnica de Seguridad de Balsas de la Comunidad de Madrid como órgano colegiado asesor y de apoyo técnico adscrito a la Gerencia del ente de Derecho Público Canal de Isabel II.

En el capítulo III se incluye la clasificación de balsas contemplada en el artículo 358 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en función de sus dimensiones y riesgo potencial, así como las distintas obligaciones que tienen sus titulares dependiendo de dicha clasificación.

Se incluye, también en este capítulo, el procedimiento de clasificación de balsas, los aspectos relativos a la elaboración y aprobación de los planes de emergencia y normas de explotación en aquellos casos en los que sean preceptivos conforme a su clasificación, así como otras funciones administrativas de control de seguridad de estas infraestructuras.

En el capítulo IV se regulan las entidades colaboradoras en materia de seguridad de balsas contempladas en el artículo 365 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, como aquellas entidades públicas o privadas que, mediante la obtención del título correspondiente, quedan autorizadas a colaborar con la Administración pública competente en las labores de control, de carácter técnico o especializado, relativas a la seguridad de las presas, embalses y balsas, así como para prestar servicios a los titulares de estas infraestructuras con un nivel técnico adecuado.

Mediante el capítulo V se crean y regulan dos registros públicos, el de Seguridad de Balsas de la Comunidad de Madrid y el de las Entidades Colaboradoras autorizadas por la Comunidad de Madrid contempladas en el capítulo IV.

El capítulo VI, y último, contiene los aspectos específicos relativos al ejercicio de las facultades de inspección y la potestad sancionadora del ente de Derecho público Canal de Isabel II en materia de seguridad de balsas.

El reglamento concluye con cuatro disposiciones transitorias destinadas a regular principalmente determinadas situaciones existentes a la entrada en vigor de la norma.

A este respecto, las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera concretan el plazo del que dispondrán los titulares de las balsas existentes a la entrada en vigor del reglamento para solicitar, respectivamente, su clasificación y la aprobación del plan de emergencia y las normas de explotación.

Finalmente, la disposición transitoria cuarta mantiene transitoriamente la aplicación del régimen sancionador previsto en la normativa estatal en relación con las entidades colaboradoras en materia de seguridad de balsas hasta la aprobación del correspondiente régimen autonómico.

El contenido de la norma es conforme a los principios de buena regulación previstos en los artículos 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 2 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad de Madrid.

El cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia se justifica en que la norma obedece a razones de interés general, como es el control de la seguridad de las balsas para la protección de las personas y los bienes, así como del medio ambiente, teniendo en cuenta la antigüedad de estas infraestructuras y los fenómenos climatológicos adversos.

Por otra parte, la norma únicamente regula los aspectos imprescindibles para el cumplimiento del fin previsto y constituye la medida de menor incidencia, ajustándose así al principio de proporcionalidad.

También se cumple con el principio de seguridad jurídica, ya que la norma guarda coherencia con la regulación del sistema de seguridad que deben cumplir las presas, embalses y balsas ubicados en todo el territorio nacional. Sistema que descansa sobre dos pilares, las obligaciones exigibles a los titulares de estas infraestructuras y el control de seguridad que debe realizar la administración competente, estatal o autonómica, para verificar el cumplimiento de aquellas.

Se cumple con el principio de transparencia, habiéndose realizado los trámites de consulta pública, audiencia e información pública, a través del Portal de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 60 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, y en los artículos 5 y 9 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo. Además, la norma se publica en el Portal de Transparencia.

Por último, en aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa se limita a incluir aquellas cargas administrativas necesarias para que la Comunidad de Madrid pueda ejercer adecuadamente el control de la seguridad de las infraestructuras de su competencia.

En la tramitación de esta norma, se han solicitado los informes preceptivos de coordinación y calidad normativa, sobre los análisis de impactos de carácter social, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior y el informe de la Abogacía General. Asimismo, se ha sometido a los trámites de audiencia e información pública y se ha dado cuenta al Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.

El Consejo de Gobierno es competente para dictar este decreto, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 21.g) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid.

En su virtud, a propuesta del titular de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, el Consejo de Gobierno, previa deliberación en su reunión del día 7 de octubre de 2026,

DISPONE

Artículo único

Aprobación del Reglamento en materia de seguridad de balsas de competencia de la Comunidad de Madrid

Se aprueba el Reglamento en materia de seguridad de balsas de competencia de la Comunidad de Madrid, cuyo texto se incluye a continuación.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Habilitación normativa

Se habilita al titular de la consejería competente en materia de seguridad de balsas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, para aprobar las disposiciones de carácter general necesarias para el desarrollo y aplicación de este reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Entrada en vigor

Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 7 de octubre de 2026.

El Consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, CARLOS NOVILLO PIRIS

La Presidenta, ISABEL DÍAZ AYUSO

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